El pasado 31 de mayo, el gobierno de Israel, alegando el derecho de defensa, atacó una flotilla de buques de paz que se dirigía desde Turquía a la Franja de Gaza, con el triste resultado de nueve perdidas humanas y muchos malheridos. El gobierno de Benjamin Netanyahu ha manifestado que la flota solamente tenía como fin incumplir el bloqueo de Gaza, de la cual dijo que es una “base para los terroristas de Hamas” y que las autoridades israelíes habían dado a los encargados y organizadores de la flotilla de ayuda humanitaria suministrar a los palestinos los elementos que Israel considerase adecuados pero que estos se habían rehusado.

Lo concreto es que, más allá del incuestionable derecho que ampara a Israel de vivir en paz con sus vecinos y con fronteras reconocidas y seguras, sigue acometiendo por la vía del error la justificación de grupos violentos e intolerantes que, como Hamas, obtiene en este tipo de conductas la fuerza para seguir incorporando partidarios; en vez de profundizar el respeto por los valores de paz y seguridad. Por otro lado, como han indicado y coincidido de forma apropiada y oportunamente muchos analistas internacionales, Israel ha perdido una contienda sin que le emitieran un solo disparo, y se acrecienta su aislamiento internacional, circunstancia que, a no vacilarlo, será sagazmente explotada por otros Estados de la región.

Benedicto XVI ha solicitado desde Chipre que “debe evitarse un baño de sangre”. ¿Tendrá el Papa una visión de la situación que por ahí importantes líderes de la región no quieren ver? Por de pronto, el Presidente norteamericano sigue demostrando una alarmante torpeza de originar puntos de anuencia y diálogo en la región, y se amplifican los desencuentros en una zona de por sí desequilibrada y comprometida. Es necesario que la administración israelí despeje Gaza, primera y básica manera de iniciar a desautorizar la furia, que es el adversario continúo y cotidiano entre palestinos e israelíes.

En el derecho internacional, se considera como “principio de universalidad” aquél que, valiendo a intereses de la comunidad internacional en su totalidad, permite a los Estados a desplegar su competencia sobre gestores de delitos internacionales, como el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los supuestos más graves de crímenes de guerra, sea cual sea su nacionalidad y la de las víctimas y el lugar donde hayan cometido sus actos. Este principio, de factura polémica y acompasada en el derecho internacional, se ha debatido y ha argumentado situaciones tan diversas como los juicios de Nuremberg y Tokio, el secuestro y posterior ejecución de Adolf Eichmann por parte de agentes israelíes, el 11 de mayo de 1960 (hecho del cual cercanamente se cumplió cincuenta años, y que, como se refrescará, motivó el quiebre de relaciones diplomáticas entre Argentina e Israel).

Así, de manera absolutamente clara, debe haber un elevado compromiso por el respeto universal de los derechos humanos. Se debe insistir en la necesidad de hacer “política de derechos humanos”, y no “política con los derechos humanos”. Reivindicar la necesidad de la obediencia de los mismos, por todos los Estados, en todas las situaciones, y no sólo cuando sea popular o cómodo hacerlo. Las personas bajo la jurisdicción de cualquier Estado tienen derecho a gozar de esta protección, y cualquiera que se encuentre a disposición de la Justicia tiene derecho a ser juzgado por el juez natural, dado que ello constituye, de manera palmaria, un derecho humano también.

No se trata de castigar o sancionar la “jurisdicción universal”, sino se trata de advertir las debilidades que se producen; tampoco es una Cruzada de la civilización contra la crueldad, sino que por el contrario se trata de una alternativa que es plausible, en tanto y en cuanto no sea esgrimida a provecho y comodidad de algunos. No se trata de un resguardo de las soberanías estatales sino, tan sólo, de la legalidad en el escenario internacional (es casi reiterativo puntualizarlo, pero la soberanía es el conjunto de competencias que el Derecho Internacional le reconoce a los Estados). De esta legalidad forma parte el respeto de los Derechos Humanos. Se sabe que no se atenúa al sencillo cumplimiento de un conjunto de reglas, y que va más allá de la fidelidad del texto de la norma, pero el respeto del Estado de Derecho, que no se confina a una situación doméstica, es uno de los imponderables que contrasta en el ámbito mundial en su conjunto. Las obligaciones y los derechos nos tocan a todos, a los más de 6.000 millones de habitantes de la tierra. La dignidad humana no debe quedar sujeta a oportunidades políticas, ni a conveniencias sistémicas, ni a mayores o menores cuestiones en lo que a política exterior respecta.

Miguel Ángel Rizza, politólogo.