“Es una ordenanza insólita, de muy mala redacción y técnica legislativa. Recorremos el país por temas ambientales y leemos normativas locales, y  nunca hemos visto esto”, señala a modo de introducción el abogado Enrique Matías Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

La Asamblea Ciudadana convocó y pidió asesoramiento a Viale y al bloque de la Coalición Cívica de la Cámara de Diputados de la Nación sobre el proyecto inmobiliario que pretende concretar-vía excepción la empresa Cerro Bayo.  Hoy a las 17 hs. en el Concejo Deliberante brindarán una conferencia de prensa, aunque sería abierta a la comunidad.

El grupo de vecinos  busca la derogación de la prefactibilidad impulsada por el Ejecutivo y otorgada por el Concejo Deliberante. Cabe recordar que más de 200 vecinos firmaron ante escribano el pedido de derogación de la norma.

Además de Viale, viajó el abogado asesor de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara por el bloque de la CC, Hernán Reyes, quien asegura haber colaborado en la elaboración de la Ley Nacional de Bosques.

Según los letrados la ordenanza de prefactibilidad en la cual se apoya la empresa y el Ejecutivo para desarrollar el proyecto, es inconstitucional y va en contra de la Ley de Bosques 26.331, vigente desde el 2007.
Señalan que la ordenanza no tiene sustento jurídico y  que además  es contraria al Código de planeamiento urbano local.

Derechos adquiridos

“La empresa no tiene derechos adquiridos para construir ni tampoco derechos a una compensación económica. Primero, no existe en materia ambiental derecho adquirido a contaminar, a dañar el ambiente en este caso. Las leyes ambientales se aplican desde su sanción. En este caso es agravado porque ni la ordenanza local ni la ley de bosques les permitía urbanizar cuando compraron el lote. Es como comprar sabiendo que un auto es robado, no es un comprador de buena fe  en términos jurídicos”, dice Viale.

De no prosperar la derogación de la ordenanza, los abogados aseguraron que acompañarán los vecinos para entablar una acción judicial y evitar que se concrete el proyecto.

La misma dinámica

“Hay cosas que se repiten en las problemáticas ambientales y los emprendimientos inmobiliarios o  productivos que dañan  el ambiente, primero dicen que garantizan trabajo y después si no les permiten, que garantizan el juicio al estado, imponen terror a los pobladores, y ninguna de las dos cosas son reales. También suelen compran medios de comunicación”, ejemplificó Viale.

La intervención en la zona

“Cuando se discutió la ley de bosques se debatió y quedó que entra en vigencia y hasta tanto no haya ordenamiento territorial hay prohibición de desmonte de bosque nativo. Sino hay ordenamiento definido, mas fuerte es la ley de bosques. Y por lo que estuvimos viendo, pidieron una huella pero intentaron hacer un camino”, señala Reyes.

En ese sentido, indican que el Municipio no podría haber autorizado a realizar una huella transitable y tampoco el gobierno provincial con posterioridad.

Responsabilidad

En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios que posibilitaron la prefactibilidad, aseguran que  en principio  les cabría responsabilidad penal y también patrimonial por “intentar comprometer al municipio en cuestiones absolutamente ilegales”, agrega Viale.

“Hay incumplimiento de deberes de funcionario público del intendente y concejales al no vetar una norma contraria a una ley nacional, la ley de bosque es una consecuencia constitucional”, dice Reyes.

El abogado informó que la semana que viene se estaría tratando en la comisión de Diputados un pedido de informes a la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación por este tema.