Vecinos de Puerto Manzano denunciaron en la fiscalía irregularidades por la autorización a la empresa Cerro Bayo para la apertura de una huella transitable en el lote “Uboldi” estando vigente la Ley de Bosques N°26.631. Tras el rechazo de la derogación de la ordenanza de Prefactibilidad por parte del Concejo Deliberante, y por lo tanto la continuidad del proyecto en cuestión, los vecinos hicieron ayer la presentación al fiscal Juan Pablo Balderrama.

Piden, además, que se dicte una medida de no innovar en materia de “desbosque” en el lote Uboldi.

De iniciarse la causa, en principio podrían ser imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público y “abuso de autoridad” el secretario de Planificación Carlos San Martín y el Ing. Daniel Bocos, titular de la Unidad Ejecutora Provincial de Bosques Nativos;  ambos por autorizar a la empresa a la apertura de la huella y consecuentemente, el apeo de árboles.

No obstante, también podrían ser imputados los concejales que aprobaron la Prefactibilidad y el intendente Ricardo Alonso por promulgarla.

La fiscalía ya pidió informes al Municipio, al Concejo Deliberante y a la Delegación de Bosques Provincial.

En coincidencia con el planteo de la Asamblea Ciudadana, el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas y la UCR, los vecinos apuntan a la transgresión de la Ley Nacional de Bosques N°26.631, vigente desde fines de 2007 y que establece la prohibición de desmonte de bosque nativo hasta tanto cada provincia sancione su ordenamiento territorial de bosques.

También, que las autorizaciones emanadas desde el Municipio y Provincia atentan a otras disposiciones y leyes ambientales.

En la presentación se destaca que antes de sancionar la ordenanza de Prefactibilidad –octubre de 2009- desde la UEP  se había informado sobre el alcance de la ley de bosques y la necesidad de adecuar las ordenanzas.

Asimismo, que en junio del año pasado el decreto provincial recordaba la prohibición absoluta de desmontes hasta la aprobación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

“A menos de 15 días de aprobarse la ordenanza de prefactibilidad del anteproyecto, la empresa ya contrata a la firma “J. F. Gancedo” para la apertura. Comienzan los desmontes. Las autorizaciones son firmadas por el Arq. Carlos San Martín (Secretario de Planificación)”, dice la denuncia, y meses después, en abril de 2010, desde la delegación de Bosques Provincial y con la anuencia de Bocos, se autoriza el apeo de árboles. Para ese entonces –abril 2010- la empresa ya había realizado la tala no autorizada en dos tramos, por lo cual, debió pagar dos multas cursadas por la provincia y una por el municipio.

En el caso de las sanciones, señalan también que no se aplicaron los montos  establecidos por la Ley 26631, que son mucho más elevados que las previstos por la normativa provincial.

Por otro lado, se indica que la empresa no ha cumplimentado ninguno de los puntos establecidos por la “prefactibilidad” y, que llamativamente, en el proyecto original presentado por Cerro Bayo se contemplaban construcciones sobre la servidumbre de acueducto de Puerto Manzano.

“La deficitaria redacción y jerarquización de los tratamientos no permite distinguir cuáles son los deberes mínimos previos que se requieren para considerar Proyecto a las presentaciones de las empresas interesadas. Lo que sí resulta claro es que está contemplado como lícito el desbosque, acción que por sí constituye violación de los art. 7 y 8 de la LPM 2633”, dice el texto en referencia a la ordenanza de Prefactibilidad.

Indican que pese a todo, el Ejecutivo ha enviado el anteproyecto a la UNCo para su evaluación y que “Independientemente de que, de ser viable el emprendimiento, tampoco se ha seguido los requerimientos legales que exigen la normativa en materia previa evaluación de impacto ambiental y licencia y seguros ambientales”.

Antecedentes

Los vecinos recuerdan que en octubre del año pasado los Arq. Rizzo y Benavides (Desarrolladores del Proyecto) se reunieron con la Junta Vecinal de Puerto Manzano y les informaron el plan de obras, que entre otras cosas, se encontraba la  “apertura del camino principal antes de la temporada de invierno 2010”.

Ese mismo mes, la Junta peticionó a la empresa, a la Municipalidad y al Concejo Deliberante que antes de viabilizar el Proyecto se cumpla con los requerimientos de la ley: Seguro de daño ambiental de incidencia colectiva;  Estudio de Impacto ambiental; -Evaluación de Impacto Ambiental”.

Finalmente, en junio pasado enviaron una carta documento al titular de la Secretaria de Estado de Recursos Naturales y Servicios Públicos, Guillermo Coco advirtiendo la irregularidad y hasta el momento no han tenido una respuesta certera.