Entregas anteriores:

Parte I: “Hace dos años la localidad entraba en un muy anunciado amesetamiento. Pero el 2008 y 2009 fueron mucho más benévolos que en el resto del mundo y otras localidades.  A la fecha, este “amesetamiento” no es tal, hay señales de reactivación, aunque  la situación no cubra las expectativas de una estructura social y comercial establecida durante “años de vacas gordas “

Parte II: “De no realizar un adecuado planeamiento ambiental degradaría y destruiría  su principal y auténtico recurso, la calidad ambiental de su territorio. Si el problema de base no se resuelve  difícilmente se detendrá el proceso de deterioro ambiental”.

Parte III: “En esta tercera entrega del informe, la cronología e historia de la división de la tierra en La Angostura desde 1889 hasta 2006. Por Emilio Molla (H).

Parte IV: “En esta entrega, la historia del fraccionamiento del polémico lote Pastoril 9, otorgado en 1903 a las familias Paichil y Antriao y que en la actualidad la comunidad Paichil Antriao reclama.  El autor del informe, Emilio Molla (H),  detalla el proceso de venta de las fracciones, las mensuras y la creación de barrios y las irregularidades”.

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PARTE 5

Si realizamos un veloz cálculo con suma sencillez, podremos ver que habiéndose realizado divisiones que originan, mínimamente, unas diez mil parcelas  y/o subparcelas aproximadamente, y, si cada una de ellas albergara una sola vivienda habitada por una familia tipo, es decir, madre, padre y dos hijos, entenderíamos que la cima de la pirámide de crecimiento poblacional podría alcanzar el número de 40.000 habitantes.

El hecho en sí, es bastante significativo, porque ello significa que el Estado Municipal debería de proveer  a esta población con 10 millones de litros de agua potable diarios (cada 24 horas) solo para consumo humano (sin contar con posibles industrias, recreación, riego y otros usos) y asegurarse de que los mismos litros de agua fueran tratados y filtrados a los fines de evitar la contaminación de las aguas y los suelos. Es decir, una oferta de agua potable anual de 3 millones 600 mil litros.

Por otra parte, para sostener tal número de población, claramente, hacen falta industrias, siendo ya inviable inclinarse como industria principal la construcción o el turismo, más bien, opinión personal, me inclinaría por una que, como quizá pudiera afirmar Adam Smith, genere riqueza en forma directa.

De los últimos estudios realizados en el área técnica de la Municipalidad de Villa La Angostura se señala que el 64 % de las parcelas del Ejido se encuentran vacantes y en el 36 % restante se encuentran proyectos aprobados sin que ello represente que los mismos estén construidos. Ello indica no sólo una alta oferta dentro del mercado inmobiliario sino que , dado el número de parcelas que representan este volumen no varía consistentemente a los fines de generar riqueza, el hecho de agregar o quitar del mercado 100 parcelas, por ejemplo. De hecho, introducir al mercado inmobiliario, por ejemplo, unas nuevas 100 o 200 parcelas no haría más que acentuar la deformación del mismo.

Entendamos que, dado que consideramos localmente a la tierra disponible y la oferta del mercado inmobiliario como un producto generador de riqueza salido de una “cadena de producción industrial”, esto no es sólo cuestión de análisis económico sino que esto implica un enfoque particular de una nueva parte de las ciencias económicas, la economía ambiental.

La evolución histórica de la economía de Villa La Angostura muestra claramente un primer momento netamente agrícola-ganadero, y de productos de manufactura artesanal, mostrando a grandes y pequeños productores de ganado que comercian tanto con Chile como con la región. La Colonia Nahuel Huapi no plantea variantes en tal sentido dado que la explotación maderera, la cría de animales, los sembradíos y huertas y la manufactura artesanal hacen a la actividad económica y laboral por excelencia.

El fin de la Colonia Agrícola, supuso que buena proporción de  la fuerza de trabajo de los habitantes se viera absorbida por otros establecimientos y el desarrollo de San Carlos de Bariloche. Hasta fines de la década del 70´ y decayendo levemente hasta la conexión del gasoducto que proporcionó gas natural a los hogares de Villa La Angostura, la actividad laboral por excelencia era constituida por la extracción de leña y maderera (ésta última a su vez generó su influencia en la pirámide poblacional ya que albergó a un buen número de inmigrantes procedentes de Chile, aumentando la competencia por puestos laborales y generando la aún hoy presente rivalidad.

Por otra parte, la industria maderera se redujo considerablemente con una menor oferta de bosque madereable y la irrupción en el mercado local de madera traída desde otros puntos del país) en la temporada de invierno y el servicio a los hoteles de la región y casas de vacacionistas con propiedades en la zona en verano. En los primeros años de creación del Parque Nacional, buena parte de la fuerza laboral era absorbida por la misma administración del Parque y las grandes obras de construcción y hoteles de la vecina ciudad de Bariloche.

La realización del tramo de ruta comprendido entre espejo y correntoso primeramente, y luego el tramo hasta Lago Totoral, que tantas vidas humanas costaron, y el camino de Lago Totoral al límite con la República de Chile, generaron apreciables aumentos en la población. Así también sucedió con las dos obras necesarias para concretar el tramo de ruta comprendido entre Lago Correntoso y Nahuel Huapi, primeramente, y a partir de 1985 con la obra de asfalto del mismo.

Luego de la obra de asfalto de la Avenida Arrayanes y el Boulevard Nahuel Huapi en 1975, se presenta un cambio en las actividades laborales y comerciales desarrollándose así el espacio comercial apropiado para el desarrollo, por ejemplo, de una bloquera y corralón de materiales. Así también generaron nuevas actividades económicas y alteraron el flujo de dinero, bienes y servicios en la localidad.

Los rasgos socioculturales presentes en Villa La Angostura considero que son tan diversos y acentuados que merecen un estudio mucho más amplio, profundo y preciso llevado a cabo por especialistas, aquí solo presentaré a grandes trazos algunos de ellos que creo son, en buena parte, origen de esta complejísima sociedad.

Ello me resulta facilitado, sin duda, por el testimonio oral de los antiguos pobladores, largas y fructíferas charlas y entrevistas, y el hecho de presenciar en cierto grado parte de la evolución histórica y social de la localidad, pero más aún, se encuentra cimentado en la base de largos y profundos estudios históricos desarrollados a lo largo de los tres últimos años y el examen minucioso de archivos y el campo, es decir, haber recorrido todos y cada uno de los sitios de particular interés de la zona.

Dichos estudios, la mayor de las veces, dejan muchos más interrogantes que respuestas, y algunas impresiones lo bastante fuertes como para facilitar la formulación de “sospechas bastante bien acertadas”. Aquí, dejaremos las “sospechas” de lado para “la charla del bar” y recorro una senda de datos y pruebas lo suficientemente fuertes como para enunciar una afirmación. Se percibe con bastante claridad que en los primeros años posteriores a la finalización de la llamada “Conquista del Desierto”, y se entrevé como parte de la tradición de algunas familias, la filiación aborigen resultaba ser una “realidad incómoda” o una “realidad inoportuna”.

De la documentación generada por el ingeniero agrimensor Apolinario J. Lucero  se destaca un claro criterio en ese sentido que no hace más que reflejar un “criterio de época”. A ello luce agregada la problemática propia de los inmigrantes arribados a la región, carente de caminos, hospitales y muchos otros elementos “propios de la civilización”. Los desplazamientos poblacionales, las alteraciones y diferencias económicas y culturales (incluso religiosas), los incumplimientos por parte del Estado Nacional, las mutaciones y permutaciones políticas, la ausencia de justicia, el asentamiento de nuevos límites y jurisdicciones, la rudeza propia de la región, generan que buena parte de la población vaya viéndose relegada.

Situación que se repite en la “fundación” de Villa La Angostura y se extiende de diversas formas y tonos hasta nuestros días. Al observador menos experto le puede sorprender el encontrar a descendientes miembros de una familia (si no todos, en algunos casos) de antiguos pobladores (hasta de los menos antiguos de ellos, digamos, 30 años al menos) que no posean bienes inmuebles y su destino, en parte, se vea supeditado a la asistencia del Estado o habite en una vivienda construida en una parcela, ambas, concedidas por el Estado hace menos de treinta años. O encontrar, también, a dos o tres generaciones cohabitando una misma parcela. Un elemento destacable de esta fracción de la población es su alto grado de tolerancia y capacidad de convivencia, quizá siendo éste una mínima muestra del acervo cultural.

El acelerado crecimiento poblacional, y los “saltos” en el número de habitantes experimentados en los breves periodos encontrados entre los años 1991 (3.522 habitantes) y 2001 (7.500 habitantes) y entre este y el año 2006 (15.000 habitantes), han originado, virtualmente, sociedades paralelas. Esto causa una clara perturbación ambiental y en todo orden de la vida social, cultural  y económica. La dispersión de la identidad propia de la sociedad y la localidad ha sido sustituida por las identidades individuales de buena parte de los habitantes actuales, usos y costumbres, propósitos y métodos (mayormente ello se verifica en la inalteración de las formas de vida de algunos habitantes que poco han hecho a favor de generar un “cambio de vida” o su “adaptación al medio”, generándose una sociedad altamente conflictiva cuya expresión cultural más clara y difundida es el disenso en todas sus formas.

Me detendré a los fines de buscar un ejemplo, tal vez no del todo feliz ya que la naturaleza histórica y social de “nuestro medio” y el “medio-ejemplo” son diferentes, más aún teniendo en cuenta de que si bien Villa La Angostura ofrece ciertas similitudes, su carácter es enteramente único y original. Dicho ejemplo es extraíble de la interpretación de los procesos de cambio social (estrechamente unido al uso y ocupación de la tierra), económico y político en la comarca de Liébana, en Cantabria, puestos en evidencia a través de un seguimiento exhaustivo de la conflictiva  constitución del Parque Nacional “Picos de Europa” declarado en un espacio de montaña.

Los resultados generales de la investigación se hallan recogidos en el texto “sociología y Ruralidades, la construcción social del desarrollo rural en el Valle de Liébana” (González Fernández, 2002). Un elemento esencial en ese trabajo es la identificación de diferentes agentes y el análisis de las distintas fuentes y manifestaciones de sus plurales posturas, tanto las de naturaleza material como aquéllas de carácter mental, en el estudio de los agentes y sus comportamientos, de manera interrelacionada, los productos de su pensamiento y de su acción.

Tras la crisis de mediados de los años setenta del siglo pasado (XX), surgiría un nuevo modelo genérico, al que se ha denominado de desarrollo territorial, cuyos referentes globales se pueden encontrar en la cosmovisión postmoderna: retorno del sujeto frente a la razón objetiva. Este se plantea en el marco de una nueva economía “globalizada”. El desarrollo territorial significa sucintamente la utilización de los recursos de una región por sus residentes en aras de satisfacer sus propias necesidades.

En los discursos de los agentes que desarrollaban estrategias “productivistas”, se observa un acentuado fatalismo respecto a las posibilidades de desarrollo de la comarca. Un pesimismo que podría servir de justificación para fuertes intervenciones. Los demás agentes sociales, por el contrario, expresan una representación optimista de lo local, la cual destaca los valores culturales, patrimoniales y ambientales del territorio.

De igual manera, se destacan algunos aspectos similares a los de Villa La Angostura, acentuando el de los “complejos” sociales establecidos a partir de las diferencias culturales, nivel socioeconómico y si, propio de nuestra localidad, el de los antecedentes étnicos (cuestión muy propia de los argentinos), que aflora en muchas ocasiones, destacado ello en quienes de alguna manera se encuentran vinculados a tiempos pretéritos,  por una obstinación determinada a “olvidar y negar la historia” y en cierta franja social una cierta culpa que en las más de las veces refuerza los comportamientos exclusionistas y sectarios.

Los mencionados “complejos” de las diferentes componentes sociales, aunados a una desconfianza hacia el Estado y un fuerte sentimiento de descrédito de la justicia, el “retraso social, cultural y económico” en otros, los diferentes objetivos, metodologías  y propósitos, conocimiento específico, expectativas y estabilidad, naturaleza de los bienes, “espacio social” y otros, hacen de difícil crédito y cumplimiento de toda norma, más aún cuando ésta se encuentra orientada a la igualdad de derechos y deberes, al bien común y la propiedad pública.

El desarrollo de pequeños fraccionamientos y divisiones por el régimen de propiedad horizontal (al igual que los loteos con fines sociales) que obligan a una convivencia forzosa en un área exigua y en el segundo tipo de división a la copropiedad de un inmueble, revela a diario gran número de conflictos de naturaleza variada.

Hace poco menos de tres años, a lo largo de una charla sostenida con un matrimonio de ciudadanos europeos, uno de ellos español y el otro suizo, me aseguraban que el régimen de propiedad horizontal y la copropiedad no se correspondían con la naturaleza de los latinos. Fundaban tal teoría en que el latino, es decir italianos, españoles y habitantes del Centro y Sudamérica posee un carácter sanguíneo y anárquico. Luego de sopesar tal teoría, considero que quizá no esté del todo mal. Pero más considero, que los conflictos y “desórdenes” detectados no corresponden a un enfoque tan determinista y fatalista.

Las in conductas, o mejor dicho, las conductas reñidas con la buena sociabilidad y convivencia entre personas creo son el fiel reflejo de un temperamento forjado en sociedades de alta conflictividad social. La ignorancia sobre las reglas, es decir, leyes y reglamentaciones, y el concepto erróneo de que dentro del bien inmueble propio se es rey y regente (concepto absolutamente reñido con el espíritu republicano nacional, la constitución y las leyes estatuidas por los padres de la patria), es un fuerte promotor de conflictos. Máxime aún, cuando una sociedad es conocedora y cultora de derechos propios y obligaciones ajenas.

Ejemplos al respecto sobran, por ello es el problemático tránsito del peatón por las calles de la localidad (atacado por perros y automovilistas). Se observa como en todo aspecto se transgrede toda norma tácita o escrita y se avasallan derechos ajenos. Los ejemplos sobran indefinidamente, podemos hablar de los residuos sólidos, de los líquidos, de los restos de poda, del uso del tacho de residuos propio y el ajeno, de los animales que defecan en la vía y el espacio público, de la pequeña ventaja, de la gran ventaja, de la intolerancia, de las conductas anárquicas, de la contaminación acústica, de los techos y parcelas que desaguan artificialmente al lote vecino, y mas, y mas, y mas…

Y casos existen de copropiedades en las cuales habitan personas tan incompatibles unas con otras que ésta más bien equivale a meter dos alacranes dentro de un frasco. Y mas…Cuando una sociedad genera la necesidad, o al menos clama por ello, de tener prácticamente un agente de policía (o que ejerza tal poder) por habitante, muestra a las claras un acusado nivel de “enfermedad cívica”, de falta de mecanismos de auto represión en los individuos y de muchos otros aspectos que propician a la psicología y sociología de material para realizar estudios y tratados interminables.

Dado mi trabajo diario, me encuentro frecuentemente con conflictos de toda especie y es sorprendente y a la vez correcto decirlo, la problemática social supera con holgura a los “problemas técnicos” respecto al tema objeto del presente escrito.

Entonces, pues, observando el panorama que nos presenta este inmenso reloj desarmado que es el hábitat, ambiente y sociedad de Villa La Angostura, fácilmente podremos sentirnos abrumados; y así reconoceremos que el bosque no es independiente del perro, el perro no lo es de un fraccionamiento realizado en 1952, y que tal fraccionamiento no es independiente de la “guerra a muerte” chilena, que a su vez no prueba no tener vinculación con la naturaleza del poblamiento de la Colonia Agrícola Nahuel Huapi, que a su vez revela nexos con el inicio del turismo en la región, que no es independiente de la necesidad de redescubrir la identidad de esta gran aldea de montaña y pulir el producto que ofrecemos en el gran mercado turístico.

Otra lección indudable es que el “problema de la tierra y la vivienda” tal y cómo se nos presenta, es netamente propio de la localidad. Éste se manifiesta tempranamente con los primeros desplazamientos de población acaecidos con la conformación de la Colonia Agrícola Nahuel Huapi y la sesión de los lotes que la componían. Segundamente con la realización de la mensura de división del lote pastoril 9.

Posteriormente con la división (loteo) de la fracción anteriormente extraída del lote pastoril 9 como reserva fiscal, mensura realizada por el Agr. Riccieri que ya mencionamos con anterioridad y que determinó el desplazamiento y despojo de familias enteras para, algunas de ellas instalarse en los lotes 73 y 74 (cedidos por su poca utilidad, recordemos que no eran más que un gran pantano con tres puntos salientes) de ese fraccionamiento (lotes en los que actualmente se ubican los barrios Mallín y Margaritas) y otras de ellas en la fracción restante del lote pastoril 9 o dentro del lote pastoril 11. Una problemática compuesta de numerosas fases de la cual es claramente identificable su génesis.

Pero bien, más allá de los datos y lecciones que nos brinda el desarrollo histórico de la localidad, el presente se devela como una realidad infinitamente compleja en sí misma.  Un desafío para la buena planificación.

Aún partiendo del supuesto básico de la aceptación de la idea de planeamiento como medio apto para mejorar las condiciones de vida de la población, queda todavía un amplio campo a las precisiones en cuanto al enfoque, características y relaciones de los distintos tipos de planeamiento, los medios de implementación previstos, el medio geográfico, el tiempo de duración del proceso y posibles derivaciones.

La activa y directa ingerencia del “equipo de planeamiento” en todas y cada una de las etapas del proceso; y una simple coordinación del accionar aislado de los organismos, pasando por la amplia gama de posibilidades intermedias. Esto requiere un tiempo propio de maduración y discusión en el cual deberán replantearse ciertos mecanismos y costumbres políticas y administrativas que se han consolidado por la rutina o la tradición (o desidia, irresponsabilidad, falta de compromiso o pereza), por “usos y costumbres”.

Otra característica general que se percibe al examinar las mensuras vigentes y no vigentes realizadas y registradas (aprobadas definitiva o provisoriamente) (incluso los planos protocolizados), es que en un demasiado alto porcentaje se registran y/o producen corrimientos, faltantes y excedentes de mensura.

Si bien el Perito Francisco Pascasio Moreno ya nos decía en el año 1917 “¿Para qué sirven aquellas tierras?, era la frase consagrada que escuché a no pocos de los que tenían en sus manos la fortuna y aún la suerte de la patria. Busque el lector un mapa de aquél territorio y verá con asombro que la región noreste del Lago Nahuel Huapi, ese hermosísimo pedazo de la Suiza argentina, pertenece a muy pocos dueños, que la obtuvieron en su mayoría por vil precio y por condescendencia de los amigos del gobierno, y si se inquiere más se sabrá que recientemente se han escriturado tierras talmente ubicadas, que para su dueño representan una extensión cien veces mayor. Los planos para ubicar esas concesiones tienen quizá menos exactitud que los de los campos lunares poblados por los colonos selenitas en algunas novelas científicas, y, sin embargo, no se ocultará al menos avisado el gran interés nacional que hay en aquellas tierras. Aquellos parajes parecen determinados a causa de esta división y concesión de la tierra a padecer defectos y males perpetuos”.

Esta frase puede parecer tremendista, de un gran sentido oscuro y negativo más propia de un político en fuerte oposición que intenta causar dicenso en la opinión pública más que de un reputado explorador, geógrafo y Perito de Límites.  Creo entender, que Francisco Pascasio Moreno, por quien siento la más profunda admiración, al escribir éstas palabras no sólo reflejaba su oposición a la forma en las que desde el Gobierno Nacional se concedían derechos posesorios sobre estas tierras sino que, o mejor dicho, a la vez, advertía de problemas técnicos propios de la agrimensura.

Claramente se entiende que, la agrimensura, es una ciencia exacta, y, por tal, se mueve dentro de márgenes de error ínfimos y no sólo no puede dejar nada librado al azar sino que nada puede pasar por alto. El agrimensor en sí, como profesional, no es únicamente un “oficial público”, sino que muchas veces, dependiendo de la labor que lleve adelante, es un “oficial de justicia”.

El artículo 2342 inciso 1 del Código Civil, dispone que los excedentes de mensura “Son bienes privados del Estado General (Nación) o de los Estados Particulares (Provincias y Municipios)”; “Todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales de la República, carecen de otro dueño”. En razón de este principio, las leyes han determinado que el excedente una vez cubiertos los títulos correspondientes es un sobrante, y por lo tanto pertenecen al Estado, entendiéndose que sobrante es aquel que superando al título en más del 1% (uno por ciento), resulta de origen fiscal o municipal.

Existen algunos títulos, de antigua data, en los que se cita la superficie del bien, careciendo de medidas lineales; otras veces consignan la superficie pero indeterminadamente, “tantos metros cuadrados más o menos”.

Abundan las lecturas posibles de los datos recabados para el presente estudio, pero casi tan determinante y grave como lo es la inseguridad y el atraso jurídico, lo son el atraso de inversión del Estado y la libertad de costos e inversiones que ha tenido el loteador.

Si hacemos una recorrida a través de la cronología presentada unas líneas atrás, notaremos un discontinuo avance de inversión por parte del Estado si lo comparamos con el avance de la actividad “divisora” de la tierra privada. Es decir, se han generado parcelas y subparcelas a un ritmo mucho mayor que el en que el Estado dispuso los medios necesarios para brindar los servicios requeridos.

Esto es, si bien no todos los loteadores estuvieron a la altura de sus responsabilidades y obligaciones tal y como lo dispone la ley y reglamentaciones, realizando la colocación de todos los servicios necesarios (hasta el presente, sólo un escaso número de parcelas sujetas a División por el Régimen de Propiedad Horizontal presentan la instalación y red de servicios completa al momento de realizar la venta de las unidades funcionales generadas por la misma) para asegurar la ocupación y accesibilidad (calles aptas para el tránsito vehicular tal y como disponen los artículos 104 y 110 de la Reglamentación Nacional de Mensuras y la Ley Provincial N° 2217 y su Decreto Reglamentario N° 3382.) a las parcelas que ellos mismos generan y comercializan (o comercializaron) (también se da el caso en muchas urbanizaciones), el Estado se ha visto impelido a cubrir dichas obligaciones.

En este sentido, se han realizado cisternas de almacenamiento de agua, ampliaciones de redes de agua potable, calles, alcantarillados, puentes, etc…

Por otra parte, abundan los casos en los cuales adquirientes de unidades funcionales (como sería en un edificio un departamento) producto de la División por el Régimen de Propiedad Horizontal de una parcela, han acudido a las dependencias municipales correspondientes con el fin de solicitar conexiones de agua a sus propiedades individuales.

En dichos casos, los propietarios no habían realizado las conexiones y tendido de red de agua correspondiente, y en algunos casos no habían explicado al comprador, simplemente, que estaba adquiriendo parte de una copropiedad.

Más allá de este último comentario sobre una problemática específica más bien perteneciente al campo de la filosofía y en especial al de la ética, es claro que el Estado se ha mantenido a la retaguardia del avance impulsado por la división y oferta de tierras que ha impelido el crecimiento y, por qué no decirlo para ser honestos, no ha reinvertido en infraestructura debidamente, al menos en proporción a la ampliación de la oferta de tierras generada si no de las ganancias obtenidas.

Otro indicador claro y concreto de la distorsión generada por el fuerte empuje del comercio y la dinámica de mercado, es el de que, en las últimas publicaciones de folletos de venta de propiedades inmobiliarias, y en las mismas carteleras de las inmobiliarias se presentan no sólo viviendas a la venta muchas de ellas sin declarar o sin planos concordantes, sino que se venden como “lotes” unidades funcionales producto de la división por el régimen antes mencionado, y que en muchos casos, tales subparcelas no existen por diversos motivos.

Otra cuestión que deberemos examinar y ajustar evitando todo intento y deseo de excepción es la de las restricciones y límites al dominio.

El Código Civil luego de legislar el dominio, se ocupa en sus artículos 2611 al 2660 de las restricciones y límites que sufre esta institución jurídica a fin de armonizar los intereses individuales con los sociales y hacer así posible la vida en sociedad y comunidad. En este sentido, el artículo 2639 expresa que “Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros (treinta y cinco) hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna.” Lo así dispuesto queda completado con el artículo 2640 que dice que “Si el río, o canal atravesare alguna ciudad o población, se podrá modificar por la respectiva Municipalidad, el ancho de la calle pública, no pudiendo dejar menos de 15 (quince) metros.”

Y en este último punto es claro, atravesare, entendiéndose este caso por el representado por cursos de agua tales como son El Riachuelo en La Boca, los canales y riachos en El Tigre, los canales presentes en la ciudad de Brujas, Bruselas o Ámsterdam o el Támesis en Londres.

En nuestro derecho los autores no se hallan de acuerdo respecto a la naturaleza jurídica del denominado “camino de ribera”. Algunos entienden que constituye una restricción, y otros una servidumbre. No obstante las diferencias doctrinales apuntadas, los autores juristas administrativistas, que se encuentran en una u otra posición, y la jurisprudencia, están de acuerdo en que las márgenes de los ríos y lagos navegables, y mares, y, por consiguiente, la zona de treinta y cinco metros a que se refieren los artículos 2639 y 2640 del Código Civil, pertenecen al dominio privado y no al dominio público.

Vale decir, que esa limitación no trae aparejada una privación o mutación de dominio; la misma constituye el sometimiento o afectación de la cosa para que terceras personas realicen en ella los usos que motivan la institución. De todos modos, cabe destacar que toda excepción municipal a esta norma y toda autorización que pueda derivar en la modificación de la línea de rivera y la franja de restricción al dominio, son absolutamente ilegales. Por tanto remarco con énfasis, el pensamiento del Estado es incompatible con el pensamiento privado, pues difícilmente un funcionario pueda ejercer correctamente sus obligaciones de Estado pensando como un privado, pues el lema del Estado ha de ser “El bien (o interés) general se yergue sobre el bien (o interés) individual”.

Y Para esto último se requiere un discurso claro anunciando una mano firme. En Villa La Angostura se ha aplicado durante varios años la teoría política y económica del derrame. Ella se basaba en la idea de que los megaproyecto y grandes inversiones iban a causar el suficiente aumento en el nivel de ingresos individual de sus actores importantes que iba a poner en circulación un gran número de capital; de todos modos, está a las claras que tal teoría no solo falló sino que se sostiene desde preceptos falsos.

No sólo, en muchos casos, la inversión y proyecto realizados han generado poca “riqueza” en pocos habitantes sino que produce un drenaje de capitales locales hacia el exterior, no retornando y recirculando dentro de la localidad (un ejemplo claro son la mayoría de los hoteles y hosterías, otro son los clubes de campo como Muelle de Piedra, y otro los supermercados “Todo” y “La Anónima”).

En muchos casos estos emprendimientos hacen uso escaso de la mano de obra local e “importan” mano de obra de otros sitios, complejizando aún más la necesidad de vivienda, por ejemplo (otro claro ejemplo y principal argumento para rebatir tal teoría es el que a pesar de haberse realizado grandes inversiones privadas, proyectos y haberse construido un promedio de más de sesenta mil metros cuadrados por año en el último quinquenio, no se ha erradicado la pobreza ni solucionado el problema al “viejo poblador”, al contrario, las carencias y las diferencias sociales son aún mayores al igual que el impacto ambiental).

El estado municipal y el contribuyente en general debe soportar una gran carga para manejar las condiciones dadas en el sistema (ambiente de Villa La Angostura), y aún más cargar con las consecuencias de una inversión o megaproyecto, se deben sacrificar valiosas tierras fiscales para satisfacer la demanda de vivienda, brindar servicios a cambio de una escasa recaudación y el ambiente es puesto a prueba con tantas tensiones generadas.

Aplicando una concepción filosófica, una teoría económica y política como la antes mencionada, la del “derrame”, los efectos acumulativos son muy importantes y, en ciertos casos, los efectos pequeños dan lugar a una crisis (quizá como la de nuestros días, con sus primeras manifestaciones) de gran magnitud muchos años después.

Éste ha sido discurso de los pequeños grupos de presión que el Estado hizo propio. Aunque una planeación exhaustiva y una legislación integral son ingredientes indispensables para el desarrollo ordenado de los recursos, otras influencias suelen ser más importantes para determinar qué es lo que se “construye” a final de cuentas.

De igual importancia en el proceso de toma de decisiones son los grupos con intereses especiales, como los ambientalistas, de contribuyentes en general, las organizaciones empresariales y los grupos de acción pública. Éstos, organizados para atraer la atención hacia sus inquietudes particulares, solicitan y a veces captan apoyo político para oponerse (o promover) proyectos de desarrollo y uso de recursos.

Pocos proyectos de recursos se llevan adelante, en la actualidad, sin un debate animado entre cuyos intereses, muchas veces en conflicto, están involucrados en él. Este tipo de intercambios ayudan a aclarar los problemas, aunque no necesariamente para la satisfacción de todos.

El proceso político tiene como base algo más que el debate público y la enumeración de las preferencias. Los grandes intereses “empresariales” están muy conscientes de las mayores posibilidades de desarrollo. Sus puntos de vista, respaldados por un intenso cabildeo político y contribuciones a quienes los apoyan, se presenta siempre de “modo convincente”.  También el público puede ejercer una presión considerable, y por lo general se considera que estos conflictos se producen entre el público y el gobierno. Esta idea se fomenta en virtud de simplificar en demasía las cuestiones complejas.

El discurso político debe ser único, independiente, claramente diferenciado del de los grupos de presión.

Por ello, sería lamentable y facilista cargar las tintas sobre los profesionales intervinientes a lo largo de la historia, profesionales que ejercen la agrimensura y la topografía, ya que esta compleja situación ha sido generada por diversas causas históricas, étnicas, económicas, mercantiles, profesionales, particulares (es decir, tenedores, propietarios, “inversores”, usurpadores, oportunistas, antiguos pobladores, pobladores recientes) o estatales (tanto de parte del Gobierno Nacional, Parques Nacionales, Gobernación del Territorio Nacional del Neuquén, Gobernación de la Provincia del Neuquén, Comisión de Fomento de Villa La Angostura, Municipalidad de Villa La Angostura y otros organismos del estado de este y tiempo pretérito a través de sus hombres, honestos o corruptos,  como de sus estamentos, incluidas las distintas fuerzas políticas).

Analizando las curvas de las gráficas obtenidas podremos observar momentos determinantes, tales como los sucesos políticos y económicos nacionales. Asimismo podremos advertir avances en la infraestructura de la zona que han marcado claros hitos; ejemplo de ello es la finalización de la obra de asfalto sobre la Ruta Nacional 231 o la integración de Villa La Angostura al sistema de red de gas natural.

Pero así y todo, podremos darnos cuenta de la gran diferencia en aumento progresivo entre, por ejemplo, la generación de nuevas parcelas a ocupar y la cantidad de hospitales, o el número de lotes generados en contraste con el número de usinas generadoras de electricidad, o igual diferencia entre nuevas parcelas o unidades funcionales y cisternas de almacenamiento de agua construidas (que a excepción de la reciente ampliación de la cisterna existente en barrio Lomas de Correntoso sobre la calle Coihues, todas ellas fueron realizadas en las décadas de 1970 y 1980).

Igualmente podremos realizar tal contraste con el número de escuelas. La precarización de la infraestructura y las acciones realizadas por las distintas gestiones políticas en la Administración Municipal es notoria y notable. Las tomas de agua construidas sobre el Río Las Piedritas y el A° El Colorado datan de la década del ’70. Los acueductos que conducen las aguas allí captadas proceden mayormente de las décadas del ’70 y ’80. De allí que tenemos alrededor de 14 kilómetros de acueductos realizados con caños de asbesto-cemento; está demás decir sobre la precariedad de dichos caños, el estado de los mismos y los potenciales riesgos que representan para la salud pública.

Por otra parte, otra forma de inacción municipal se manifiesta en el hecho de que al realizarse el fraccionamiento que da origen al denominado “loteo Maikana”, no se interpuso solicitud ni demanda por parte del Estado y ahora la cisterna de “Selvana”, que abastece de agua a ese mismo sector y la zona de los puertos, se puede ampliar únicamente en sentido vertical, es decir, no se dispuso superficie circundante para atender las necesidades futuras.

Otro ejemplo claro es que, las tomas de agua mencionadas más arriba, se encuentran dentro del Remanente del Lote Pastoril 11 que es de dominio privado (del mismo modo en que la toma ubicada dentro del cauce del Río Bonito se ubica, junto a buena parte del acueducto, dentro del Remanente del Lote Pastoril 15 de propiedad privada).

Si revisamos la situación de las tomas de agua y los acueductos respectivos notaremos que a pesar de transcurrir más de treinta años de su existencia, y de haber mediado oportunamente un convenio con el propietario posterior a la Sra. Di Sangro (quien adquiriera la parcela con una “servidumbre de paso a perpetuidad”, es decir, con la obligatoriedad de ceder paso a quien deba atravesar dicha tierra en un sentido transversal o longitudinal, digamos desde el lago hasta el “Cajón Negro”; para el caso de esa compra era desde los fraccionamientos ya realizados, actuales B° El Cruce y primer sector del B° Las Piedritas al norte de la Ruta Nac. 231, Avda. Arrayanes, hasta el “Cajón Negro” entre las estribaciones del C° Belvedere e Inacayal). Dicho convenio, el primero o uno de los primeros, comprometía al titular dominial a ceder la superficie del terreno ocupado por las tomas de agua y los acueductos, en el momento de generar alguna nueva división, total o parcial.

Se produjo un canje de tierras para generar el “Parque Industrial” allí pero no se generó la cesión de superficie respectiva a los servicios de agua potable. Luego se generaron sucesivos fraccionamientos e incluso una mensura del Remanente y el Estado poco hizo por “ordenar” la situación (en la mensura antes mencionada ni siquiera se relevaban los enclaves de servicios citados.

Recién en diciembre de 2009, dentro de un proyecto de mejoramiento de la toma y acueducto sobre el Río Las Piedritas, se dispuso  una ordenanza que formaba parte del mismo proyecto que el Remanente del Lote Pastoril 11 quedaba sujeto a servidumbre de acueducto y expropiación del sector ocupado por las obras de captación de agua. Claro está, no sin un arduo trabajo.

En ambos extremos del Ejido, no se dispone de una adecuada provisión de agua potable, pero a pesar de ello, el Estado no sólo hizo recepción de los fraccionamientos sino que además se “hizo cargo”, sin estar a la altura del compromiso acordado, de asegurar el abasto de agua potable.

Sin duda alguna, podemos seguir agregando ejemplos y pormenores durante largas e incontables páginas, pero esto no es más que una historia circular en la cual las autoridades políticas de turno (existe alguna que otra salvedad puntual) o no pudieron o supieron generar las posturas, legislación y gestiones necesarias para atender estas necesidades, mucho menos proyectarlas en el tiempo. Sobran los casos en que las fuerzas o “agentes” políticos han confundido sus roles trocando su personalidad, metodología y discurso por los de los “grandes propietarios”, “inversores”, “desarrolladores”  y demás miembros de los denominados “grupos de presión”.

El Estado pensando no sólo en el particular (y caso individual) sino cómo un determinado particular. Cuando los gobiernos pasan la delgada línea que separa   lo público y lo privado en sus mentes, y en lugar de planificar cesudadamente, con profundidad y proyección en el tiempo, con sentido ético y carácter social, se actúa en forma visceral, más bien en  sentido gástrico y alimenticio, en algunos casos, literalmente excretando políticas a reflejos e impulsos. Tomando como serias propuestas absolutamente disparatadas; imagine querido lector, que el Estado tome a bien una declaración de factibilidad sustentada por una declaración pública de un organismo determinado que promete que próximamente, pero sin fecha cierta, realizará una obra de infraestructura, por ejemplo, el electroducto que nos integraría al servicio interconectado nacional, es decir, abastecernos con la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas.

No es desacertado, es absurdo.  Es tan absurdo como otorgar un préstamo millonario a un niño de 5 años porque un día cursará estudios universitarios y será un gran profesional exitoso con inmensas ganancias económicas.  Tanto más cuando se nos habla de impactos económicos positivos sin mediar estudios concretos y profundos que así lo avalen debidamente. Otro claro ejemplo de ello es que, si tenemos los valores generados en los trabajos realizados en el área técnica municipal que nos indicaba nada más que un 25 % de parcelas edificadas, simplemente sugiere imposible que agregar o quitar del mercado inmobiliario local 100 o 200 parcelas (sobre un total de unas 6000 aproximadamente) produzca resultados apreciables (más bien sólo apreciables por quien lleve adelante el fraccionamiento y venta de la tierra). Auténticos disparates (o adefesios) ambientales y urbanísticos aprobados y preaprobados sustentan tal afirmación.

Por otra parte, se hace necesaria una evolución en las ideas políticas y su aplicación, así como la participación ciudadana, desempolvando posiciones pétreas y apáticas.

El Plan de Regularización Edilicia que lleva adelante la Dirección de Obras Particulares Municipal, aún en marcha, nos proporciona numerosos datos. Pero sin duda alguna, probablemente la más significativa es el acatamiento a la demanda realizada desde el Estado  que nos señala ineludiblemente la actitud y compromiso de los distintos  estratos sociales, incluso el de quienes más pujan por un crecimiento económico sin medir consecuencias. Otro elemento proporcionado es el que nos muestra la postura de una fracción de la ciudadanía ante la evolución de la localidad y sus reglamentaciones.

En muchos casos, una absoluta apatía y desatención; y en otros una vergonzosa desatención y abandono por parte del Estado declarándolos tácitamente como caídos (¿daño colateral?) involuntarios (y algunos voluntarios también) del sistema y el modelo local instaurado.

Una clara medida orientada a realizar una más adecuada planificación de nuestro medio ambiente, reconociendo en él todos los componentes como ya expusiera en mi anterior trabajo “Algunos apuntes para el planeamiento ambiental de Villa La Angostura y su gestión municipal ”, es la de adecuar y conformar nuevas normas específicas. Muchas de ellas generando nuevos criterios, otras, dejando de lado anteriores criterios en uso por resultar en la práctica “facilistas y redundantes”.

Es indispensable defender la calidad y singularidad del producto que nos trajo hasta aquí con tantas satisfacciones, garantizar los libres accesos, la comunicación con el medio, la libertad de tránsito y la aplicación de la Ley asegurando el libre goce y buen uso de esta tierra bendita y maravillosa por la cual tantos y tan pocos realizaron inmensos sacrificios. Pero, eso sí, no a cualquier costo, porque ello significaría en manos de algún oportunista el realizar una “triquiñuela” ofreciendo calles y accesos públicos realizando fraccionamientos encubiertos de este modo “ahorrándose” ceder reservas fiscales y espacios verdes, superficie que puede dejarle pingues ganancias una vez puesta en el mercado.

Es indispensable no dar la espalda a la historia, a la verdad, que es la memoria de los hechos que construyeron esta realidad, y observándola fijamente a los ojos, en esto último me permito una cierta libertad literaria, buscar respuestas y hallar las claves para descifrar el presente. Tomar fuertes decisiones en busca de la verdad y la justicia es tan bueno como sanar los efectos a través del conocimiento de sus causas; y saber, es planificar. Evitar trocar la identidad propia, combatiendo las ideas apocalípticas con la razón pura.

En la mayoría de los casos, reitero, los hombres hacen lo que “saben” hacer, lo que les ha enseñado su medio y solo saben de la vida y vivir de cómo y dónde han vivido. En otras palabras, ellos no confunden crecimiento con desarrollo únicamente, sino que sólo les parece posible continuar con el desarrollo y la urbanización guiados en primer término por motivos de mercado y rentabilidad, y utilizar la riqueza resultante para ayudar a pagar los inevitables costos ambientales y sociales o simplemente trasladarse en su empleo a un nuevo lugar de residencia. Intentar a toda costa un crecimiento financiero descuidando el elemento de marca, el perfil del producto que nos ha llevado a ocupar el sitio que nos pertenece.

Sin duda, a lo largo de los estudios que he realizado y realizo, es claramente perceptible que “nuestra historia oficial”, aquella más apropiada para los “usos turísticos” que para comprender cabalmente la realidad buscando sus causas, es un fuerte impedimento. Y el mismo consiste en que de ser ella tal y como nos es contada, muchas de las dificultades presentes no deberían ser tales. Pero también es clara al decirnos que a lo largo de más de un siglo, se avanzó tan tozuda y sacrificadamente, llenos de errores y aciertos, que Villa La Angostura no sería la que es.

Siendo conciente de que este no es el fin del presente estudio, antes de cerrar mi escrito deseo expresar mi profunda admiración por los hombres sensatos que llenos de ambición apuestan por el futuro estudiando en profundidad, con dedicación, ética  y entrega el cómo administrar y planificar, y todos aquellos que se han sentido desplazados y bien pueden poner manos a la gran obra del presente y el futuro común.-

Emilio R. Molla (H)

V.L.A., 2010