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“El ‘modus operandi’ de EIDICO en la conquista de Punta Canal”

18/07/12 | Una publicación de Indymedia detalla el accionar de la empresa desarrolladora que actualmente se encuentra comercializando los megaemprendimientos de Cerro Bayo. Aquí, el informe textual.

Por Indymedia Pueblos Originarios
21 de junio de 2011

“El que me las hace, me las paga”

Un último hecho agresivo sucedido en el marco del conflicto de Punta Querandí, sirve para comprender un poco más cómo piensa y actúa la desarrolladora inmobiliaria EIDICO, ligada al sector ultra-conservador católico del Opus Dei.

- Los tres tiros de Juan Bosch para solucionar “la villa indigenista”; la destrucción de símbolos indígenas y la defensa del genocidio militar de la última dictadura.

- La carrera de los abogados-empresarios del Opus Dei para adueñarse de todos los lotes de Punta Canal y finalizar así su conquista “material y espiritual” del territorio.

A principios de mayo una vecina del paraje Punta Canal encontró al abogado Ignacio Molinari -de la corporación inmobiliaria EIDICO- robándose el cartel colocado por el Movimiento en Defensa de la Pacha en la ruta 26 y la calle Brasil, a un kilómetro del campamento en defensa del patrimonio público y cultural de Punta Querandí, una lucha que enfrenta a sectores indígenas, vecinos, ambientalistas y docentes, con empresarios de rancios apellidos ligados al Opus Dei que pretenden seguir extendiendo sus barrios privados náuticos.

Marcela Biglia, quien nació y vive hace 21 años en Punta Canal, increpó a este sujeto: “¿Quién sos vos para sacar el cartel? A los vecinos no nos molesta”. El abogado de EIDICO le respondió que tenía un “problema personal” con los manifestantes y que a “a mi el que me las hace, me las paga”. “Dijo como (dando a entender) que se iba a vengar”, contó Marcela.

Ignacio Molinari ya había sacado y guardado una parte del cartel en el baúl de su auto Falcón blanco, pero gracias a la reacción de la vecina no logró robárselo completo. El cartel que inquieta a la empresa fue colocado por el Movimiento en Defensa de la Pacha a fines de marzo y tenía dos partes: una dice “Paraje Punta Canal, sitio arqueológico Punta Querandí” (el cual permanece en el lugar) y la otra, robada por Ignacio Molinari, decía: “Espacio público de pesca y recreación a un kilómetro”.

LA MISIÓN DE IGNACIO MOLINARI (O “IGNACIO MIRANDA”)

Fuente: Página web del estudio de abogados Dondo & Oliva Beltrán

Abogado de EIDICO, es la persona que vive en el lote 321F, aledaño a las tierras en conflicto y propiedad de San Atanasio SRL, una de las decenas de empresas de Jorge O’Reilly, directivo de EIDICO y ex asesor de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Molinari se instaló junto a su familia en este lote del paraje Punta Canal a mediados de 2009, cuando EIDICO alambró el acceso a las tierras de Punta Querandí que hasta ese momento siempre habían sido de libre acceso.

Desde el comienzo fue identificado como alguien de la empresa, pero en el paraje se presentó ante algunos vecinos con el nombre de Ignacio Miranda. Su verdadero nombre se descubrió hace pocas semanas, al buscar información sobre uno de los estudios de abogados que envió cartas al Concejo Deliberante de Tigre advirtiendo que, si el Municipio cumple con la resolución votada por unanimidad el 10 de mayo, la empresa le realizará un juicio. Esta resolución habilita al Poder Ejecutivo local a tomar “posesión municipal preventiva” de las tierras en conflicto, como una manera de descomprimir la tensa situación.

La misión de Ignacio Molinari parece ser que EIDICO se adueñe de las tierras de Punta Querandí y de los lotes privados aledaños de donde vive, objetivo que han cumplido a medias. Es que, si bien Jorge O’Reilly mintió en una entrevista con Indymedia, en diciembre de 2008, al decir que “no estamos interesados en las tierras de Punta Canal”, la empresa busca tomar toda el área delimitada entre el arroyo Garín y el Canal Villanueva, un sector triangular donde existen 7 lotes privados. “La única solución es comprar todos los lotes de Punta Canal”, reconocía en el 2008 otro directivo de EIDICO, Juan Angel Seitún.

Este sector del paraje Punta Canal, ubicado entre el arroyo Garín y el Canal Villanueva, parece ser estratégico para la empresa, no sólo por el control a estos dos cursos de agua, sino por su inmediata cercanía a una de las “joyas” de EIDICO. Justo en frente de todos estos lotes, incluyendo el de Punta Querandí, se ubica uno de los barrios favoritos de la empresa, el San Benito -llamado así en homenaje al Papa Benedicto XVI-, y más concretamente está la Iglesia Sedes Sapientae conducida por el cura norteamericano Anthony Myres (de la Comunidad Sacerdotal de San Juan). Se trata de los poquísimos lugares de toda la provincia de Buenos Aires en donde se dan misas “tradicionales” en latín. Un foco de irradiación para las nuevas evangelizaciones que promueven los sectores católicos más conservadores.

Molinari trabaja para San Atanasio SRL y formó recientemente la sociedad anónima “Constructora Tectum” con otro abogado de EIDICO, Juan Bosch, quien también tuvo acciones de violencia contra el campamento. En octubre, Bosch pateó la Apacheta -altar indígena- ubicado en Punta Querandí. En noviembre, Molinari y Bosch fueron al Concejo Deliberante de Tigre con familias del country y docentes y alumnos de la escuela privada que funciona en el barrio privado San Benito. Presentaron una carta firmada como “vecinos de Punta Canal por la verdad”, titulado: “No hay sitio arqueológico en Punta Canal. Paremos la manipulación política”, y pidieron el desalojo del campamento, al que le calificaron como una “villa indigenista”. Allí, en los pasillos del Concejo Deliberante, Alberto Aguirre del pueblo qom y manifestante de Punta Querandí lo escuchó a decir a Juan Bosch: “esto hace unos años se solucionaba con tres tiros”. Gente de paz y bien.

La amenaza de Juan Bosch podría considerarse un simple exabrupto, si no existiesen lazos entre la empresa y los momentos más oscuros de la historia reciente de la Argentina. Recordemos que otro de los abogados de EIDICO que mandó carta al Concejo Deliberante de Tigre repudiando la resolución de “posesión preventiva” de las tierras en conflicto, es Emilio Ignacio Hardoy, fundador de la Asociación de Abogados por la Concordia y la Justicia, que defiende a los militares presos por delitos de lesa humanidad de la última dictadura, a quienes considera “vencedores de una guerra justa”. En una solicitada de esta organización de extrema derecha, publicada por el Diario La Nación en mayo de 2010, también figura como firmante Ignacio Molinari, así como otros apellidos relacionados a la empresa EIDICO.

Mientras tanto, Ignacio Molinari y Juan Bosch avanzan en la adquisición de los lotes de Punta Canal entre el arroyo Garín y el Canal Villanueva. Ofrecen a los propietarios entre 30 mil y 50 mil dólares, pero no dicen ser EIDICO, sino “familias agrupadas que quieren hacer compras comunitarias”.

Una menos. Con la anciana Sara Espinosa (96 años), habitante de Punta Canal desde hace más de 60 años, ya se solucionó el “problema”. Tras un accidente doméstico, sus familiares se la llevaron a vivir con ellos a un kilómetro y medio de Punta Querandí. Luego de eso, EIDICO les pagó a los familiares por sus derechos sobre el terreno, e inmediatamente, con su consentimiento, quemaron el rancho donde vivía la abuela y rompieron la otra casilla. Meses antes, claro, la bautizaron y publicitaron el hecho en la Revista Tigris de EIDICO. La nota se llamó: “La lección de Sara”.

Hoy les quedan al menos dos lotes privados sin habitar que aún no han podido comprar a sus dueños, y dos lotes habitados, uno de ellos el de Carlos Arrambide y su familia (quien posee título de propiedad).

Carlos Arrambide resume así la estrategia de la empresa: “Vendé porque te pongo un portón, vendé porque te sacamos el puente, vendé porque te sacamos el terraplén. La idea es que les venda a dos mangos porque no voy a tener más acceso”. Los problemas ocasionados para ingresar a su vivienda le generaron algunas causas penales a “Charly”, a pesar de que existía una medida cautelar a su favor que prohibía a EIDICO poner portones en el camino a su casa.

“Me armaron un prontuario como si yo fuera un delincuente”, cuenta Charly. “La semana que viene vas preso”, le dijo Manuel Bosch delante de Graciela Satalic y Dante Farías de pueblo qom, en febrero de 2010, cuando frenaron el avance de las topadoras sobre las tierras del terraplén en Punta Querandí. En noviembre, en el Concejo Deliberante, Manuel Bosch le repitió la amenaza aunque esta vez gestipuló con las muñecas. Ese día Arrrambide fue el único vecino real de Punta Canal y fue a defender la protesta. “Esa movida la hicieron los de EIDICO para engañar al Concejo Deliberante sin que se enteren los verdaderos vecinos de Punta Canal”, explica.

El terreno donde vivía la abuela Sara Espinosa, ya “limpio” y listo para rellenar por EIDICO. (Foto: MDP)

CRÍTICAS A MASSA EN EL DIARIO LA NACIÓN

“Frente a nuestras casas, en el partido de Tigre, hace casi ya un año que se ha instalado sobre una calle pública un grupo de militantes que se oponen al avance de emprendimientos inmobiliarios”, dice la carta de lectores de Ignacio Molinari publicada en el Diario La Nación en diciembre de 2010. En la misiva critica al intendente Sergio Massa a quien acusa de “fomentar desde el poder esta manera de apropiación de espacios públicos” lo que sentaría un “peligroso precedente”. “Resulta preocupante la actitud del intendente, quien no ha tomado ninguna medida al respecto y además ha puesto recursos del municipio a disposición de los ocupantes”, alega Molinari. “No se puede justificar y avalar un delito”, agrega.

¿No es hipócrita reivindicar el carácter público de una calle que ellos mismos quisieron cerrar? Recordemos que en el 2009 pusieron un portón a la altura de la casa de Molinari con un puesto de seguridad. Y fue gracias al campamento que los pobladores de la zona pudieron seguir accediendo a la costa de este curso de agua, es decir el campamento más que bloquear el acceso -como un piquete tradicional- tuvo el sentido contrario, garantizar un derecho constitucional.

Mientras todas estas acciones de violencia suceden, paralelamente, la empresa a través de Ignacio Molinari buscó acercarse a algunos integrantes de la protesta. A Graciela Satalic, descubridora del sitio arqueológico y una de las pioneras de la lucha, intentaron ofrecieron un trabajo en el barrio San Miguel de Ingeniero Maschwitz donde vive. A Pedro Moreira le dijeron estar interesados en colaborar con la Biblioteca Inti Huasi que funciona en su casa. A Valentín y Pablo, que residen en el paraje Punta Canal, les dijeron que “tenemos muchas cosas en común, podríamos trabajar juntos”.

Son gestos conciliadores que no se corresponden con la realidad, sólo acciones que buscan cooptar y dividir al grupo que protagoniza el reclamo por Punta Querandí.

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