OPINIÓN

El Estado y la estrategia
de la ilusión
Por Mariana M. Fernándeznández

12/ 06/08 "El príncipe debe ejecutar a través de otros las medidas que puedan acarrearle odio y ejecutar por sí mismo aquellas que le reportan el favor de los súbditos", Nicolás Maquiavelo, "El Príncipe", siglo XVI.

Cuando uno es parte del problema, trasladar las culpas y delegar responsabilidades suele convertirse en la solución más práctica. En la Argentina esa estrategia ya es política de Estado. A través de discursos políticos cargados de sofismas, lo que antes era aparente y falso logra instalarse como real. En el imaginario popular, el reclamo de tierras de la recientemente conformada comunidad mapuche Paichil-Antriao se ha convertido en un enfrentamiento entre poderosos y marginales. En ese contexto, el Estado emerge como "árbitro" del conflicto, cuando en realidad es responsable (único punto en que las partes están de acuerdo).

Hace poco, desde las nuevas –y no tan nuevas- autoridades del gobierno provincial se deslizó la posibilidad de realizar una “mesa de diálogo” entre la comunidad mapuche, los propietarios afectados, autoridades y hasta el INAI. Una emisaria de la “paz social” enviada por el Ministro Tobares tomó contacto con los distintos actores que participarían del esperado encuentro. Fue la primera vez –al menos es lo que me informa mi memoria- que el gobierno provincial “arrimó el hocico” al problema.

Días antes de la visita del gobernador Jorge Sapag a la localidad, con motivo del aniversario del pueblo, se confirmó la fecha. El gesto fue alentador. Pero era “demasiado bueno” para ser verdad: luego de la partida de Sapag, la “mesa” se levantó (y no por un problema gravitacional consecuencia del cambio climático).

La actitud puede interpretarse de dos maneras: el gobierno buscaba simpatizar con la comunidad mapuche para evitar el tradicional escrache al político de turno durante el acto oficial del aniversario; o bien, como una gran humorada popular. Si fue lo primero, la estrategia “anti-escrache” fue impecable. Si fue lo segundo, no entendí el chiste.

Igualmente, más allá de las interpretaciones y las causas, la actitud del gobierno provincial fue un “mamarracho”.

De todas formas, muchos se preguntarán ¿pero servirá de algo la mesa de diálogo?. No lo sé. Al menos, la clase política asumiría algo de la responsabilidad que le cabe en el asunto.

Como veedor del cumplimiento de las leyes, el Estado avaló y legalizó sucesiones y escrituras de las tierras que hoy la "comunidad" reclama como propias. Si -como afirman los descendientes de Paichil-Antriao- las tierras fueron escrituradas a través de engaños, presiones y violencia, entonces el Estado fue cómplice.

La dirigencia opta por trasladar el conflicto al ámbito privado, reduciendo la complejidad del problema a un enfrentamiento entre "ricos propietarios" y "pobres aborígenes". Desde el gobierno nacional, con claros fines demagógicos, se financian estudios a través del INAI (conferencias, etcéteras) de modo que parezca que algo se hace en pos de un arreglo. Sin embargo, hasta el momento hizo poco y nada.

En noviembre de 2006 el Congreso sancionó la ley que suspende desalojos de comunidades indígenas, mientras se “realizan” los estudios pertinentes. En La Angostura, el estudio de títulos de las tierras en litigio que encararía el INAI -la medida más urgente que resolvería gran parte del problema- fue anunciado hace tres años y todavía se espera alguna señal.
El reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios era necesario, y desde el 94 -cuando toman rango constitucional- mucho se ha avanzado en la materia.

Ahora bien, si se comprueba que el propietario fue comprador de buena fe, que la escritura no observa "vicios" y que la titularidad de la tierra es legal, ¿de que forma la justicia, operando en un supuesto Estado de Derecho, puede anular arbitrariamente el derecho a la propiedad de un individuo? Es que ambos derechos (de los pueblos originarios y el derecho a la propiedad privada) tienen igual jerarquía constitucional.

Por otra parte, si se admite responsabilidad del Estado nacional, que por décadas legitimó esas ventas y escrituras, es el que debería resolver el problema, ya sea otorgando tierras fiscales a las comunidades indígenas que reconozca como tales, o expropiando las tierras a particulares. Obviamente, ambas salidas implican un costo político demasiado alto para dirigentes que pretendan hacer vitalicio su poder.

Más "adaptable" a las necesidades de agenda del gobierno resulta dar un paso al costado y mirar desde afuera la pelea entre "ricos" y "pobres". La inacción del Estado (municipal, provincial y nacional) corresponde a una estrategia: diluir el conflicto en los tiempos electorales, manteniendo la esperanza en los peticionantes y ganando la simpatía de quienes observan la "preocupación oficial" por el más desprotegido.

Así, el conflicto se congela, los costos políticos se minimizan y mientras se aguarda el "deshielo", todo lo que suceda será adaptado al "guión de campaña". De esta manera, la propaganda deja de ser una mera herramienta de difusión de los actos de gobierno para convertirse en un sofisticado instrumento de transformación de lo aparente en real.