OPINIÓN

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3/08/09- La situación social de la Argentina dista mucho de ser reconfortante.

Pese al crecimiento económico que experimentó el país desde 2003 hasta el año pasado, la incidencia de la pobreza es hoy similar a la de octubre de 2001 y más elevada que en cualquier momento de la década pasada, con excepción de mayo de 1990.

La distribución del ingreso medida por la brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre mejoró con respecto a los años 2001 y 2002, pero es casi igual que a fines de 1998 y bastante más desigual que hace dos décadas.

Actualmente, los factores estructurales son la causa de que alrededor de un tercio de la sociedad no pueda participar de un proceso de movilidad social ascendente. Esos factores se vinculan con la informalidad laboral, que aparta a muchos trabajadores de la seguridad social y del acceso al crédito, y con la insuficiente educación y capacitación. El éxito duradero de cualquier política social dependerá de que se preste atención a esos factores estructurales, antes que a circunstancias coyunturales, a menudo ligadas a conveniencias partidarias de cara a un proceso electoral.

Un sistema extraoficial de intercambio de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones, obtenidas a través de la función pública o de contactos relacionados con ella, y la moneda de intercambio de esta connivencia criticable y retrógrada es el apoyo electoral, se lo conoce como Clientelismo Político.

Como se sabe, se trata de una práctica política en la que participan como mínimo los siguientes actores: clientes (ciudadanos), mediadores o brokers (punteros) y patrones políticos (funcionarios). Políticas erróneas, adobadas con condimentos populistas, demagógicos y la falta de confianza, impulsan hacia arriba el ya elevado índice extraoficial de desempleo. Consecuentemente, el aislamiento y marginación ubican a este postergado sector de la población ante la disyuntiva fatal del asistencialismo.

Casi inmediatamente y de la mano llega el clientelismo político, una patología que corroe la base moral de nuestra sociedad, provoca la caída de valores, pérdida de la costumbre del esfuerzo y la casi nula perspectiva de pensar en el futuro. Su suerte se encuentra atada al desempeño electoral del “patrón”.

Como se puede apreciar claramente, el “cliente” se enfrenta a estos condicionantes que envician y atentan contra la sana pretensión de incorporarse al encuadre laboral formal. En un sistema clientelista, el poder sobre las decisiones del aparato administrativo del Estado se usufructúa para obtener un beneficio privado. El “patrón” toma decisiones que favorecen a sus clientes. Ellos a su vez compensan mediante la sumisión y el voto, con la perpetuación en el poder del funcionario implicado o de su entorno.

Una vez ingresado, la relación se transforma en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir.

Se puede observar que el “patrón” habitualmente utiliza esa misma capacidad de decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema.

Las relaciones clientelares están profundamente arraigadas en nuestra frágil democracia, mas aun, es tan habitual este sistema dadivoso que es aceptado como el mal menor que morigera el impacto negativo del desempleo. En general, también los sistemas clientelares aparecen cuando existe la necesidad de organizar rápidamente a los participantes de un sistema político sin tradición organizativa.

En el clientelismo, los bienes públicos no se administran según la lógica imparcial de la ley, sino que bajo una apariencia legal, son explotados discrecionalmente por los detentadores del poder político. Sin embargo, existen pocos incentivos para que los participantes busquen acabar con el sistema clientelar, puesto que este se halla institucionalizado en el sentido sociológico del término.

El clientelismo, ha sido usado reiteradamente como una máscara que explica las limitaciones de nuestra endeble democracia, por las cuales los pobres siguen a líderes autoritarios, conservadores y/o populistas quienes lo toman como una formidable forma de control político.

Pero al mismo tiempo, el clientelismo es uno de los principales mecanismos a través de los cuales los ciudadanos marginales resuelven sus problemas de sobrevivencia diaria. Esto es, la obtención primaria de comida para alimentarse, medicina, becas educativas y hasta un empleo público o un subsidio de desempleo.

En fin, como se puede percibir todo es válido a la hora de cosechar. Mucho de todo lo citado precedentemente, es lo que pasa en la Argentina de hoy, y resignados a padecer por siempre esta perversa forma de hacer política.

En la campaña que acaba de terminar, hemos visto ejemplos muy claros de esta forma de captar voluntades. Bienes transables de todo tipo, tal cual espejitos de colores fueron dilapidados a mansalva en todo el universo de votantes. No creo oportuno puntualizar los casos más significativos para no herir susceptibilidades. Sin embargo, los resultados muestran palmariamente, que el “cliente” puede recibir dádivas de todos los “patrones” interesados, pero el voto en definitiva es para uno solo.

El clientelismo, lamentable lacra del país, es enemigo del progreso, de la libertad y de las políticas de desarrollo social. Romper con el clientelismo es dignificar la vida de cada niño, de cada mujer y de cada hombre. En los estados clientelistas, se relega el derecho como instrumento de gobierno. La vigencia del derecho está determinada por el grado de preponderancia de los vínculos clientelistas. En los estados puramente patrimoniales, las relaciones clientelistas desplazan al derecho como medio de gobierno. La ley y las instituciones dependen del capricho de quienes ostentan el poder, y la norma no guía la conducta de los individuos. Las personas dejan de ser iguales ante la ley: el trato depende de la relación con los que ostentan el poder.

El estado de derecho es un medio para lograr una falsa legitimidad, un instrumento de manipulación, y a veces, de represión. La horrorosa cultura política, que tenemos, vinculada con la utilización de la ayuda social como herramienta electoral o de gestión y con la denigración de personas de condición humilde, son maniobras clientelistas, que en lugar de asumirlas como un grave vicio instalado en el propio sector político, deberían ser desterrado porque en nada se condice con la idea de "la nueva política" prometida.

Es imperioso avanzar hacia modelos de ayuda social vinculados con la creación de trabajo genuino, en los cuales las ONG podrían prestar una colaboración profesional tan valiosa como desinteresada y despojada de las muchas veces mezquinos intereses políticos partidarios.

Resulta decepcionante que desde las distintas fracciones del partido gobernante se insista en concebir los programas sociales como una fuente de dominación política territorial o como plataformas para la construcción de estructuras partidarias. Más lamentable aún es que la más alta autoridad nacional pretenda desconocer el problema y desvíe el eje del debate con acusaciones a la prensa, y que la oposición siga buscando su espacio en la sociedad para las futuras elecciones presidenciales del 2011, conociendo lo que sucede y sin hacer algo para modificar lo que realmente ocurre.

Es de esperar que la nueva etapa que se inicia en el país, luego de los resultados electorales del pasado 28 de junio, esté marcada por la búsqueda de consensos amplios para la construcción de políticas de Estado en el área social, que contemplen incentivos contra la informalidad laboral; fuertes inversiones en el desarrollo del capital humano para fomentar la igualdad de oportunidades; proyectos de formación continua que tiendan al pleno empleo y asegurar a éste de por vida, y mecanismos para la universalización de la educación y la seguridad social de manera de combatir la pobreza y la exclusión.