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POLÍTICA |
Codistel denunció a funcionarios
La empresa demanda al secretario
de Economía, Gustavo Bareilles, y el subsecretario del área,
Eugenio Rossi
por “incumplimiento de los deberes de funcionario público
y abuso de autoridad”. Es por la decisión de no pagar a la compañia los últimos tres meses del servicio, en virtud de la sobrefacturación que investiga la justicia.
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3/09/09-
La empresa Codistel, ex concesionaria del servicio de recolección
de basura, denunció por “incumplimiento de los deberes de
funcionario público y abuso de autoridad” al secretario de
Economía, Gustavo Bareilles, y el subsecretario del área,
Eugenio Rossi.
La denuncia fue radicada en fiscalía y también presentada
en el Concejo Deliberante por el apoderado de la empresa, el ex convencional
Guillermo Hensel
Según Walter Luzzardi, titular de la empresa, los funcionarios
cometieron delito por determinar un crédito a favor del municipio
por $707.48. y “compensar el crédito detallado, con las sumas
debidas a la concesionaria hasta donde alcance la menor”. El crédito
establecido por la comuna es resultado de la supuesta sobrefacturación
en que habría incurrido la empresa durante los 10 años que
duró el contrato.
El año pasado los concejales radicaron la denuncia en la fiscalía, que comprobó
la existencia de una maniobra defraudatoria en perjuicio del erario público y solicitó un peritaje para determinar el monto total. La semana pasada se realizó la pericia y en los próximos días estaría el resultado.
En la causa figuran como imputados el dueño de Codistel, Walter
Luzzardi y el jefe del EPEN por el defasaje en la cantidad de medidores
de luz que informaba el ente provincial; dato que luego era utilizado
por la empresa para determinar el monto mensual que debía pagar
el Municipio por el servicio.
En tanto, Codistel reclama el pago de los últimos tres meses antes
de finalizar el contrato- en junio de 2008- por un total aproximado de
$480.00, cifra que la comuna decidió no pagar por la supuesta sobrefacturación
que ahora determinará la justicia.
“La diferencia en la cantidad de medidores dio una cifra diferente
a la que cobraron, y por otra parte, vimos que hubo actualizaciones de
precio que iban en contra de la legislación que desde el 2001 no
se podían hacer”, explicó el concejal Héctor
Aguilar.
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