OPINIÓN

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5/08/09-La seguridad es una de las funciones principales del Estado. El hombre, según Rousseau, Locke y Hobbes, se une en sociedad para protegerse de otros y de sí mismo. El hombre le otorga al Estado o autoridad la facultad para ejercer la violencia con el fin de garantizar el orden y la paz dentro de cada sociedad organizada.

En un principio fueron los hombres fuertes de una comunidad, después los señores feudales y el rey o emperador; hoy día, es el Estado moderno el que asume esta responsabilidad, basándose en una normatividad que establece las conductas aceptadas que permiten la convivencia civil, así como un aparato que busca garantizar y ejercer estas reglas y castigar a aquellos que deciden transgredirlas.

Los Estados democráticos contemporáneos presuponen la existencia de un estado de derecho que no sólo regula la convivencia entre los ciudadanos, sino que también limita el poder del Estado para ejercer la violencia. Se supone que éste no usará la represión, ni buscará el orden público a cualquier costo.

Existen condiciones y pasos que deben seguir. En nuestro país y sociedad, todos estos quedan incluidos dentro de la Constitución, los códigos penales, los códigos de procedimientos penales y otras legislaciones que esbozan los derechos y obligaciones del ciudadano frente al Estado.

Es importante subrayar este último punto porque la existencia de seguridad no significa necesariamente la vigencia del estado de derecho, ni que esta seguridad vaya acompañada de justicia. Es por ello vital recalcar que no es suficiente que una política garantice seguridad. Si ésta no genera justicia, ni adhesión a las leyes de la nación y pasa por alto los derechos humanos y las garantías constitucionales, es una política que no cumple con su cometido. La seguridad tiene que ir de la mano de la justicia y el estado de derecho. Las políticas que no responden a esta necesidad no son congruentes con la normatividad que regula el respeto a los derechos de la población.

Una de las primeras complicaciones al estudiar la seguridad pública es que no hay una definición única y precisa acerca de lo que es.

Cada autor, cada dependencia gubernamental tiene una definición distinta, dependiendo de sus funciones, objetivos, intereses e inclinación política.

Sin embargo, es posible hacer ciertas generalizaciones. Por ejemplo cuando se habla de seguridad cada quien la percibe de distintas maneras; esto se debe a la naturaleza dual de este término. Tiene tanto una connotación objetiva, como una subjetiva; es decir, al hablar de seguridad, cualquier tipo de seguridad, no sólo se hace referencia a la realidad palpable, sino también a una percepción individual o colectiva sobre el tema. Por consiguiente, tomar en cuenta la percepción ciudadana es crucial para las políticas de seguridad pública.

No siempre sucede que las zonas con menores índices de criminalidad sean las zonas dónde los ciudadanos dicen sentirse más seguros, y viceversa.

Es importante resaltar este punto porque cualquier política encaminada a mejorar la seguridad de los ciudadanos tiene que tomar en cuenta el carácter subjetivo de la seguridad y diseñar estrategias no sólo para disminuir el número de delitos cometidos, sino para que los ciudadanos se vuelvan a sentir seguros y regresen a los espacios públicos.

Desde hace unos años, la criminalidad y la seguridad pública se han convertido en temas centrales para la atención ciudadana. La seguridad pública se ha transformado en un tema prioritario por varias razones, pero principalmente por el incremento en la criminalidad.

La inseguridad aparece constantemente entre los principales problemas, siendo un asunto equiparable a la preocupación por la economía.

El incremento en la criminalidad no es la única razón por la que la seguridad pública ha sido foco de atención, durante las transiciones a la democracia del fin del siglo XX, la reforma del aparato de seguridad se convirtió en un tema prioritario para los procesos de democratización.

Garantizar el control civil del aparato de seguridad y alejarlo de las prácticas autoritarias y arbitrarias del pasado se volvieron metas inmediatas de los gobiernos democráticos emergentes. Un ejemplo de ello es el cambio de nomenclatura ya que actualmente en muchos países latinoamericanos se habla de seguridad ciudadana en vez de seguridad pública. Esto evidencia la democratización de este concepto y la esperanza de mayor participación ciudadana en la formulación y evaluación de las políticas de seguridad.

Las fuerzas de seguridad siguen siendo instituciones que no gozan de la confianza pública, la policía sigue siendo una de las instituciones que más desconfianza despierta. Esta desconfianza afecta de forma directa el trabajo de la policía, pues si no hay confianza, la cooperación por parte de los ciudadanos es mínima y, por ende, hay un bajo nivel de denuncia de delitos y no es posible tener una idea real de la dimensión del problema.

Si se calcula la cantidad de estos delitos denunciados que se resuelven, es evidente que se vive una situación de virtual impunidad.
Distintos académicos proponen cambiar el concepto de seguridad pública por el de seguridad ciudadana, como ya ha sucedido en otros lugares de América Latina.

Sus argumentos principales son que tanto la seguridad como la justicia deben alcanzarse utilizando medios democráticos, dentro del marco del estado de derecho. Es decir, la gestión democrática se debe convertir en una herramienta para alcanzar estas metas. Al cambiar el concepto de seguridad pública por seguridad ciudadana, la ciudadanía se convierte en destinataria de las políticas de seguridad, es a ella a quien sirve la seguridad y no a la autoridad.

Lo que ahora se debe privilegiar es que las políticas de seguridad respondan a las necesidades de los ciudadanos, y garanticen el respeto a sus derechos.

La seguridad es, al fin y al cabo, un derecho básico de todo ciudadano y ciudadana. Es así como se trata de establecer un antes y después en las políticas de seguridad; aquellas en las que el Estado era el actor central y respondían a sus intereses (llamada entonces seguridad pública) y hoy día, políticas de seguridad que responden a y ante el ciudadano (seguridad ciudadana).

La seguridad ciudadana podría ser entendida como: una tarea político-administrativa, la cual podría calcularse por los resultados en la acción del Estado ante las faltas administrativas y la prevención de delitos.

También se distinguiría la seguridad ciudadana del sistema de justicia penal, precisando a este último como: persecución, defensa y juicio, sancionando a los responsables de los delitos y resguardando a los inocentes para responder exclusivamente a normas jurídicas y no a criterios de conveniencia u oportunidad.

Es importante señalar la diferencia, pues para el Estado la seguridad pública no se limita a la prevención del delito, sino también a la persecución e investigación de los delitos cometidos.

Aún recalcando estas distintas etapas, tiene que haber una visión sistémica del sistema penal en su conjunto, dónde la fase de prevención del delito (seguridad ciudadana para muchos investigadores), justicia penal y readaptación social vayan de la mano. Si cualquiera de estas etapas no funcionan cabalmente alguna de las otras dos lo va a resentir; sin acceso efectivo a la justicia, sin un sistema penitenciario eficiente será muy difícil poder gozar de seguridad plena.

El Estado argentino ha carecido, a lo largo de su historia, de una visión coherente con los principios democráticos para brindar seguridad a sus ciudadanos y generar los mecanismos necesarios para asegurar un acceso igualitario y eficaz a la justicia, sobra decir que el sistema de seguridad pública y de justicia penal se encuentra en un momento de crisis.

Más allá de debatir si Argentina es más seguro hoy que en el pasado, vale la pena considerar que la base de cualquier Estado democrático moderno es la existencia de un estado de derecho. Por ello, su fragilidad se convierte en un gran obstáculo no sólo para garantizar el bienestar e integridad (en todos los sentidos) de la ciudadanía, sino también para consolidar y asegurar la sostenibilidad de las funciones básicas del Estado: justicia, salud, educación y seguridad. Los problemas que tiene el sistema de Seguridad Pública y de Justicia Penal están en todos los frentes.

Es un sistema extraordinariamente amplio con una infinidad de funciones, actores, instituciones, responsabilidades y procesos internos contradictorios.

A pesar de que las instituciones que la forman tienen ciertas metas generales en común, cada una tiene su propia identidad, inercias, reglas internas, preocupaciones e intereses. En la práctica cada una actúa por sí misma, muy lejos del paradigma de sistema que establece la normatividad.

Asimismo, es importante destacar que estas instituciones han demostrado ser peculiarmente ineficientes. Las organizaciones de la sociedad civil deben desempeñar un papel central en el proceso de reforma de este sistema para proponer reformas adicionales y ejercitar mecanismos de rendición de cuentas.

La eficiencia y persistencia de estos esfuerzos dependerá de que las organizaciones ciudadanas puedan asegurar un flujo consistente de información y la colaboración de las autoridades correspondientes.

El modelo de seguridad ciudadana, debe buscar garantizar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos al sistema penal; debe buscar un equilibrio entre las exigencias legítimas de protección de los individuos y las garantías constitucionales de los ciudadanos; puede experimentar con un abanico más amplio de medidas para la resolución de conflictos (mediación, conciliación, negociación, penas alternativas); debe incluir a las víctimas dentro del proceso de resolución de conflictos de carácter penal; debe buscar educar a la ciudadanía en temas de justicia y derecho, debe admitir la participación de la sociedad civil en las discusiones y buscar la transparencia de sus procesos e información.

También se propone que la seguridad ciudadana forme parte de una estrategia más amplia de desarrollo social.

Tal vez este último requisito resulte ser el más complicado para crear una política de seguridad ciudadana, pues se convierte en parte de la discusión sobre los elementos y factores que realmente producen la inseguridad y la criminalidad: ¿el desempleo? ¿la marginación? ¿la ignorancia? Y si la inseguridad tiene como origen una infinidad de problemas sociales, ¿cuántos de estos problemas realmente puede atender el sistema penal?

Es decir, si se acepta esta premisa, entonces el éxito de las distintas instituciones estatales encargadas de garantizar la seguridad depende de que se alcance el bienestar y la justicia social.

No es suficiente resguardar la estabilidad del gobierno y sus instituciones, la condición de seguridad pública significa mantener el orden y paz pública, en el que estén garantizados tanto la integridad física y los derechos que la Constitución otorga a los individuos y sus bienes, para su plena disposición, como la reparación del daño para las víctimas de un delito y la creación de mecanismos para la prevención y castigo de la delincuencia.