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JUDICIALES
Juicio oral al ex intendente Roberto Cacault
Es por el desvío de fondos y materiales en la construcción de a cancha Calafate. Podría quedar inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos
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7/09/09- El próximo 18 de noviembre el ex intendente Roberto Cacault será sometido a juicio oral y público por “malversación de fondos públicos” en la construcción de la cancha del barrio Calafate durante su última gestión como intendente . También figura como imputado el secretario de Obras Públicas de entonces.

La investigación se inició en el 2006  a raíz de una denuncia del bloque del PJ en la fiscalía por el supuesto ”desvío” de materiales y fondos en la realización de la obra entre el 2001 y 2003 . En el 2007 se inició la causa luego de que las pericias de Infraestructura provincial confirmaran la denuncia.

Actualmente Cacault  es funcionario del Ministerio de Desarrollo Territorial, y si bien reside en la localidad, se desempeñaría como asesor del Centro Pyme provincial.

El delito se configura por  el cambio de destino de una parte de los materiales y servicios destinados a la cancha sin la autorización del Concejo Deliberante. El peritaje de la justicia arrojó que, entre otras cosas,  no estaban donde deberían  estar las farolas antivandálicas, el sistema de riego y el césped. Parte de los materiales habrían sido reubicados en el gimnasio municipal Enrique Barbagelata y  la cancha de fútbol de un club local.

En su defensa, el  exintendente aseguró que el aporte no tenía fin específico y que el cambio de destino no requería la autorización del cuerpo legislativo.  

El monto asignado para la obra,  un aporte de $124.492 enviado por el gobernador Jorge Sobisch,  figura como gastado  entre el 2001 y 2003.   Según el artículo 58 de la ley provincial 53, los fondos  afectados a una obra especifica no pueden ser destinados a otros fines.

Por el delito de “malversación de fondos  públicos”  correspondería inhabilitación de un mes a tres años al “funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquélla a que estuvieren destinados” y una multa.

Asimismo, el art 261 del Código Penal indica “prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo” así como también aquel que “empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.

Fuente: diario Río Negro y Redacción Central

 



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