OPINIÓN

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9/08/09- Hace ya cuarenta años, cuando todavía ni se soñaba con el fenómeno de la globalización, en su libro “La Hora de los Pueblos”, Perón decía que “la política puramente nacional es algo casi puramente de provincias. Hoy todo es política internacional, que se juega adentro o afuera de los países”.

La cita viene a cuento del hecho de que el saldo del colapso del gobierno de la Alianza no fue solamente de orden doméstico, sino que tuvo insospechadas proyecciones en el escenario sudamericano.

Desde diciembre del 2001, la Argentina pasó a integrar, junto a Perú, Ecuador y Bolivia, el arco de países de la región cuyos presidentes constitucionales suelen ser derrocados ya no por golpes militares, como sucedía hasta la década del 80, sino por revueltas callejeras producidas en los grandes centros urbanos como ocurrió reiteradamente en Quito o La Paz. Esa misma “andinización” política forzó luego la renuncia de Adolfo Rodríguez Saá y, pocos meses más tarde, el abrupto adelantamiento de las elecciones presidenciales promovido por Eduardo Duhalde ante el temor por las derivaciones de las reacciones de protesta desatadas a raíz de la muerte de dos manifestantes en el Puente Pueyrredón de Avellaneda.

No se trata de una simple analogía periodística, sino de un punto de inflexión histórico. América del Sur está dividida actualmente por un hilo político, no ideológico ni tampoco geográfico, que separa básicamente a dos categorías de países:

La primera categoría está integrada por Brasil, Chile, Uruguay y Colombia, que tienen un sistema de partidos políticos que, mejor o peor, funciona con cierta regularidad. Todos estos países implementan también estrategias orientadas a su inserción en el escenario mundial.

La segunda categoría está compuesta por Venezuela, Bolivia y Ecuador, que carecen de un sistema político estable. En estos casos, la opción estratégica es por una política de aislamiento y confrontación en el plano internacional.

Más allá de la retórica discursiva, lo que verdaderamente define al denominado “populismo” como fenómeno político en el escenario latinoamericano del siglo XXI es su condición de sucedáneo de una “democracia fallida”. En ese sentido, el “populismo” como fenómeno político está caracterizado por la existencia de un liderazgo aglutinante sin el respaldo de una genuina organización política ni la existencia de contrapesos institucionales.

La principal diferencia que separa a Lula, Michelle Bachelet, Tabaré Vázquez y Alvaro Uribe de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa es la existencia o la inexistencia de un sistema de fuerzas políticas organizadas y de contrapesos institucionales que funcionen más o menos regularmente en sus respectivos países. Lula, Bachelet, Vázquez y Uribe se apoyan en sistemas institucionales estables y partidos políticos sólidamente constituidos. Chavez, Morales y Correa, que carecen de esas bases de sustentación, y - más aún - son en parte producto del vacío derivado de esa inexistencia, gobiernan anclados casi exclusivamente en el aparato del Estado, favorecidos por una coyuntura internacional extraordinariamente favorable por el fenomenal incremento del precios de los commodities.

Si se deja de lado la relativa atipicidad del caso paraguayo, el mapa político sudamericano presentó en estos últimos años dos mudanzas significativas. La primera de esas mudanzas sucedió en Perú. La victoria electoral del APRA (una fuerza política con hondas raíces históricas y décadas de continuidad, fundada por el legendario Víctor Haya de la Torre) sobre el mayor Ollanta Humala, cuya candidatura era respaldada por Chávez, en las elecciones que encumbraron nuevamente en la presidencia a Alan García, logró aproximar a Perú al arco configurado por Brasil, Chile, Colombia y Uruguay.

Pero la otra gran mudanza política, sin duda mucho más significativa por su notoria gravitación en el escenario regional, fue protagonizada precisamente por la Argentina, que realizó el camino inverso al de Perú. La hecatombe de diciembre de 2001, que puso fin al sistema bipartidista que rigió desde 1983, acercó a la Argentina, en términos institucionales, a la realidad imperante en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Allí reside la raíz estructural en la que luego anidó el fenómeno de Néstor Kirchner.

Para evitar confusiones, vale la pena subrayar aquí que, contra lo que afirma la prédica incesante del antiperonismo de izquierda y de derecha, el peronismo nunca fue un fenómeno “populista”, al menos en el sentido con que actualmente se utiliza esa expresión, sino un gran movimiento popular, el más importante de América Latina.

Esa condición de movimiento popular, con una fuerte identidad doctrinaria, fue la principal razón de la continuidad y vigencia histórica del peronismo luego de la desaparición de su líder. Perón siempre marcó el valor central de lo orgánico: “la organización es el primer paso para cumplir cualquier obra”.

Uno de sus apotegmas más repetidos fue aquél de que “sólo la organización vence al tiempo”. En su visión doctrinaria, siempre diferenció el concepto de “masa” de la noción de “pueblo” y destacó que la diferencia ente “masa y “pueblo” reside precisamente en la organización. Para Perón, el poder es organización y la organización es poder.

Estructuralmente, el “populismo” es pre-peronista y por ausencia de toda otra alternativa, en diciembre del 2001 el peronismo pasó a ocupar la totalidad del escenario político argentino, entendido no en el sentido del lugar de expresión de las opiniones sino en el del ámbito de toma de las decisiones.

El problema es que, al mismo tiempo, “este” peronismo, erigido en única opción de poder en la Argentina, atravesaba y atraviesa una profunda crisis, que se manifiesta en dos dimensiones estrechamente vinculadas entre sí: una seria crisis de identidad, manifestada en la ausencia de una actualización doctrinaria que lo ubique en el mundo del siglo XXI, y también una crisis de representatividad y una notoria parálisis política.

Su expresión emblemática fue la intervención judicial del Partido Justicialista, digitada desde la Casa de Gobierno, y el hecho, mundialmente inédito, de que haya sido el interventor judicial la única autoridad partidaria que consagró la candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

Estos datos constituyen mucho más que simples detalles de la vida interna del peronismo. Revelan el estado generalizado de fragilidad institucional que atraviesa la Argentina. Porque el peronismo no es sólo un partido político más, cuya suerte sólo puede importar a sus adherentes, es hoy el eje indiscutido del sistema político argentino.

En rigor de verdad, ese congelamiento político del peronismo, con el consiguiente vacío de conducción, no es obra originaria de Kirchner, sino que fue la causa misma de su encumbramiento.

En el 2003, urgido por las circunstancias y para evitar un previsible triunfo de Menem, Duhalde impulsó la anulación de la convocatoria a las elecciones internas para elegir la fórmula presidencial del Partido Justicialista. Desde entonces, el peronismo careció de una expresión política organizada a nivel nacional.

En su provisorio reemplazo, sólo quedó el aparato del Estado, convertido en la única maquinaria política en funcionamiento. Fue en virtud de esa engrasada maquinaria burocrática y presupuestaria, centrada en el manejo de “la caja” y en el control territorial de la provincia de Buenos Aires, que Duhalde pudo entronizar en el poder a Néstor Kirchner en el 2003 y que Cristina Kirchner logró imponerse en octubre del 2007.

La denominada “Concertación Plural”, que motorizó oficialmente la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos, no es el resultado de un acuerdo programático y orgánico entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, sino el entendimiento “transversal” entre la mayoría de los gobernadores e intendentes del peronismo y el radicalismo, coercionados económicamente por el gobierno nacional.

Esta realidad es consecuencia de la conversión de la política en una práctica absolutamente vacía de ideas, reducida a un conjunto de procedimientos ejecutados por una corporación de políticos profesionales cuyo único común denominador es la pretensión de sus integrantes de mantenerse indefinidamente en el usufructo de sus espacios de poder.

La principal base de sustentación material de esa estrategia de subordinación de las provincias y los municipios al poder central, que arrasa con la vigencia del federalismo consagrado por la Constitución Nacional, son las retenciones a las exportaciones, que tienen una importancia política aún mayor que su propia significación económica.

Por su carácter no coparticipable, esas retenciones conforman una gigantesca masa de fondos presupuestarios distribuida con absoluta discrecionalidad para disciplinar políticamente a gobernadores e intendentes. En términos prácticos, la Argentina es hoy un Estado unitario, que necesita imponer esa condición al propio peronismo para poder subsistir.

Este sistema político de “Partido del Estado” es coherente con el actual modelo económico de “capitalismo de Estado”. Y esta combinación político-económica constituye el núcleo del parentesco entre el “kirchnerismo” y el “chavismo”. Paradójicamente, ambos coinciden con Carlos Marx en la definición de que “el Estado es el comité de administración de los negocios de la burguesía”. El “valijagate” puso de relieve hasta qué punto el llamado “socialismo del siglo XXI”, montado en el espectacular ascenso del precio del petróleo, encubre ideológica y propagandísticamente la consolidación del poder económico de la denominada “boliburguesía” venezolana. Esa “boliburguesía” venezolana tiene ahora su réplica en la Argentina.

Es una suerte de “kirchnoburguesía” encarnada por un conjunto de empresarios asociados al poder político que, recubiertos tras la bandera del “capitalismo nacional”, eufemismo por “capitalismo de amigos”, prosperan a través de sus lucrativos negocios con el Estado, especialmente en materia de obras de infraestructura, y cuentan además con la ayuda oficial para apropiarse, total o parcialmente, de empresas petroleras, de compañías concesionarias de servicios públicos o de actividades que funcionan bajo licencia estatal, como el juego. Se trata, en definitiva, de una retórica ideológica del “setentismo tardío” combinada con una versión actualizada de aquellas prácticas corruptas de la “Patria Contratista” que imperaron en la Argentina hasta la década del 90.

El nuevo escenario político devenido luego del 28 de junio pasado, esta signado por las consecuencias de la inestabilidad energética, el alza de precios y los coletazos del dengue, gripe porcina y la crisis financiera internacional, revelando así que el “kirchnerismo” ya inició su etapa de decadencia, pero aún en esta nueva etapa la oposición no capitalizó el momento, ni tampoco el triunfo del 28 de junio, y toda la iniciativa política continua todavía del lado de Néstor Kirchner.

La Argentina, que hoy navega a la deriva en el escenario mundial, requiere recrear la acción política, en el sentido que la definía Perón como “la lucha por la idea”, para que vuelva a ser capaz de definir con claridad un rumbo estratégico, una visión de mediano y largo plazo que guíe su destino por varias generaciones, acorde con los tiempos de hoy, que brinde respuestas concretas y realizables a los problemas que afectan a los argentinos de carne y hueso, como: una actualización salarial acorde con el incremento del costo de la vida, la seguridad pública y ciudadana, la corrupción, la reforma política que implique la reimplantación de la derogada y nunca aplicada ley de elecciones internas abiertas, obligatorias y democráticas en todos los partidos políticos, en las legítimas protestas de los sectores productivos contra las medidas y actos de agresión implementados desde el gobierno, en las manifestaciones de defensa del Estado de Derecho contra los atropellos de cualquier naturaleza y en los actos de reivindicación del federalismo y la autonomía de las provincias y municipios frente a la prepotencia del poder central.

Miguel Ángel Rizza
Politólogo