El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas presentó su informe 2013

La lucha mapuche en Río Negro, la resistencia indígena ante la avanzada minera en Chubut, la judicialización de 347 miembros y autoridades indígenas en Neuquén y la violación de derechos que implica la reforma del Código Civil. Son sólo algunos de los ejes del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI). “En la Patagonia se sigue identificando al despojo territorial como el principal obstáculo para la subsistencia y desarrollo de los pueblos indígenas como pueblos autónomos”, afirma el ODHPI.
“Informe de Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en la Patagonia”, es el nombre del nuevo trabajo del ODHPI, de 97 páginas, y que cuenta con la colaboración de reconocidos defensores de pueblos originarios de la Patagonia. El informe está dividido en dos grandes apartados. El primero, puntualiza la situación de cada provincia (Neuquén, Río Negro y Chubut) y, el segundo, expone casos concretos de violación de derechos colectivos.
En el inicio dedica un apartado a la actual reforma del Código Civil y las consecuencias que tendrá sobre las comunidades. “Este proyecto (enviado por el Ejecutivo Nacional) será promotor de desalojos indígenas y promotor de condenas penales por usurpación”, asegura el Observatorio, y recuerda que se violó el derecho a consulta de los pueblos indígenas (establecido en normas supralegales) e incluso contradice a la Constitución Nacional al no reconocer que la posesión tradicional indígena implica propiedad.
El informe puntualiza una decena de carencias, que vulneran derechos indígenas, del proyecto que es tratado en el Congreso Nacional. “Nadie en su sano juicio podría decir, sin pagar costos políticos, que las organizaciones y los pueblos indígenas apoyan el texto impulsado y sostenido por el gobierno nacional, tal cual como se quiere aprobar en el Congreso”, advirtió el informe 2013.
Respecto a la situación en Neuquén, puntualiza que es “particularmente grave” la situación por la avanzada de la frontera hidrocarburífera, especialmente de los llamados “no convencionales” (con el método de fracking o hidrofractura) con la explotación de la formación geológica “Vaca Muerta”. Explica que el gobierno nacional y el provincial han ya reconocido que se privilegiará la actividad extractiva por sobre las comunidades. “Ninguno ha tomado en cuenta ni la consulta ni la participación de las comunidades mapuce afectadas. Esto es una constante y muchas de las veces se constituye a su vez, en origen de otras múltiples violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Recuerda que recién en 2012 se firmó el convenio para la ejecución de la Ley 26160 (aprobada en 2006, que debiera frenar las órdenes judiciales de desalojos e insta a un relevamiento territorial). Puntualiza que la aplicación en Neuquén sigue demorada. Y todo un apartado se dedica a la criminalización. Desde 2005 hasta 2012, al menos 347 miembros del Pueblo Mapuce han enfrentado procesos judiciales.
“Los datos mencionados muestran que el objetivo del Estado en la utilización del sistema penal contra los mapuce tiende a perseguir las acciones que demuestran ejercicio de derechos (…). El Estado protege con esta política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del respeto de los derechos humanos, individuales y colectivos de los indígenas. Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional, política y represiva para, en definitiva, transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado”, resume el informe.
De Río Negro destaca avances legislativos pero denuncia que la violación de los derechos de las comunidades mapuce son “recurrentes” y aclara que no funcionan los canales que debieran encausar los reclamos. En cuanto a la aplicación de la Ley 26160, se relevaron 64 de las 124 comunidades indígenas y, en la actualidad, se encuentra suspendido el trabajo del Equipo Técnico Operativo). Y recuerda el informe, de 2012, de la Auditoría General de la Nación, en el que se denuncian irregularidades y desmanejos presupuestarios.
En la situación de Chubut sobresale la “avanzada de la megaminería”, sobre todo en la meseta de la provincia (zona del Pueblo Mapuche-Tehuelche), de la mano de la empresa Pan American Silver en el proyecto llamado “Navidad” (de plata y plomo). El ODHPI recuerda que en Chubut está vigente la Ley 5001 (que prohíbe la actividad), pero igual el gobierno provincial habilitó la exploración en cercanías de Gan Gan y Gastre. Y recuerda que fue (y es) vulnerado el Convenio 169 de la OIT (convenio internacional que en Argentina tiene rango supralegal).
El Apartado II del informe puntualiza los conflictos por violaciones a los derechos colectivos. Detalla los casos de la comunidad Quintriqueo (sur de Neuquén), el Lof Prafil-Calfupán (Río Negro) y la comunidad Jacinto Antileo (Chubut). También aborda la equidad de género desde el punto de vista Mapuce.
Conclusión
“Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia (…) Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos”, afirma el ODHPI y apunta como causante, en parte, al “modelo económico impulsado y profundizado, tanto a nivel nacional como en los gobiernos provinciales, que pone el centro en la explotación de los recursos naturales para su exportación o para garantizar las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas”.
Remarca las consecuencias en la Patagonia de la actividad petrolera y minera, afirma que “los Pueblos Indígenas recuerdan que las consecuencias del colonialismo persisten a pesar de la descolonización” y subraya como “lo más grave” es que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas se producen con “el impulso del Gobierno, la inhibición de la legislatura y el respaldo de la Justicia”.