Concejales de la oposición iniciarían acciones si funcionarios y ex funcionarios no presentan las Declaraciones Juradas

La concejal María Elena Brinckmann (Partido Solidario) y la concejal Julieta Fernández (PRO), sostuvieron ayer que en el caso de que en marzo los ex funcionarios que aún no presentaron su Declaración Jurada “de salida” no concreten el trámite, podrían iniciar acciones legales.

“Podríamos presentar un Pedido de Informes, pero de todas maneras, la ordenanza aún no está reglamentada y al no estar en gestiones, no sé hasta qué punto puede tener efectos”, condicionó  Fernández.

“Ahí ya tiene que haber otro estamento que se involucre y la realidad es que  hoy no tenemos Defensor del Pueblo ni Auditor”, agregó Brinckmann.

En cuanto a los funcionarios en ejercicio que aún no completaron el trámite ( por ejemplo todos los concejales del MPN), ambas indicaron: “ en ese punto la cuestión es diferente porque podría haber sanciones”.

Por otro lado, Brinckmann indicó que la actual ordenanza que estipula cómo deben ser las presentación de las DJ, “ Es demasiado prejuciosa, la ordenanza que se inició  con el gobierno de Panessi, pautaba que el funcionario presentaba su declaración al iniciar su gestión y otra al  finalizar. El objetivo de esto era comprobar si hubo enriquecimiento ilícito, pero solo se abrían los sobres  si había sospechas de malversación de fondos y de enriquecimiento ilícito. No estaba a la vista de cualquier persona la Declaración jurada. La Ordenanza actual quita esos parámetros de seguridad individual y pone al alcance de cualquier persona la posibilidad de conocer los bienes que tiene un funcionario”.

En este sentido, Fernández también coincidió con la concejal justicialista.

Asimismo, descartaron que la norma actual “alimenta lo que es la antipolítica, o sea el pensamiento de que todo político va a entrar al estado para enriquecerse”.

“La corrupción está en la política, pero la mayoría no somos así y por eso hablo de prejuicios”, remarcó Brinckmann.

Por su parte, Fernández sostuvo que en los próximos días  el ex concejal de su partido, Gustavo Zwanck, concretará la presentación.

Por último, ambas concejales – al igual que el edil del CCI ARI, Fabián Fasce y la Justicialista Mirna Gómez-  no mostraron objeciones respecto de que la prensa pueda acceder a sus declaraciones.  Sin embargo, solo Fasce no puso reparos respecto de que se publique la información.

Sanciones

En el 2010 el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que reglamenta la presentación de las declaraciones juradas, donde entre otras cosas, se establecen las sanciones.

Para presentar la Declaración, los funcionarios tienen un plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha en que asuman en sus respectivos cargos.

El Artículo 8°, establece que el funcionario público que no diere cumplimiento a la presentación de la declaración jurada patrimonial en tiempo y forma, será pasible de las siguientes sanciones:

a) RETENCION: equivalente al 100% (ciento por ciento) de su remuneración, cuando no presentare la declaración jurada patrimonial en el término fijado en la presente ordenanza. Dicho importe será retenido de sus haberes o dietas, por intermedio de la Dirección de Personal de la Municipalidad de Villa la Angostura a requerimiento del Presidente de Concejo Deliberante.

b) CESANTIA: si vencido el plazo establecido por la presente ordenanza fuere intimado para presentarla y no lo cumplimentara dentro de los 10 (diez) días hábiles de la notificación fehaciente.   En tal caso, no podrán asumir cargos públicos en el gobierno municipal por el término de 5 (cinco) años. El derecho de defensa garantizado como principio constitucional  será valorado en la instrucción del correspondiente procedimiento sumario. En el caso de Funcionarios electos se aplicarán los procedimientos previstos por la Carta Orgánica Municipal para la cesantía de los mismos.-

c) EXONERACIÓN: En caso de comprobarse falsedad u omisiones dolosas en su contenido, la Municipalidad de  Villa la Angostura  deberá en forma inmediata habilitar el procedimiento sumario correspondiente y radicar la denuncia penal pertinente.