El asesor legal cobra $5.750 por día que trabaja "en la municipalidad"

“No está el Doctor, no sabemos si hoy viene”, la explicación que está mañana brindó una trabajadora del área de Legales, es práctiamnet esimiliar a la que brindaran desde esa repartición en abril de este año, cuando Diario Andino preguntó si se puede ubicar al Asesor Legal de la comuna, Julio Saravi Casco.

“Viene una vez por semana o bien cuando se lo necesita”, remarcó amablemente la empleada y aseguró desconocer la ajenda del letrado.

 Este medio buscó en varias ocasiones al abogado para saber a ciencia cierta porqué firmó en marzo el Dictamen Legal que –de no haber tomado estado público por este medio- le hubiera permitido al Hotel Correntoso habilitar tres casas por fuera de las ordenanzas vigenetes. Nunca fue posible entrevistarlo.

 El contrato de locación de servicios que tiene con el municipio ( al menos el vigente entre el pasado 1 de octubre y el 31 de Diciembre) establece que el abogado percibirá $ 69.000 por sus funciones, pagaderos en tres cuotas de $ 23.000 mensuales.

La contratación de Saraví Casco no es nueva. La gestión Caruso “lo arrastra” desde la gestión del ex intendente Roberto Cacault.

A principios del 2012 el ex jefe comunal decidió contratar a un letrado no residente en Angostura y fue llamativo ya que en ese momento había unos 15 abogados que vivían en la localidad. Actualmente hay 12 abogados que publican sus avisos en las guías locales, no obstante se insiste con contratar a un letrado de San Martín de los Andes.

 Saravi Casco fue "socio" -en la su actividad privada- del concejal Guillermo Hensel en el estudio que representó a Walter Luzzardi ( titular de Codistel) en su acción legal contra el municipio; la polémica hostería Ona que operaba sin habilitación,  y a la familia Winegardner  (propietarios del Mallín Americano), quienes interpusieron acciones legales para evitar la expropiación de las tierras para la planta de Tratamiento de líquidos cloacales.

 La página oscura

En el 2010 Saraví Casco fue sancionado por el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Junín de los Andes con tres meses de inhabilitación para ejercer por un caso de división de condominio en San Martín de los Andes en el que el abogado intervino y que generó la denuncia de una de las partes.