Derecho de huelga vs. Derecho a la educación

He perdido la cuenta ya de cuántos días sin clases hemos tenido en el ciclo lectivo 2017. Paros de docentes, paros de auxiliares, falta de servicios públicos, jornadas institucionales provinciales, jornadas institucionales nacionales, etc… En fin, un abanico de circunstancias con un solo denominador común: un niño privado de educación.

 Privar a un niño de educación equivale –no sólo jurídicamente- a privarlo de cualquier otro derecho personalísimo (humano), como la vida, la libertad, la seguridad de su persona, la igualdad ante la ley, etc.

El gremialismo argentino parece haber perdido la capacidad de interpretar correctamente la realidad, manteniendo una matriz de razonamiento y acción que –en la posmodernidad- resulta inútil para proteger los derechos de los trabajadores que deben representar.

Y es que, en lugar de transmitirle eficazmente a la sociedad cuáles son sus legítimos reclamos, terminan tomándola por rehén y perjudicándola gravemente, pensando que –de ese modo- aquélla se hará eco de estos, presionando al cada vez más ciego, sordo y mudo Estado. Lamento informarles que no es así.

Por el contrario. Los ciudadanos se desentienden cada vez más de los problemas sectoriales que afectan a los trabajadores que los gremios dicen representar y, en lugar de comprenderlos y apoyarlos, terminan denostando (y detestando) toda actividad gremial y –sobre todo- los anacrónicos métodos de protesta que utilizan.

Ni hablar cuando, en el caso puntual de la educación de nuestros hijos, la regularidad de las clases se ve afectada por una “adhesión” al reclamo de otro sector; ni siquiera por un reclamo propio de los auxiliares docentes. Esto no sólo es irrazonable… ¡¡¡Es aberrante e irresponsable!!!

Insisto: Si pretenden que, privando a nuestros hijos del derecho a la educación, comprendamos cuál es la razón de su reclamo, lejos están de conseguirlo. Si pretenden que, avasallando los derechos de nuestros hijos, nos solidaricemos con los sectores con los que ustedes dicen solidarizarse, están equivocados. Si pretenden que, violando un derecho humano de nuestros hijos, la sociedad salga a defender los derechos que ustedes reclaman, no lo lograrán.

Sepan que terminan siendo funcionales al Estado neoliberal, a la oligarquía y a todo eso que dicen combatir.

Como bien ha dicho Martín Caparrós: “La educación pública ya no es para todos, ni para el que la elige; es para quien no tiene más remedio. Tres de cada cuatro alumnos estatales pertenecen al tercio más pobre de la población. Entre el 20 por ciento más pobre, nueve de cada diez van a la escuela pública; entre el 20 por ciento más rico, uno de cada siete. Y la tendencia se acelera: en 1997 el 24 por ciento de los chicos acomodados iba a escuelas públicas; en 2006, según un informe del Centro de Estudios de Políticas Públicas, sólo el 15 por ciento. Así que, entre 2003 y 2006… …800.000 argentinitos –casi todos los que pueden– pasaron del público al privado. En la escuela sarmientina quedan los que no pueden: los más pobres. La tendencia se mantiene, la privatización aumenta.

Según la Encuesta Permanente de Hogares, del 26 por ciento de chicos que iban a escuelas privadas en 2003 se pasó, en 2011, al 37,5 por ciento.” Esta tendencia se mantiene en la actualidad.

Entiendan, de una buena vez, que haciendo lo que hacen contribuyen a este resultado; y este resultado es – precisamente- el querido por el neoliberalismo, la derecha, la oligarquía, el cipayaje o como quieran llamarle: Una población sumida en la ignorancia, fácilmente manejable e influenciable por el poder político.

Esto me obliga a preguntarme: ¿No lo ven? O ¿Son cómplices del modelo que dicen combatir? Dada la perversión del sistema político argentino (y sus actores), estoy más inclinado a pensar lo segundo que lo primero.

Ya que se llenan la boca hablando de derechos, les recuerdo que el derecho a la educación es un Derecho Humano con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN), reconocido y mandado a garantizar por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XII), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 26), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 13), y la Convención sobre los derechos del Niño (art. 28). Cuando el Derecho de Huelga (también constitucional) conculca un derecho humano, necesariamente debe ceder. Máxime cuando los titulares de esos derechos son niños que ni siquiera pueden hacerlos valer por sí mismos.

Luchar por la educación pública dejando a los niños sin clases es como luchar contra la suciedad cortando el agua.

Y no olviden lo que ha dicho Jesucristo: “En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis.” (Mateo 25:40)

SEBASTIÁN LEGUIZAMÓN CHARIF

DNI: 24.929.991