Imputan a policía por violación de deberes y abuso durante una requisa

La representante del Ministerio Público Fiscal Lucila Maggiora acusó a un policía de la provincia de Neuquén por violación de sus deberes y por abuso sexual simple en contra de una adolescente, durante una requisa en la calle en la ciudad de San Martín de los Andes.

La fiscalía solicitó calificar el hecho como violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por personal perteneciente a la fuerzas  policiales en ocasión de cumplir sus funciones (artículos 248; 119 5to párrafo; 54 y 45  del Código Penal), en calidad de autor.

La teoría del caso que presentó Maggiora es que el 12 de  noviembre de 2017 en la ciudad de San Martin de los Andes,  en las inmediaciones del edificio de Parques Nacionales frente a  la plaza principal y en su carácter de empleado policial, M.G.P violó los deberes estipulados y  abusó  sexualmente de la adolescente que en ese momento era menor de edad.

Lo hizo mediante su uso autoritario e  intimidatorio en el cumplimiento de sus funciones. En el marco de un procedimiento policial le realizó una requisa personal y  cuando la víctima se encontraba inmovilizada frente a la pared, procedió a manosearla.

La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que de acuerdo a la legislación vigente, dicha requisa sólo debe ser realizada cuando exista razón suficiente, previa invitación a la persona para que exhiba los objetos  en presencia de testigo y mediante personal femenino en caso de ser mujer la persona revisada.

La funcionaria judicial también solicitó que se le impongan medidas cautelares al efectivo.

El juez de garantías Nazareno Eulogio, tal como lo solicitó la fiscalía, dio por formulado los cargos e impuso  una serie de medidas cautelares: el acusado deberá abstenerse de tener todo tipo de contacto visual o telefónico con la víctima, así como también le ordenó que se abstenga de tener conflictos con el progenitor de la denunciante. Todo esto en el plazo que dure la investigación, fijado en 4 meses.

En la defensa del imputado estuvo a cargo  de los abogados  particulares defensores Saúl Castañeda y Carlos Muñoz.