Diez claves para entender las causas del estallido social en Chile

1) Desigualdad

Políticos y expertos han afirmado que el alza de la tarifa del metro es solo la "punta del iceberg" de los problemas que están aquejando a los chilenos.

La palabra "desigualdad" se ha apoderado del debate en estos últimos días, con cientos de manifestantes insistiendo en que la brecha social en el país sudamericano es desmedida.

Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.

Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos (US$423) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (US$562) al mes.

Con este salario, los manifestantes alegan que un alza en el pasaje del metro es inconcebible.

Más aún si se considera que el transporte público en Chile es uno de los más caros en función al ingreso medio.

Así lo determinó un reciente estudio de la Universidad Diego Portales, de un total de 56 países alrededor del mundo, Chile es el noveno más caro.

Así, hay familias de bajos recursos que pueden gastar casi un 30% de su sueldo en transportarse, mientras que dentro del nivel socioeconómico más rico, el porcentaje de gasto puede ser menos de un 2%.

De esa manera, la sensación entre los ciudadanos chilenos es que no ha habido respuesta de los gobiernos de turno a una problemática que se arrastra hace décadas.

Cristóbal Bellolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, asegura a BBC Mundo que "este es ciertamente un problema estructural del sistema socioeconómico chileno. No es un misterio que Chile es un país muy desigual a pesar de que hay mucho menos pobreza que antes".

"La situación de aquellos que salen de la pobreza sigue siendo muy vulnerable y se percibe que hay una clase de ricos que tiene todas las herramientas para saltarse las reglas", agrega.

Para Bellolio, el alza en el pasaje del metro finalmente se suma al incremento en el costo de la luz, del agua y a la crisis en el sistema público de salud.

También tiene que ver con las pensiones: hace bastantes años que Chile está discutiendo una reforma al sistema de pensiones privado que, para muchos, tiene importantes deficiencias.

"Es un cóctel que no provee de esperanzas de que vayan a ver tiempos mejores, que es justamente la promesa del gobierno de Piñera. Por el contrario, creo que la gente percibe que los tiempos son peores", dice.

Una opinión similar tiene Claudio Fuentes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales.

"Hubo un gran crecimiento de la clase media pero es una clase media precarizada, que tiene bajas pensiones, altos niveles de deuda, que vive mucho del crédito y que tiene sueldos muy bajos. Es una situación donde el día a día es precario, que vive con incertidumbre", dice a BBC Mundo.

2) ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de Sebastián Piñera en todo esto?
Tanto la oposición política al gobierno de Sebastián Piñera como algunos de sus propios partidarios han coincidido en que la actual administración reaccionó tardíamente a las manifestaciones.

Se ha dicho que no hubo explicaciones claras sobre el alza de la tarifa y que se demostró una "falta de empatía" con los problemas de la gente.

De hecho, ante las primeras protestas, ministros del gobierno de Piñera sugirieron tomar el metro más temprano, a las 7 de la mañana, para evitar pagar el alza, lo que ha sido blanco de críticas.

Además, se ha cuestionado que las autoridades se limitaron a amenazar con la Ley de Seguridad del Estado, sin abordar el fondo del petitorio, y calificando a los manifestantes de "delincuentes" en repetidas ocasiones.

"Fue una protesta lenta, que subió en intensidad gradualmente, con muchos momentos para reaccionar. Pero no hubo más que dos respuestas: la tecnocracia y la represión. El panel de expertos define la tarifa, las Fuerzas Especiales la hacen cumplir. Planillas Excel y lumas (palos), mientras la política permanece ciega, sorda y muda", dice el periodista chileno Daniel Matamala en una columna a La Tercera.

En particular, el presidente Piñera ha sido fuertemente cuestionado luego de que el viernes —mientras se incendiaban varias estaciones de metro— se le vio cenando en un restaurante de Vitacura (una de las comunas más ricas de Santiago), donde le estaba celebrando el cumpleaños a uno de sus nietos.

Así, los líderes de coaliciones políticas de oposición, como el Frente Amplio, han salido a criticar al mandatario y sus ministros.

"Gobierno insiste concentrar su discurso en criticar la violencia, pero con sus acciones hasta ahora solo ha contribuido a ella. Indolencia ("levántense más temprano"), incomprensión ("escolares no tienen motivos para protestar") y represión (militares en la calle). Así no!", dijo el diputado Gabriel Boric a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, indicó: "Solo queda pensar qué distinto sería Chile si los gobiernos escucharan antes a la gente".

Incluso, un exministro del primer gobierno de Piñera, Harald Beyer, señaló a La Tercera que este episodio "demostró la falta de habilidad y destrezas que ha exhibido el Gobierno para enfrentar situaciones como ésta".

De todas maneras, la oposición tampoco se ha librado de las críticas: también se ha dicho que reaccionaron tarde y que no han hecho nada para mejorar la calidad de vida de los chilenos, además de apoyar la violencia en estas manifestaciones.

"La oposición cometió un gran error: validó la violencia. Ellos no lo han dicho explícitamente pero se desgastaron en contextualizar la violencia como parte del descontento. Y en ese sentido, el partido comunista y el Frente Amplio han remado para el otro lado y han azuzado el fuego", dice Cristóbal Bellolio.

3) El sistema de pensiones
Es quizás uno de los temas más polémicos de los últimos años en Chile.

El sistema de pensiones que actualmente rige en ese país—creado en 1982, durante el gobierno militar liderado por Augusto Pinochet—, ha sido fuertemente criticado por diversos actores sociales y también defendido por otros.

En palabras simples, el mecanismo provisional chileno es suministrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones.

Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación.

En los últimos años ha habido diversas protestas en contra de las administradoras de fondo de las pensiones AFP.

Pero este sistema no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. Se ha dicho que el modelo no es capaz de entregar "pensiones dignas", y que ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la desigualdad del ingreso.

Incluso el propio presidente Piñera, durante su primer mandato en 2013, dijo: "Cuando se diseñó este sistema de pensiones, lo que se buscaba era que las personas pudieran jubilar con una pensión que fuera el 70% del sueldo de los últimos cinco años y eso no está ocurriendo".

Los cuestionamientos a este modelo —que, precisamente, fue ideado por el hermano del presidente chileno, José Piñera— han aumentado ostensiblemente en los últimos años, provocando grandes manifestaciones en contra. En 2016, salieron a protestar a la calle unas 600.000 personas que exigían el fin de las AFP.

Una de las agrupaciones que ha liderado estos reclamos se llama "No+AFP". Para ellos, las administradoras de pensiones en Chile "son bancos encubiertos de los empresarios más ricos de nuestro país". "(Utilizan) los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital en pocas manos", dicen.

Bettina Horst, subdirectora del centro de estudios chileno Libertad y Desarrollo, no comparte esta consigna aunque reconoce que efectivamente se ha instalado un discurso en contra de las AFP.

"Cuando se habla de que las AFP nos están robando los recursos, no es así; ni una AFP ha robado ni un peso . Pero está instalado de que las AFP nos roban", explica a BBC Mundo.

Por su parte, la cientista política y presidenta de la fundación Chile 21, Gloria de la Fuente, explica que los reclamos tienen que ver con que "las personas en este país pueden trabajar toda su vida, cotizar toda su vida, y recibir una miseria".

"El 80% de las personas en Chile recibe pensiones que son menores al sueldo mínimo", le dice a BBC Mundo.

Actualmente, hay una reforma al sistema provisional en el Parlamento de Chile.

El proyecto de ley —una de las promesas de campaña de Piñera— fue ingresado en noviembre de 2018 y busca, a grandes rasgos, aumentar el ahorro previsional de los trabajadores mediante el aporte adicional y mensual del 4% del sueldo de cada trabajador, financiado por los empleadores.

La iniciativa, sin embargo, genera dudas en asociaciones como "No+AFP" y en sectores políticos de oposición.

"La reforma de este gobierno no soluciona el problema, ni ahora ni cuando esté en régimen -en 48 años más-. Debemos actuar hoy para los nueve de cada diez pensionados que reciben menos de 300.00 pesos como jubilación", dijo el diputado del partido Revolución Democrática, Giorgio Jackson.

Para De la Fuente, estas últimas manifestaciones representan un "punto de inflexión" y, por lo mismo, la discusión en torno a las pensiones va a tener que cambiar.

"Si antes estaba centrada en si manteníamos o no el sistema de AFP, ahora el foco va a ser cómo hacemos para que las personas se jubilen de una manera digna", dice.

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Con esto, se podría abrir el debate respecto a otro de los sistemas que ha sido cuestionado en Chile: el sistema tributario.

"En este país, la política redistributiva no logra romper con la desigualdad. Y con este sistema tributario, el calculo que hacen varios economistas es que al final terminan pagando menos, y no más, las personas más ricas", explica De la Fuente.

 4)Salud y desprotección
El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional).

Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), las personas afiliadas a FONASA alcanzan el 80%, mientras que las que tienen acceso al sistema privado de ISAPRE representan menos del 20%.

Y, aunque el seguro público ha mostrado mejoras en los últimos años, aún tiene muchos asuntos pendientes.

Entre ellos, la ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de reducir las listas de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi dos millones de personas.

Por su parte, en las Isapres los reclamos tienen que ver con el alza de precios de los planes de salud, la baja cobertura, las preexistencias y el acceso restringido a centros de salud.

En un discurso en 2018, el presidente Piñera aseguró que "más de tres cuartas partes de la ciudadanía no está satisfecha con la gestión gubernamental en salud y existen razones fundadas para ello".

"Ninguno de los seguros de salud está cumpliendo a cabalidad su objetivo y existen deficiencias importantes que subsanar", agregó.

Y esta fuerte sensación de desprotección ha generado descontento.

"En Chile solo el 20% de la gente puede pagar por una atención de mejor calidad, pero el 80% de la población tiene que atenderse a través del sistema público. Eso genera una diferencia enorme porque aunque tengamos patologías garantizadas en FONASA, aún muchas no están cubiertas y, además, hay gran lentitud en la atención. La gente está muy desprotegida", explica Gloria de la Fuente.

Bettina Horst, en tanto, asegura que aunque en Chile se han inyectado muchos recursos para mejorar la salud, los resultados no son los mejores. "Esto pasa porque los pabellones no son utilizados todo el día, porque las listas de espera aumentan y por un tema de gestión, no se controlan bien los insumos, etc", dice.

5)Transporte público: un problema sin resolverse
La red de transporte "transantiago" (hoy renombrado como Red Metrop olitana de Movilidad) se creó hace 12 añoscon la promesa inicial de ser un transporte público de calidad, sustentable y sin subsidios estatales.

Sin embargo, hoy representa uno de los mayores problemas que enfrenta la capital de Chile, Santiago.

Y lo cierto es que, desde su creación, este modelo de transporte nunca ha dejado de recibir críticas.

Durante su primer mes de circulación en febrero de 2007 el caos fue total, con graves problemas en cuanto a la instalación de validadores y un error en la programación de estos, lo que obligó a que el sistema fuera gratuito durante su primera semana de operación.

Desde sus inicios en 2007, el "transantiago" experimentó problemas de planificación, diseño e implementación.
En definitiva, el "transantiago" tenía problemas de planificación, diseño e implementación, generando un colapso total del transporte público.

Y las culpas políticas de un lado a otro entre los gobiernos de los expresidentes Michelle Bachelet —que puso en marcha el plan—, y el de Ricardo Lagos —que lo creó— no cesaron.

A pesar de varias reestructuraciones, reasignación de recorridos, medidas de contingencia e inyecciones millonarias de inversión a lo largo de estos 12 años, la red de transporte no ha logrado responder de manera eficiente al gran flujo de personas que viaja diariamente dentro de la ciudad.

El gobierno chileno declara el estado de emergencia en Santiago por las protestas por el alza del precio del metro
Largas esperas para abordar buses y el metro, sumado a demoras en los viajes, forman parte de los problemas a los que se enfrenta buena parte de la población.

Y, aún así, su precio es caro: según un reciente estudio de la Universidad Diego Portales de Santiago, de un total de 56 países alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes.

Hoy, el sistema sigue generando déficit (3.000 millones de pesos en 2018) y sus índices de evasión continúan siendo altos: en el segundo trimestre de este año, el porcentaje de evasión fue de un 25,7%.

"Estructuralmente, la política pública implementada por Michelle Bachelet fue un error y hoy día estamos pagando las consecuencias", dice la subdirectora de Libertad y Desarrollo.

Esto explica, en parte, por qué hubo tanto descontento social cuando la administración de Piñera decidió aumentar la tarifa en 30 pesos.

6) Privatización del agua
Otra de las políticas que genera cuestionamiento entre varios chilenos es el Código de Aguas.

El modelo de gestión —que fue establecido en 1981— genera polémica en el país sudamericano pues sus críticos dicen que, si bien reconoce el agua como un bien nacional de uso público, establece que los particulares (o privados) puedan constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo.

Además, se alega que es un sistema "absolutamente privado".

Rodrigo Mundaca, líder del Movimiento de Defensa del Agua la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), ha insistido en el cambio de esta regulación y ha señalado públicamente que en Chile no hay sequía sino "saqueo".

Para él, los privados hacen un "aprovechamiento" del agua de tal forma que termina por desabastecer al resto de la población.

"Chile es el único país del mundo que mantiene privatizadas sus fuentes de agua desde la dictadura", dice. El activista agrega que "aquí los empresarios pueden comprar, vender o arrendar agua".

Hoy, si bien hay una reforma al Código de Aguas en el Parlamento, sus críticos dicen que no es suficiente.

Para Mundaca, por ejemplo, la única forma de solucionar este problema es hacer una reforma a la Constitución Política, derogando el artículo 19 numeral 24, que es el que consagra la propiedad privada.

Sin embargo, para hacer una reforma a la Constitución en Chile se necesita la aprobación de dos tercios del Senado. Y "esos votos no están", reconoce Mundaca.

9) Educación y la movilidad social
La demanda por una mejor educación explotó en 2006 con la famosa "revolución pingüina", cuando estudiantes secundarios salieron a las calles a exigir mejoras en esta materia.

Luego, en 2011, regresó con aún más fuerza el movimiento estudiantil, marcando la actualidad durante varios meses y presionando al gobierno (el primero de Sebastián Piñera) a hacer cambios de fondo al respecto.

Movilizaciones en Chile exigieron gratuidad y una mejor calidad en la educación en 2016.

Y aunque este petitorio está hoy pasando por un momento de poco protagonismo —en parte gracias a que se logró la gratuidad en la educación superior para el 60% de la población chilena—, la verdad es que expertos coinciden en que aún hay mucho por mejorar en cuanto a la educación en el país.

"Cuando la gente accede a la educación superior, lo hace desde un sistema que ya viene haciendo una selección previa. La educación básica y media en Chile son espacios de segregación también porque si puedes pagar por una educación básica de calidad, entonces vas a poder acceder a una educación universitaria de buena calidad que te garantiza movilidad social", explica De la Fuente.

"Hay una demanda que está ahí, hoy calmada, pero es un tema que no ha desaparecido porque la promesa de la educación es la movilidad social", agrega.

De esta manera, la educación sigue siendo, para muchos, una piedra de tope para avanzar hacia una mejor calidad de vida.

10) Abusos y corrupción
Colusiones entre empresas para fijar precios de sus productos, evasión de impuestos de grandes compañías y el destape de la corrupción en diversas instituciones son parte de los escándalos que se han apoderado de la portada de los diarios chilenos en los últimos años.

"Los abusos están en el medio de este malestar de la gente", dice Gloria de la Fuente.

Respecto a la colusión, uno de los casos que generó mayor impacto fue el de las farmacias en 2008.

Según una investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, tres grandes cadenas —Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde y Salcobrand— se habían puesto de acuerdo en alzas concertadas en los precios de al menos 222 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades crónicas.

Lo mismo sucedió en el caso del papel higiénico, donde dos grandes empresas que controlaban la industria —Papeles Industriales (PISA) y CMPC Tissue— se pusieron de acuerdo para fijar el precio de este producto por más de una década en supermercados, farmacias y cadenas mayoristas.

De acuerdo con la investigación, con esta maniobra las empresas ganaron alrededor de US$23 millones cada una.

Tanto la colusión de las farmacias como la del papel higiénico impactó profundamente a la sociedad chilena, pues ambos productos son servicios básicos.

A estos abusos, se suman los casos de corrupción en la política que marcaron la agenda entre 2014 y 2017.

El hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos (a la derecha), se vio involucrado en el Caso Caval.
En aquella ocasión, tanto la coalición política de derecha (con el Caso Penta y SQM) como el propio gobierno de Michellet Bachelet (con el caso Caval) estuvieron salpicados por temas relativos a financiamientos ilegales de campañas políticas y boletas falsas.

La lista de corrupción siguió en 2018 con el Ejército de Chile, donde se procesó a diversas autoridades por malversación de fondos públicos. Poco tiempo después salió a la luz un fraude en Carabineros, la fuerza policial chilena.

Y así, los empresarios, la clase política, el ejército y Carabineros son algunas de las instituciones que han sido fuertemente cuestionadas en Chile en un período de tiempo no demasiado grande.Y como es de esperar, esto provocó un gran malestar entre la gente.

"Estamos en una fase de descrédito acelerada de la política y de las instituciones en general. Y cuando tú tienes un problema de confianza en las instituciones, finalmente lo que incubas es un problema de legitimidad de aquellos que te gobiernan. Eso es lo que nosotros no fuimos capaces de solucionar a tiempo, como país", explica Gloria de la Fuente.

Según la cientista política, hoy casi el 80% de las personas dice que la administración del Estado es "corrupta o muy corrupta".

"Y hay una sensación de impunidad muy grande. Aunque ha habido gente presa e investigaciones, la sensación es que el que es rico y roba, finalmente no paga", agrega.

Por su parte, Bettina Horst matiza que "hoy día la gente se siente frustrada porque, efectivamente, ve corrupción; pero no somos un país corrupto como lo fue en su momento el estallido en Brasil".

Horst, sin embargo, agrega que "sí se ha instalado un discurso del abuso, sobre la base de muchas consignas. Tanto la izquierda como sectores de derecha se han subido a un discurso que genera ruptura. Se busca deslegitimizar a las instituciones y creo que eso se ha logrado con fuerza".

Sea como fuere, tras los días más violentos desde el retorno a la democracia en Chile, la sensación es amarga. Y, mientras no se aborden parte de estas "deudas sociales", los expertos coinciden en que será difícil calmar la "furia" de los ciudadanos.

Fuente: bbcmundo.com