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OPINIÓN

La falsa denuncia y la difamación, ¿nueva estrategia de comunicación del Ejecutivo Municipal?

El lamentable episodio ocurrido días atrás dejó un triste precedente de violencia institucional y torpeza política jamás vista en el Municipio. Por Mariana Muriel Fernández.
06/05/2020
La falsa denuncia y la difamación, ¿nueva estrategia de comunicación del Ejecutivo Municipal?

Es dificil escribrir una nota de opinión sobre un hecho que te afecta personalmente. Quise esperar a que la justicia se expidiera y decidí tomarme todos estos días para reflexionar sobre lo que había pasado.

No fue sólo el mal momento por el maltrato de dos funcionarios políticos del intendente cuando intentaba acceder a la información pública, sino - más grave aún- la difamación y la violencia institucional validada por el jefe comunal a través de los canales institucionales del Municipio y medios afines al gobierno.

Fue el Estado Municipal contra una periodista de un pequeño medio. Fue el poder del Estado contra una periodista que intentaba acceder a información pública.

Para que se entienda bien, estos fueron los hechos:
-Presenté una nota para poder tomar vista de los decretos de febrero, marzo y parte de abril, que de otra manera no se podría acceder (el Ejecutivo incumple la ordenanza por la cual todos los decetos deberían estar publicados en la web).

-Personal de la Secretaria tomó la nota, me dejó pasar, me ubicó en un lugar y me dio el bibliorato con los decretos de febrero.

-Cuando pedí ver la carpeta de decretos de marzo comenzó el hostigamiento sistemático de la secretaria privada para que me fuera del lugar, incluso me amenazó con llamar a la policía para que me sacaran. Llamó a la policía - o simuló hacerlo, nunca lo sabré- y apareció en escena el asesor legal del Intendente, que me increpó y cuestionó mi presencia en el lugar.

-Para evitar mayor confrontación y ante el mal momento vivido, decidí irme.

-Minutos después, la secretaria privada del intendente radicó la falsa denuncia contra mi en la Comisaría.

-Pese a no tener pruebas que fundamentaran la denuncia, y antes de que la justicia se expidiera, el Municipio me acusó falazmente de haber "irrumpido violentamente" en el edificio, que sustraje información sin permiso y que violé la cuarentena abusando de mi rol de periodista, pese a que la actividad está exceptuada en el marco del decreto presidencial.

-La falsa acusación la difundió a través de un comunicado de prensa en las redes y por email a una gran cantidad de medios de comunicación. Incluso en sus redes personales el intendente Fabio Stefani salió a validar la versión de supuesto maltrato a su secretaria privada, cuando en realidad, y en virtud de la resolución de la justicia, lo que sucedió fue lo opuesto.

Desde el gobierno aseguran que no me restringieron el acceso a la información pública. ¿Cómo debe interpretarse entonces que me echaran de la oficina bajo amenaza de que llamarían a la policía para que me sacaran por la fuerza cuando intentaba acceder a a la información?

No es menor el detalle que, hasta la fecha, pese a los pedidos de informes que elevé y la solicitud posterior via web, nunca me facilitaron los decretos correspondientes a marzo.

Ahora, un par de reflexiones.

Que el Estado busque amedrentar y aleccionar a la prensa que investiga y pregunta por considerar que "molesta", es de una gravedad institucional inaceptable en una democracia consolidada.

La libertad de prensa y el libre acceso a la información pública no es sólo un derecho de los periodistas, es un derecho del ciudadano. El periodismo es un servicio social, considerado "esencial" durante la pandemia justamente porque hace efectivo el derecho a la información de los gobernados sobre las decisiones de los gobernantes.

No entender ese principio básico de la convivencia en democracia, queriendo imponerse desde el Estado por la fuerza -en el sentido más amplio del término- se llama autoritarismo.

Es lamentable que después de casi 40 años de democracia -con todo lo que costó conseguirla- hoy tengamos que recordarle a un gobernante lo que implica.

Buscar silenciar a la prensa crítica utilizando mecanismos ilegítimos, sólo demuestra la debilidad del gobierno y la desesperación por querer ocultar algo.

La emergencia por el Coronavirus no puede servir de excusa para no ser transparentes. Por el contrario, en el contexto actual de la crisis económica profunda que atraviesa la comunidad y el país, resulta imprescindible que los vecinos sepan cómo y en qué gasta o invierte sus impuestos el gobierno.

Somos el único medio de la localidad que indaga, pregunta y analiza documentación oficial, como contrataciones, rendiciones de cuentas y decretos. Y eso siempre molestó. Algunos utilizaron artilugios legales (decretos a medida), otros fueron más pragmáticos (en una ocasión sólo nos permitían ver la documentación desde las 7:30 a las 8 de la mañana), pero ninguno alcanzó el nivel de violencia institucional como la que ejerció el actual gobierno.

El tema no terminará aquí y los funcionarios responsables deberán hacerse cargo de la difamación.

Y que sirva, al menos, para que de una vez por todas se exija el cumplimiento irrestricto de la ordenanza, que los funcionarios respondan los pedidos de informes en tiempo y forma, y los decretos estén publicados completos on line.
Pero no quiero terminar esta nota así.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer. Primero, a mi familia, que también padeció el mal momento y el estrés; el apoyo de mis amigos/as de toda la vida y los más recientes que estuvieron pendientes de la situación; a la celeridad de la Justicia y el Ministerio Público Fiscal de Neuquén por la celeridad en la resolución; a la defensoría oficial por la predisposición y contención;  a los colegas de muchos medios del interior y del país que se comunicaron para solidarizarse; el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) que a través del Monitoreo de Libertad de Expresión hizo un pronunciamiento de repudio público a la actuación del Municipio y me contuvo en todo momento; a los vecinos, lectores y oyentes que me alentaron y brindaron su apoyo teléfono y mensajes; a los empleados municipales que me escribieron para exprearme su apoyo por privado porque si lo hacían público temían represalias; a la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; organizaciones sociales como Mujeres en Red, Alerta Angostura, Arbol del Pie, Comisión Directiva del Lof Paicil Antriao, Agenda Verde y varios grupos feministas de la región, radios; el padre Rubén Capitanio; UCR local, Movimiento Evita, concejales del Frente de Todos, Primero Angostura y Cambiemos. A todos aquellos que salieron a repudiar el hecho y que entendieron que el atropello no era sólo a una mujer periodista, sino a la libertad de prensa y el derecho a la información.

En estas líneas también quiero ratificar mi compromiso con nuestros lectores: iré a la Municipalidad las veces que considere necesario para buscar información, seguiré exigiendo y reclamando si no me permiten acceder a la misma y continuaré preguntando lo que considere oportuno preguntar, sin guiones ni censura previa.

Elegí-y elijo- esta profesión por vocación y convicción. La considero un servicio, no un negocio. Y eso, para muchos, es un problema.

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