UBA: "Demandamos que se efectúen las modificaciones en la Ley de Bosques en base a la consulta y el acuerdo de los diferentes sectores"

FRENTE A LA PREMURA POR PARTE DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN EN MODIFICAR LA LEY Nº 2780 DE “DE BOSQUES NATIVOS” Y LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES MAPUCHE

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2019

El programa “Economía política y formaciones sociales de fronteras: etnicidades y territorios en redefinición”, dependiente de la Sección Antropología Social del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (ICA-FFyL-UBA), junto con el equipo de extensión “Pueblos indígenas, reconocimiento y fortalecimiento de espacios etnopolíticos”, del “Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria” (CIDAC), dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA), denunciamos y a la vez repudiamos la vulneración de los derechos de las comunidades mapuche del sur de la provincia de Neuquén en relación a las modificaciones que el gobierno provincial pretende imponer –con sugestivo apuro antes del cambio de autoridades- en la Ley provincial Nº 2780 de “Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”.

Hace pocos días el poder ejecutivo provincial presentó un proyecto de Ley modificatorio de la Ley provincial Nº 2780, el que será tratado en diversas comisiones de la Legislatura provincial el próximo 27/11 y que viene generando creciente polémica y manifestaciones públicas por parte de diferentes sectores sociales.

Tal como han declarado públicamente las comunidades Lof Paichil Antreao de Villa la Angostura, Curruhuinica y Vera de San Martin de los Andes afectadas por esta medida, “no fueron debidamente consultados antes de proponer los cambios” (Diario “Rio Negro”, 24/11/2019). A este rechazo se ha sumado el Defensor del Pueblo de San Martín de los Andes, quien ha solicitado que el tema –dada su trascendencia- “no sea sometido a un tratamiento legislativo express” (ídem, 24/11/2019).

La modificación propuesta, implica un traspaso de las hectáreas definidas como “rojas” (rango de mayor protección) en un 86%, aunque también elevan el 43% las de color verde. Resulta por demás sugestivo que entre las áreas que la modificación “express” propuesta pasarían de la zonificación amarilla (medio nivel de conservación) a verde (bajo nivel de resguardo), se encuentran puntos “críticos” por el nivel de disputa con diversos actores locales y las comunidades mapuche, tales como el Cerro Bayo, el Cerro Chapelco (entre otros), donde el interés para emprendimientos inmobiliarios es evidente.

Cabe destacar que en los talleres participativos (pero no resolutivos) en las mencionadas localidades, se había criticado precisamente estas modificaciones que se venía intentando  introducir desde la Autoridad de Aplicación, tal como se puede constatar en las actas de dichas asambleas.

A la vez, resulta tramposo el supuesto incremento de la zona roja, entendemos con el objetivo de generar un efecto “maquillaje”. Se disfraza como “nuevas áreas de conservación”, lo que en realidad son zonas de pastoreo de animales en verano (veranada) en Aluminé y Caviahue donde pastorean su ganado crianceros criollos e indígenas.

Repudiamos la falta de consulta a las comunidades mapuche en abierta violación a las Constitución Nacional (art. 75º, inc. 17º) y las disposiciones del Convenio Nº 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), (artículos, 6º, 7º y 22º), (al cual ha adherido la Argentina en 2001) donde se prevén mecanismos para la participación de los pueblos indígenas en relación con las cuestiones que les conciernen.

Consideramos sumamente gravé, la tergiversación efectuada por las autoridades provinciales al afirmar que han efectuado las consultas correspondientes a las comunidades mapuche siguiendo el protocolo de ENOTPO (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios), lo cual es falso, tal como denuncian las autoridades comunitarias correspondientes.

Demandamos a las autoridades de los diversos poderes que se efectúen las modificaciones correspondientes en la Ley de Bosques Nº 2780, en base a la consulta y el acuerdo de los diferentes sectores involucrados, por lo que se efectué en los plazos que posibiliten la real participación y el intercambio de información de carácter técnico y socioterritorial certera y fidedigna.

Bregamos por el efectivo cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios en general y en particular de las comunidades mapuche afectadas previstos en la Constitución Nacional (art. 75º, inc. 17º), diversos convenios internacionales (Convenio 169 de la OIT), así como otras legislaciones nacionales, provinciales y locales. Exigimos la ejecución de la Ley Nº 26.160 (sancionada en el año 2006 y prorrogada en 2017) “de emergencia en materia de los territorios donde se asientan las comunidades indígenas del país”, pendiente aún de efectivización en la provincia de Neuquén. Convocamos a toda la sociedad en su conjunto a manifestarse.