Polémicas contrataciones: "Los funcionarios públicos pueden ser solidariamente responsables con su propio patrimonio"

 Señor Director:

      Hemos visto estos días, y otros días, y otros tantos más, noticias publicadas en Vuestro medio, de contrataciones en el sector público que llaman mucho la atención, moviendo en ánimos hasta el más distraído; y que orientan a sospechar -de mínima- en actos irregulares, que son escaso o nada controlados, y que son llevados a cabo por parte de los encargados de la administración pública.

     Me detengo un segundo a pensar, entre variadas ideas que asaltan para mensurar la real dimensión de las desgracias que esos hechos, presuntamente ilícitos, podrían significar para la población más necesitada de este pueblo y la región circundante, en el marco de la crisis actual, con un estado deficitario en la calidad de servicios por falta de recursos.

      Y aquí hago un instante de pretendida reflexión… ¿nadie se dio cuenta antes?; ¿existe un organismo de control municipal que puede actuar de oficio, de propio impulso, conforme disponen en deberes de la función la Carta orgánica?; ¿es necesario que el periodismo de investigación supla de contralor las funciones que por ley son creadas para ser llevadas a cabo por los órganos de la administración?.

      En este contexto, la gente se pregunta ¿cuántas denuncias penales por averiguación de ilícitos ante sospechas criminosas han sido incoadas ante el Ministerio Público Fiscal por hechos de presunta corrupción?; y, en su caso, de existir éstas ¿cuántas han llegado a instancias de formulación de cargos o debate oral?. Son preguntas que hace el hombre común, y que merecen respuestas.

     Estas horas difíciles, en razón que la gente de a pie, que laboran por cuenta propia en un mercado ciertamente caído de posibilidades de progreso, y que la están pasando pésimo por falta de trabajo y rotura de la cadena de pagos, es que deben agotarse al extremo las capacidades de oficio y vocación por parte de los administradores responsables que la siguen pasando bien, porque el sueldo lo siguen cobrando igual, puntual y sin descuentos; aguinaldo incluido.

      De otro lado, esas personas que trabajan de forma autónoma, que al no contar con un ingreso fijo mensual del estado, seguro y de cajero, dependen exclusivamente de sus habilidades personales y talentos laboriosos para sobrevivir en un clima de permanente incertidumbre, son las primeras que, de puro sentir, mayormente indignadas, prontas se ponen a lista para exigir de sus gobernantes y funcionarios, las máximas probidades y eficiencias en las prestaciones de sus servicios en cada área de competencia; dado que, previo he dicho, a pesar de todo, algunos la siguen pasando bien; y más que bien.

      En este andamiaje, precipita necesario recordar a quien quiera escuchar, que los funcionarios públicos en su amplitud, cuales incluyen a jueces, fiscales, intendentes, secretarios, auditores, etc., ejercen un cargo público que deben honrar todos los días, y en cada uno de sus actos de función; porque el oficio público no es para cualquiera, ya que -de teoría- debiera ser para los mejores preparados, para los más idóneos, por la enorme responsabilidad que llevan a cuestas. De allí que perciban tan altos ingresos de confronte al resto de los mortales; y, de simple ecuación, de ahí también es que la gente exija la más alta calidad de trabajo en la actividad que les es confiada; al menos esto, hasta que dure la buena conducta.

      Si el funcionario público no esta a la altura de la situación que marca la vara del humor social -el cual, en las más de las veces, aunque lento, suele ser certero en sus apreciaciones- debe irse, y de inmediato, más temprano que tarde, para permitir que ese cargo desarrollado con ineficiencia o inutilidad, sea ocupado por quien pretenda remediar la disfunción que el pueblo clama, ya a esta altura, con incesante pérdida de temor al apoderamiento institucional que supieron imponer -con singular éxito- algunos actores de la vieja escuela, que incluyen recetas de mandos arbitrarias.

      Bajo esta nueva luz que se aproxima, debemos dejar paso a un mayor equilibro en los engranajes públicos, mermando cuotas de patriarcado, y abriendo paso al protagonismo de mujeres capaces, jóvenes, entusiastas y prestas a cumplir la función pública con mayor dinamismo y compromiso que los actores presentes, quienes, en algunos casos, se deslucen sin disimulo, vulnerando los derechos de los ciudadanos.

      Esto parece sencillo -y lo es- si las personas se agrupan en intereses comunes, reclamando por sus derechos en forma colectiva. Por ejemplo, las denuncias que no ejercita el oficio público contra sus pares de la administración, bien las pueden formular los ciudadanos indignados ante la actividad de Justicia; lo cual, si bien no significa la segura remoción del inoficioso, al menos genera una posibilidad de cambio y de entusiasmo en el poblador en un intento de recobrar el poder demócrata perdido; siendo que, de paralelo, transmite un mensaje claro a los administradores, de que no son intocables y perpetuos en sus cargos, como podría suponer alguna mente embriagada de soberbia por exceso de confianza dentro de la comodidad de estabilidad y seguridad de cobranza que otorga la pertenencia a una estructura pública sin control de los administrados.

      Como explicitara más arriba, algunos la siguen pasando bien, y otros, de contrario, cada vez la pasan peor; y, dentro de estos últimos, anida una esperanza sanadora de responsabilizar a aquellos que no cumplen como es debido, o que lo cumplen con una pasividad que irrita hasta el más manso observador.

      Frente a este escenario, no es novedoso pero si infrecuente en la práctica tribunalicia, encontrarnos posibilidades de accionar contra infieles o poco aptos en su función, en procura de mejorar la calidad del servicio público, de forma tal que respeten los Derechos Humanos más básicos y elementales que cobija nuestra Ley Fundamental.

      El grueso de la gente no sabe -y algunos pocos que lo saben tratan de que no se diga- que los funcionarios públicos pueden ser solidariamente responsables con su propio patrimonio por el cumplimiento defectuoso de las funciones que les son inherentes.

      La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya ha considerado en este tópico, que el ejercicio irregular de la función pública, es una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular, cuestión que entraña una apreciación en concreto que toma en cuenta la naturaleza de la actividad; los medios de los que dispone el servicio; el lazo que une a la víctima con el servicio, y el grado de previsibilidad del daño; destacando que la responsabilidad involucrada no es subjetiva, sino objetiva (Fallos 321:1124).

      En este sentido, cada vez que el Estado tome a su cargo una función, asumirá irremediablemente la obligación de prestar el servicio en forma regular, realizándolo en condiciones adecuadas al fin para el que ha sido establecido; y siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución, de la mano solidaria de los funcionarios o empleados públicos que, por acción u omisión, no ejercitaran regularmente y en forma efectiva las obligaciones a su cargo (Fallos 315:1059).

      Y lo dicho, no podría ser de otro modo, porque además, la responsabilidad del Estado y la forma en que actúan sus funcionarios, tiene innegables fundamentos de raigambre constitucional, en tanto el derecho de las personas a obtener reparación por los daños sufridos, se enmarca incontrastablemente dentro del elenco de derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional -v.gr., arts. 14, 17, 18 y 19-, que no pueden tornarse meramente declamatorios o ilusorios, y deberán prevalecer ante la hipótesis de una ley que estuviera en pugna con ella (Fallos 330:3248).

     Será cuestión, entonces, de que la gente tome conciencia de su real poder, aún adormecido, de forma organizada, pensada y debatida, para posibilitar canalizar la defensa de sus derechos constitucionales en acciones judicializadas, cargando las tintas necesarias hacia objetivos determinados, y con el vigor que se requiera; teniendo como norte corregir las agobiantes inequidades propiciadas por sistemas arcaicos de administración; permitiendo nuevas caras con otros grados de compromiso hacia la ley.-

      Villa La Angostura; 25 de junio de 2020.

      Abog. Cristian Hugo PETTOROSSO

      Cel. 221 498 3076; [email protected]