La fiscalía imputó a los concejales por desobediencia a una medida cautelar y tiene un año para investigar

Este viernes por la mañana en el recinto del Concejo Deliberante los siete concejales fueron imputados por “desobediencia” a la medida cautelar dispuesta por el juez administrativo procesal Matías Nicolini para suspender el juicio político al ex secretario de Economía, Daniel Brito, el pasado 15 de enero. La audiencia de formulación de cargos fue presidida por el juez Nazareno Eulogio y los concejales se presentaron con sus defensores particulares.

Además, el fiscal acusó por supuesto “incumplimiento de deberes de funcionario público” al presidente del Concejo, David Tressens, por haber recibido la notificación del juzgado vía email, hacer caso omiso de la medida y retardar la apertura del recinto para evitar cumplir la orden judicial.

Asimismo, la fiscalía sostuvo que los concejales también recibieron el mail el día anterior de la sesión y que todos estaban al tanto de la orden judicial, y que decidieron desobedecerla.

Las defensas de los ediles sostienen que nunca fueron notificados formalmente. Por otro lado, solicitaron al TSJ –presentación que está en trámite- que asuma la competencia de la causa de Brito por “conflicto de poderes” y que suspenda todas las actuaciones derivadas de ella, entre ellas, la acusación de la fiscalía.

Los testimonios de la abogada Claudia Crocco –asesora legal del Concejo–y de la secretaria parlamentaria, Magalí Díaz, fueron claves.

En su declaración Diaz dijo que había reenviado la notificación a Tressens el día anterior a la sesión. Que en un principio el presidente del cuerpo legislativo había decidido suspender la sesión, pero luego le dijo que se haría. Ella asegura que se negó porque iba en contra de una medida judicial, y que entonces Tressens le habría pedido que fuera más temprano el día de la sesión para enseñarle a activar el sistema de grabación. Ella había concurrido de manera “oculta” y luego se retiró, alegando que se encontraba descompuesta, aunque no era verdad.

En tanto Crocco, designada veedora en el Juicio Político del Secretario de Economía Daniel Brito, dijo que tras leer en las noticias la medida cautelar dispuesta por Nicolini, entró en el sistema y confirmó la decisión del magistrado. Señaló que luego reenvió la resolución al presidente del cuerpo legislativo y al vicepresidente. Sostuvo también que todos los concejales entendieron “que las medidas dispuestas por el juez debían ser cumplidas”, señaló la fiscalía.

La fiscalía pidió un año

El fiscal solicitó un año de plazo para poder desarrollar la investigación. Fundamentó el pedido en  la “pluralidad” de personas imputadas, porque los imputados constituyen el pleno del Concejo Deliberante,  porque investigan cuestiones inherentes a su función, y porque en la investigación analizan otras hipótesis “conductuales” que podrían derivar en otras imputaciones.

El juez concedió la extensión del plazo extraordinario para desarrollar la investigación.