“Hubo una naturalización de que Quintriqueo portaba un arma blanca, y la justicia no mensuró el riesgo”

La familia de Guadalupe Curual impulsará como querellante una denuncia penal contra el ex juez Jorge Videla, quién estuvo a cargo del caso  y las denuncias de golpes y amenazas que había radicado la joven contra su ex pareja Bautista Quintriqueo  antes de ser asesinada.

 “Entre el 12 de enero y 23 de febrero Guadalupe dio cuenta en variadas oportunidades que Quintriqueo la estaba amenazando de muerte con un cuchillo, hay informes de Desarrollo Social, itegrandes del Juzgado, había un riesgo alto; no tenía familiares en la localidad, y hubo una omisión por parte del juez. El peligro era alto y hubo una naturalización de la portación de arma blanca”,  aseguró esta mañana el abogado de la familia, Marcelo Hertzriken Velasco, en diálogo con FM Andina 97.3.

El letrado sostuvo que los informes del equipo forense del Juzgado y Servicio Social, incluso de las entrevistas realizadas por la psicóloga, surge que el riesgo era muy alto y “no hay ninguna opinión valorativa del juzgado mensurando el riesgo, de haberse hecho el resultado final no hubiera acontecido”, dijo el abogado.

Cabe recordar que pese a las denuncias de amenazas y golpes, las actuaciones quedaron en el juzgado civil  y la Oficina de Violencia, nunca pasaron a la fiscalía.

El ex juez Videla renunció y el Consejo de la Magistratura aceptó la renuncia, anulando la posibilidad de un jury de Enjuiciamiento. “Al aceptar la renuncia el Consejo de la Magistratura consagró la impunidad, no correspondia, pero allá ellos”, agregó  Velasco.

Sobre la acusación que impulsarán, señaló que “estamos trabajado en la delimitación, para pedirle a la fiscalía que le impute cargos, nosotros como querellantes particulares. Juicio a Videla y cualquier otro funcionario judicial”.

“Al juez por su comportamiento omisivo, que entendemos hay hechos que tienen relevancia penal. El juez merece ser investigado por su conducta omisiva”, apuntó, y dijo que le correspondería la formulación de cargos por homicidio culposo, omisión e incumplimiento de deberes de funcionario público. De ser condenado, la pena es excarcelable.

La imputación deberá impulsarla, en lo formal, el fiscal Adrián De Lillo.

Asimismo la familia también analiza iniciar una acción en el fuero civil por la responsabilidad administrativa del Estado por la falta de servicio de justicia. Esa causa recaerá en el juzgado Administrativo de Zapala.

Finalmente, sobre el procedimiento de la justicia en los casos de violencia de género, que hoy está en debate, dijo que “hay que cambiar el modo de tramitar estos expedientes, porque son personas. No necesita cambiar la ley, había que notificar al fiscal que hiciera lo que debía hacer, es lo que se omite, no hay buena formación judicial y una buena instrucción también en policía”.