“Así avanzan los narcos en Villa La Angostura”

A propósito de la editorial del diario Rio Negro, publicada el domingo 15 de mayo del corriente, mediante enlace https://www.rionegro.com.ar/editorial/opinion/el-poderio-narco-avanza-2298448/ , estimo viene ahora propicio hacer unas reflexiones necesarias, en los tiempos que transitamos, para entender la madre de todos los males, cual se expande sin freno y genera desintegración familiar, social e institucional.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, fue el primer orador en hablar en el Encuentro de Jueces Federales que se realizó hace pocos días, en Rosario, Santa Fe; una de las zonas más afectadas por el narcotráfico, pero no la única.

En el evento, que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario donde se realizó la reunión organizada por la Asociación de Jueces y Juezas Federales (AJUFE), bajo el título “El juzgamiento del narcotráfico”, no faltó la presencia del Procurador General de la Nación, como así tampoco de integrantes del Consejo de la Magistratura, del Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; entre otros referentes del poder judicial.

Naturalmente, tamaño encuentro de encumbrados en administrar justicia, dedicados a tratar el flagelo más nocivo que afecta a cualquier sociedad, en un país que tiene puertos de salida hacia Europa de la colecta de sustancias que se hace en el interior del continente, no pasara inadvertido por una agencia con proyecciones internacionales para el combate del narcotráfico en América Latina.

Ante una multitud de jueces, fiscales, abogados y demás auxiliares de justicia, dijo el Presidente del más alto tribunal del país -denunciando fallas en el servicio de Justicia- que la “falta de coordinación entre los que deben investigar es funcional al crecimiento del delito”.

En este pueblo soñado, tan bello como único, metido entre montañas, llama poderosamente la atención la expansión de la droga en todos los ámbitos, públicos y privados, y la alarmante falta de oficio público para enfrentar la desgracia más grande, la criminalidad organizada, el más peligroso de los delitos, que vulnera al conjunto social, y el que produce mayores daños a la salud pública, causando estragos sobretodo en niños, adolescentes y jóvenes de más edad.

Cabe recordar que a comienzos de enero pasado, hubo una muerte violenta -homicidio doloso- donde se habría intentado disimular como una pelea entre dos amigos en estado de ebriedad, ocurrida en un asado con excesos de copas. Nada más alejado de la realidad.

Los protagonistas de ese hecho criminal no tenían amistad; pues eran conocidos entre si, unidos por las drogas; y quien resultara muerto, proveía estupefacientes al matador.

El motivo de la riña, no fue otro que una deuda de dinero por consumo problemático de cocaína y pasta base. El dealer le exigía a su cliente adicto, que si no tenía plata para pagar, salga a robar; y ante la negativa de este último, se desató la pelea mortal. Todo por drogas.

Ese modus operandi acreditado en la causa penal del homicidio, donde quien suministra estupefacientes manda a robar al adicto que no puede pagar y se endeuda por las drogas que consume, se repite en tantos otro hechos -anónimos, no judicializados- que atentan decididamente contra la seguridad pública en este pueblo, cayendo la mayor dependencia en los más desposeídos.

Se incrementan los robos y los ataques sexuales, cada vez más, y los engranajes de justicia, parecen estar dormidos o ralentizados ante el avance narco en esta localidad.

Sin ir más lejos, la última agresión sexual en la vía pública ventilada en sede judicial, sufrida por una mujer a la salida de un boliche, tiene actualmente como imputado a un prófugo estrechamente vinculado al narcomenudeo, en quien hoy recae un pedido de captura por el citado caso de abuso sexual, no por el comercio de estupefacientes, claro está.

La Justicia desperdicia valiosos recursos en procedimientos para reprimir las consecuencias de esos delitos -contra la propiedad, en la mayoría de los casos-, que pasan, precisamente, porque no se ataca el problema de origen: el comercio de estupefacientes que tanto daño genera a los más vulnerables.

Se realizan, por citar ejemplo, allanamientos y pesquisas policiales para dar con el paradero del autor de la sustracción de un televisor de una finca; y, brillando en ausencia, no se observan procedimientos similares para dar con el proveedor de drogas que lleva a ese joven a delinquir.

El sistema judicial penal se sobrecarga de expedientes para investigar y tratar delitos de bagatela que ocurren, en las más de las veces, desde el consumo problemático de drogas, llegando a niveles de colapso que impiden una más ágil administración de justicia, con el consecuente deterioro de la calidad del servicio; pudiendo llegar al extremo de la impunidad de los imputados en algunas causas, por el excesivo transcurso del tiempo sin actividad de investigación.

Para peor de males, tenemos una mirada de cierta forma complaciente a estas disfunciones desde la propia esfera del Ministerio Público Fiscal; cuando una autoridad en jefatura con público asiento en San Martín de los Andes -con todo el poder que acumula en tal alto cargo-, expresara en el marco de la causa del aludido homicidio -y por escrito-, con un discurso preocupantemente errático, con circunloquios, que no corresponde a la policía provincial investigar e intervenir en delitos relacionados a las drogas.

Dicha afirmación expuesta nada menos que ante un juez penal de garantías constitucionales de esta provincia, es muy seria, lindante a la gravedad institucional; porque la sociedad espera las mejores actuaciones en la función pública, máxime tratándose de administradores de Justicia.

De contrario a lo expresado oportunamente por el Jefe de los fiscales de la región sur de la provincia de Neuquén -me permito corregirlo-, sí corresponde a la policía provincial intervenir en hechos relacionados con drogas ilícitas, pues es un deber de la policía local, conforme reza su carta orgánica “… prevenir y reprimir toda perturbación del orden público, garantizando especialmente la tranquilidad de la población, la seguridad de las personas, la propiedad y demás derechos contra todo ataque o amenaza”; y esta manda legal incluye, palmario es, a los hechos tipificados en la ley que trata el consumo y comercio de estupefacientes, independientemente de su posterior tratamiento en jurisdicción federal, ámbito donde debe arribar la novedad producida en su área local de prevención.

La misión de la policía neuquina -fuerza de seguridad no federal- en tan sensible tema, es avisar, poner en pronto conocimiento a los órganos fiscales -provincial y federal- sobre todas aquellas noticias o información que recaben en el ejercicio de su función, de oficio inclusive, sin necesidad de orden judicial.

Es decir, la policía, que es un órgano auxiliar de justicia, tiene la obligación de llevar a conocimiento de la Fiscalía los datos relacionados al consumo y venta de estupefacientes que eventualmente obtengan, sea “en la calle”, sea por denuncia. De hecho, la institución policial neuquina tiene una dirección antinarcóticos, y oficia colaborando activamente en la lucha contra el narcotráfico.

La Fiscalía local, recibida esa información policial, lo que debe hacer es comunicar con prontitud la notitia criminis a su par federal con asiento en la ciudad de Zapala, quien procederá a la tarea de investigación pertinente.

Así tan simple que es, subrayo la seriedad que un fiscal no conozca la ley.

En ese déficit de comunicación entre policía y fiscalía, se crea un vacío que rápidamente es llenado por la actividad delictiva. El silencio facilita la progresiva e incesante expansión de los distribuidores de drogas en el pueblo.

Mientras tanto, continuamos gastando recursos públicos para intentar privar de libertad a un evadido por abuso sexual -recuérdese que Fiscalía no acompañara el pedido de prisión preventiva de la parte querellante en el caso último publicitado en los medios-, cuando, desde mucho antes, tendría que estar el depravado detenido por su vinculación al narco.

Adviértase así, que la inoperancia del sistema -que abarca esa “falta de coordinación” que denunciara reciente el Presidente de la Corte Suprema ante la presencia de juzgadores de todo el país-, permitiera que un sujeto tan peligroso hiciera de las suyas durante años, vendiendo drogas en un poblado pequeño donde todos se conocen, al extremo de sentir impunidad para derribar a golpes de puño a una mujer en la vía pública e intentar violarla.

La violencia en los establecimientos educativos que sale a luz por estos días, no escapa tampoco a la epidemia de las drogas, y allí también hay que poner la lupa, resguardando a la juventud que asiste a las aulas. Y en esta conciencia, de buena mesura, bienvenidos serían programas, materias y/o talleres que enseñen a los alumnos de todos los niveles a prevenirse del consumo de tóxicos; hacerles saber sus consecuencias en la salubridad y también a conocer sus derechos; denunciar a quien les acerque drogas ilícitas; cómo hacer, y ante quien acudir.

Y los hechos van, y se irán incrementando al compás de la ineficiencia de los responsables que ocupan cargos con facultades para remediarlo.

Una jueza federal, Alicia Vence, dijo ante el auditorio colmado de jueces de todo el país, acerca de cómo funcionan las bandas en el conurbano bonaerense, señalando “… se replica lo que sucede en Rosario. Las bandas tienen poder económico y dominan el territorio. Tienen redes de contención que les permite llegar a la gente más vulnerable y las bandas reemplazan al estado. Y las bandas tienen cobertura de funcionarios de la policía”.

El vecino detenido por el crimen del narco Pablo García fue explícito ante el Fiscal del Caso en su declaración: “no solamente hay cocaína en el pueblo desde hace años, también ha llegado el paco”.

Haciendo propia la intelección de quien preside la C.S.J.N., se requiere “… un Estado cohesionado con recursos inteligentemente utilizados, una sociedad comprometida y decisión política”.

Los ciudadanos se están animando a denunciar, cada vez más, porque perciben ese compromiso social que clama una autoridad del más alto Tribunal, y comprenden que ser testigos mudos del envenenamiento de nuestros jóvenes, lleva a una complicidad no querida, pero tolerada, que termina en mayor dolor.

Esperemos que la triste realidad del conurbano no llegue aquí, porque en esa indeseable hipótesis, el Jardín de la Patagonia dejará de serlo, y en breve.

A  las autoridades locales les corresponde abrir los ojos por imperio normativo; despertar del letargo que los embarga, y abocarse de lleno y con energía a lo que está ocurriendo, y así evitar la tragedia social que anuncian magistrados federales; porque además, la gente se los va a reclamar.-

Abog. Cristian Hugo Pettorosso 
Matrículas 2248, C.A.P.N; T°XLVIII, F°208, C.A.L.P; T°600, F°816, C.F.A.L.P.; Tº97, Fº387, C.P.A.C.F.
Cel. 221 498 3076
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