Lapidarios cuestionamientos de una jueza de Familia a la Secretaría de Desarrollo Social que comanda Sobarzo

Por medio de una nota despachada con carácter de “URGENTE” al Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Abel Di Luca, la jueza a cargo del Juzgado de Niñez y Adolescencia de la localidad,  Eliana Fortbetil, cuestionó duramente el accionar de Direcciones del área de Desarrollo Social de la municipalidad que comanda  Marta Sobarzo al frente 

 Es la primera vez que un funcionario municipal se hace merecedor de una manifestación de estas características por parte de una magistrada.

La jueza, señaló en el escrito que despachó con copia a la Subsecretaría de la Familia, al Concejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y al propio intendente Fabio Stefani, su “preocupación” por cómo se desenvuelve el área en temas que involucran a menores.

En ese marco solicitó “la URGENTE intervención en la problemática que se encuentra atravesando la autoridad de aplicación de la ley 2302 (Derechos del niño) de la localidad”.

Según indicó, en el área municipal, “no están pudiendo ser cumplimentadas” las funciones que ordena dicha ley.

“Si bien no es el rol de la suscripta juzgar a las personas que desempeñan sus tareas en dicho equipo, no puedo dejar de advertir una falta de dirección clara y de conocimiento en los miembros que compelen dicha Dirección en cuanto al rol y forma de actuación que compente como organismo central del sistema de Protección Integral de Niños y Adolescentes”, precisó la jueza

En el párrafo siguiente, dejó en claro las incapacidades : “mi preocupación se centra fundamentalmente en la falta de capacidad que viene demostrando la Dirección desde que asumí mi cargo en diciembre del 2021 para abordar las situaciones familiares enmarcadas en la ley 2302”.

Eliana Fortbetil, ganó el concurso para cubrir el cargo de jueza de Familia en Villa La Angostura y fue designada en el puesto en noviembre del 2011

Continuando con esta línea, remarcó: “ he advertido en reiteradas ocasiones que no adoptan una postura proactiva como autoridad de aplicación local de la ley 2302 (…) deseo descartar que me sorprende la falta de tecnicidad en todos los informes que elaboran, carecen de evaluación profesional sobre las situaciones y se limitan a relevar o dar cuenta de los “conversado” o informado por las instituciones, pero no efectúan una evaluación técnica o profesional.

Según la jueza, todo esto “conlleva una seria dificultad al momento de desarrollar planes de acción respecto de los grupos familiares. “Los planes de acción se limitan a contemplar acciones como articulación interinstitucional, efectuar llamadas a determinadas instituciones, pero –remarcó- no se plantea un abordaje para la restitución de los derechos vulnerados que, en sí, no logran siquiera identificar”.

Para terminar de evidenciar la falta de seriedad con que trabaja el área comunal, la jueza indicó: “Cuando se presentan situaciones que ameritan la adopción de una medida de protección excepcional, no cuentan con una valoración profesional suficiente (…) cuando se toman medidas excepcionales como el ingreso a un refugio Municipal de Niños, la autoridad de aplicación no logra en ningún momento, desarrollar un plan estratégico de reparación de derechos ni evaluar situaciones, ni planifican, ni proponer curso a seguir.”

Por todo lo expuesto, la magistrada señaló que en numerosas ocasiones debió recurrir a intimaciones bajo apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia judicial de los distintos responsables de la municipalidad, ante la inacción que debido de una vulneración de los derechos del niño.

El pedido

Para dar un marco de profesionalismo al área, la jueza Fortbetil le pidió expresamente al ministro Di Luca que interceda de manera urgente “para llevar a cabo una capacitación profesional que contemple la elaboración de protocolos de intervención que parecieran no existir”.

En esa misma línea, solicitó que se instruya la “formación en evaluación profesional y desarrollo de planes de acción de medidas de protección profesional desarrollo de planes de acción de medias de protección integral como planes estratégicos de restitución y reparación de derechos, pero fundamentalmente, que contemple un acabado entendimiento del rol fundamental que ocupa la Autoridad de Aplicación en el sistema de proyección de los derechos del niños y adolescentes”

,