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 “En Angostura hasta un menor de trece años -y menos también- puede acceder a las drogas”

31/07/2022
 “En Angostura hasta un menor de trece años -y menos también- puede acceder a las drogas”

Drogas, cocaína, policía y relato

El consumo de drogas representa un problema de salud pública importante en la Villa y en la región. Esta situación cada vez más compleja, dinámica y multicausal, genera efectos negativos en la salud, la convivencia social, la seguridad ciudadana, la integridad de las instituciones democráticas, el desarrollo y las actividades económicas. Su costo es político, económico, social y ambiental.

Veo que gran parte de la sociedad no comprende esta enfermedad y piensa que padecer una adicción a las drogas es consecuencia de un consumo voluntario, reiterado y sin freno “consumen porque quieren”, “no merecen que se los ayude”. Esta percepción repercute sobre las víctimas y sus familias en aspectos como enfrentar dificultades para acceder a servicios de salud eficientes y hasta su reinserción social.

Cada uno de nosotros ha visto distintos factores de riesgo que importan un acercamiento al consumo problemático como así también otros que son factores protectores. Cada uno de estos factores ejerce un peso determinante referido al uso de sustancias tóxicas prohibidas por ley.

En la Sesión Especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (UNGASS 2016) se consolidó la necesidad de incluir el enfoque de salud pública y derechos humanos en las políticas de drogas. Los Estados Miembros, reconocieron que “la adicción a las drogas es un trastorno de salud multifactorial complejo y caracterizado por una naturaleza crónica y recurrente, que es prevenible y tratable, y no el resultado de un fracaso moral o un comportamiento criminal.

En Angostura se puede apreciar, por cruzamiento de información, la provisión constante y permanente de todo tipo de sustancias para un sector de la población superior a las dos mil (2000) personas y, ya con alarma, advirtiéndose que hasta un menor de trece años -y menos también- puede acceder a cualquier sustancia con solo extender su mano, inclusive en ámbitos escolares.

      Con miras críticas a lo que está ocurriendo, quiero decir que no existe la prevención necesaria para que el hecho no ocurra. Considero que este trastorno de salud multifactorial tiene tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico y también económico, mostrándose de actividad insuficiente las instituciones del estado para prevenir y reprimir el narcomenudeo que envenena a nuestros jóvenes. También que hay que centrar el debate político y social en cómo humanizar a la adicción, para así garantizar la atención y recuperación de la persona; y evitar tragedias como la que enluta últimamente a la Villa.

     Es también un problema económico, de gasto público y de eficiencia de ese gasto.

Ahora bien, si verdaderamente queremos debilitar al crimen organizado, es tiempo de atacar con seriedad los flujos financieros ilícitos, aun cuando se afecten intereses poderosos. También de incrementar los fondos para la prevención y tratamiento de la drogadicción.

Y la educación. La educación les enseña a los jóvenes los costos de la adicción y el abuso, y el tratamiento y programas de reducción de daños pueden mejorar vidas y reducir los costos para la sociedad, además de reducir la demanda por las substancias ilícitas.

     En los últimos años, durante y después de la pandemia por COVID19 hemos tenido demasiados ejemplos sobre las dos caras del consumo de sustancias.

     En el último tiempo, el caso Robinson Gatica (QEPD) ha sido disparador de muchos temas, como el de la responsabilidad de la policía de la Provincia del Neuquén. La de los policías que actuaron en el evento, cumpliendo su deber, y a quienes desde un primer momento se les reprochó, quizás apresuradamente, que su actuación causo el lamentable deceso, cargando tintas de sospechas injustamente. El primer informe pericial forense arrimado a la causa da elementos científicos de convicción importantes como para desligar el homicidio agravado a los agentes públicos de seguridad.

Por otra parte, también se puede ver como impronta de lo que esta pasando, que el consumo de distintas sustancias tiende a ser invisibilizado por quienes profesan, en estas dolorosas circunstancias, un relato interesado, peligrosamente solapado en discursos de políticas sociales. Relato que pareciera pretender tapar el desastre que las drogas causan en nuestra salud pública y también nuestra seguridad, provocado por la altísima distribución y comercialización de estupefacientes. Mas abajo dejo una parte del informe pericial del caso que me motivo la presente.

Gerardo Minnaard. DNI 16586613

AE T.Pol. Libertario VLA

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