“Policía de gatillo difícil y agitadores de momentos aun no buscados por la justicia”

En estos tiempos difíciles, donde las instituciones del estado parecen mostrar sus peores miserias por la violencia institucional que generan algunos de sus administradores; las más de las veces vestidos con cargos judiciales de distintas actividades que se corresponden a roles diversos de la dinámica de Justicia, aparentando cumplir magistraturas que no son -pues se advierten llanos funcionarios que vienen a obedecer mandatos a cambio de favores por el cargo recibido-; embriagados algunos -y algunas- de la sensación de impunidad que se percibe ante decisiones a todas luces contrarias a derecho, palmariamente ilegales, carentes del debido y mínimo conocimiento de técnica jurídica que se requiere para llevar adelante, en cada materia, tan alta responsabilidad que la sociedad confía para que se desempeñen bien, dignos a su cargo; sobrevienen, además, por si fuera esto poco, en este cambalache de infortunios, injustos ataques a instituciones auxiliares de Justicia, como lo es la Policía de Seguridad de la Provincia del Neuquén, generándose una sarta de disfunciones que son aprovechadas desde las sombras por los vivos y cobardes de costumbre.

De lado, todavía queda en la memoria de esta población, con recuerdos frescos de la denominada “toma” de las tierras del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, donde el predio del estado provincial fue usurpado el año pasado, por masas de personas llevadas -léase “utilizadas”- para hacer un “acampe”, como si de un camping se tratara; donde inescrupulosos organizaron una faena que aún hoy no ha sido debidamente investigada por la Fiscalía local, garantizando la falta de oficio la impunidad de los organizadores que aprovecharon las desgracias ajenas para compeler a los más humildes hacia el delito, y otros no tan necesitados, también hacia el mismo camino delictivo.

Por azares de la vida -o no- hemos visto el mismo modus operandi días atrás, a partir de otra tragedia -no ya habitacional- que enluta al pueblo con una muerte anunciada -otra más, y van sumando- signada por el consumo problemático de estupefacientes que gangrena a nuestra sociedad; donde hemos visto otras masas de personas, con algunos mismos integrantes que estuvieron “acampando” en el ISSN durante diez meses, también organizadas y movilizadas por algunos idénticos referentes, son sacadas a la calle y salen a marchar pidiendo Justicia, con cánticos y diatribas contra la institución policial, tildando de “asesinos” a los agentes policiales que cubrieron una emergencia donde un sujeto fuera de sí, intoxicado y con base paranoide, ponía en peligro a una familia blandiendo un cuchillo a diestra y siniestra, cortando todo lo que tocaba; siendo esos mismos trabajadores uniformados -recuérdese- los que sacaron del mentado predio estatal a los infractores de la ley que fueron beneficiados con una simple probation; y, en el peor de casos, un solo bandido fue condenado a ejecución condicional.

La asociación ilícita es una figura de fondo del Código Penal que ha quedado, llamativamente, fuera de la mirada judicial en el caso de la usurpación del ISSN; y es serio, lindante a la gravedad institucional, que el estado no investigara a quienes impulsaron a esa pobre gente a cometer delitos de acción pública en forma masiva. ¿O algún inocente piensa que tamaña empresa criminal, con semejante despliegue y cantidad de personas prestas al servicio de la ilegalidad, fueron convocadas, organizadas, mantenidas y contenidas durante meses por uno solo o dos referentes? La realidad vista tras compulsar el expediente y poner atenta mirada a lo que se dijo y lo que se hizo -dentro y fuera del legajo judicial-, es que, con un mínimo de vocación de veracidad y respeto al principio de legalidad, surgen indicios y pistas bastantes para traer al banquillo de los acusados a los organizadores de esa aventura; a esos mismos delincuentes que aún no fueron acusados, que siguen libres haciendo de las suyas, autores intelectuales, facilitadores de difusión, y demás colaboradores de las maniobras asociadas, donde cada cual cumpliera un rol acordado, predeterminado, a conciencia de la finalidad pretendida, que no era otra, que la ocupación ilegal de tierras públicas y el deseado y consecuente aprovechamiento político si la actividad delictiva emprendida salía exitosa.

Esa asociación ilícita no investigada -por cierto, delito detenible que no ha prescripto- produce daños a la sociedad, porque sus componentes están sueltos, activos entre nosotros, continúan impunes, buscando oportunidad de volver al ruedo; siempre desde atrás, desde las sombras, ocultos en fachadas hipócritas, movidos por intereses mezquinos, ajenos a las prédicas de protección de los más vulnerables, cuando han sido estos mismos personajes quienes utilizaran las desgracias ajenas para acopio propio y personal de créditos distintos a los que dicen tener en sus locuciones de bondad.

Atravesados por las drogas algunos de ellos, con lazos peligrosamente cercanos al narcotráfico, no faltaría el que carga una muerte, y también un abuso sexual, siendo los menos indicados para dirigir a gente victimizada, precisamente, por esos mismos hechos que los salpican hoy, y que aún no han sido juzgados y condenados.

Ahora, serían los mismos cacos de siempre, desde atrás, en las sombras o aparentando figuras que no son, apareciendo poco para no exponerse o mostrándose mucho para simular inocencia, trajeran a debate -su intento fallido- un caso de “gatillo fácil”, cuando la realidad indica que estamos frente a un hecho de “gatillo difícil”; dado que, evidencias científicas mediante, ha quedado claro que el fallecido no tenía ningún impacto de proyectil mortal y los policías intervinientes nunca sacaron sus pistolas reglamentarias -letales-, a pesar de tener derecho a hacerlo, para defender la integridad de las víctimas del cuchillero y hasta sus propias vidas.

El relato ha caído al compás de la prueba, y los acusadores de ocasión, rápidos de reflejos, quitaran de las pancartas leyendas alegóricas a la facilidad del gatillo.

Las evidencias están, la información es copiosa, en uno y otro caso comentado aquí; solo falta que se trabaje desde los engranajes judiciales como la gente espera y como manda la ley; ir al fondo del asunto, al hueso; con pesquisas despojadas de intereses extraños a Justicia, sin importar quiénes están detrás de las desgracias que azotan a los angosturenses; porque el problema de la droga que se intenta invisibilizar o minimizar desde algunos sectores, continuará generando muertes y aprovechadores ocasionales también, quienes procuran ganancias distintas al bienestar social que esgrimen en sus discursos falaces, otrora teñidos de blanco y ahora de rojo.

Entre tanto, los distribuidores de drogas continúan sus negocios, envenenado jóvenes, a sabiendas y tranquilos que las masas no serán llevadas frente a sus guaridas.-

Abog. Cristian Hugo Pettorosso

Mats. 2248, TºIII, F°328, C.A.P.N.; T°XLVIII, F°208, C.A.L.P.; Tº97, Fº387, C.P.A.C.F.; Tº600, Fº816, C.F.A.L.P.