Por ley, se incorporan contenidos y perspectiva ambiental a la educación

La Cámara sancionó hoy un paquete de leyes vinculadas a la educación ambiental integral, a la promoción de los Derechos Humanos y a la ampliación de las licencias familiares para los trabajadores y las trabajadoras de los tres Poderes del Estado, entre otras. Lo hizo esta mañana en la 18° sesión ordinaria, ocasión en la que además se aprobaron dos comunicaciones y 32 declaraciones.

La Ley 3357, de Educación Ambiental Integral (AEI), incorpora la perspectiva ambiental a los contenidos curriculares transversales y obligatorios fijados en la Ley Orgánica de Educación -2945-, a fin de concientizar, desde el espacio áulico, sobre la importancia de la preservación y del ambiente, sus componentes y actores para prevenir cualquier daño derivado de las conductas humanas.

La normativa establece los mecanismos para garantizar el derecho a la EAI al tiempo que crea la Coordinación Ejecutiva de Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral (CEEJEAI), que funcionará como autoridad de aplicación. Lo integrarán representantes del Ministerio de Gobierno y Educación y de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente.

Al actuar como miembro informante en la sesión de ayer durante su tratamiento en general, la diputada Lorena Abdala (MPN) aseguró que “nadie puede defender lo que no conoce” y justificó la importancia de la norma en la medida que fomenta la concientización sobre el cuidado del ambiente en ámbitos formales, no formales e informales. Indicó que la ley constituye un “avance hacia una mayor responsabilidad y mayor compromiso con el ambiente”, al tiempo que remarcó que la redacción final retoma aportes de organizaciones y centros académicos como la UNCo, que será consultora externa. Por último, señaló que la legislación pone en valor el respeto y la conservación del medio ambiente y las prácticas que aporten a la formación de la ciudadanía en un ambiente sano, generando una “racionalidad ambiental” social.

A la vez, en la sesión de hoy se votó la ley 3355 que establece la capacitación obligatoria en Derechos Humanos para las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías. De esta forma, la iniciativa se suma a la legislación vigente que determina acciones formativas de carácter obligatorio para los agentes de los tres poderes del Estado, tales como las de prevención de la violencia de género (Ley Micaela) y de formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible (Ley Yolanda), ambas normas nacionales que contaron con la adhesión de la provincia mediante las leyes 3201 y 3285, respectivamente. Si bien cada organismo determinará la modalidad para la instancia formativa, la Subsecretaría de Derechos Humanos, en tanto autoridad de aplicación, determinará un grupo de capacitaciones básicas, comunes a todos los organismos.

Al fundamentar la propuesta en la sesión de ayer durante su tratamiento en general, la diputada Salaburu dijo que la medida surge de la necesidad de hacer frente a los discursos de negacionismo que aún se evidencian en la sociedad y como una herramienta de acompañamiento a la lucha de los organismos de Derechos Humanos. Señaló, además, que la ley cobra especial relevancia “teniendo en cuenta que estuvimos al borde de romper, días atrás, con todos los acuerdos democráticos construidos desde el ‘83 hasta la fecha”.