2020-05-14

EMERGENCIA ECONÓMICA

En Río Negro propone un recorte del 30% en los salarios de funcionarios públicos políticos de los tres poderes

La profundización de la crisis económica a causa de la pandemia y la cuarentena golpea con fuerza al sector privado y a la gente en situaciones de vulnerabilidad social. 

En ese contexto, legisladores de la provincia de Río Negro proponen un recorte del 30% de los salarios de los tres poderes del Estado para crear un fondo de aportes no reintegrables.

"Se trata de un proyecto de ley que promete recaudar más de 650 millones de pesos hasta fin de año que podrían ser repartidos las pequeñas empresas y algunos monotributistas, con la condición de estar vinculados a los sectores de comercio, servicios de alojamiento o gastronómicos y tener una planta de hasta cinco empleados", informó el portal Bariloche2000.com

Aquellos que puedan calificar a este aporte no reintegrable podrían acceder a 90.000 pesos en el caso de las empresas y a unos 30.000 pesos si se tratase de un cuentapropista. Sin embargo los montos serán cancelados en tres cuotas consecutivas y podrán sumarse a otros beneficios que disponga el gobierno. La distribución quedará a cargo de los municipios.

El punto de mayor discusión de la propuesta del legislador Juan Martín (Juntos por el Cambio) promete ser la quita de un 30% del salario de cada funcionario público electo o designado políticamente. En caso de recibir el visto bueno de la Legislatura de Río Negro, la iniciativa alcanzará a los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial además de los directivos de las empresas del Estado.

La reducción prevé afectar a los salarios comprendidos entre mayo y diciembre e incorpora los aguinaldos que perciban los funcionarios. Además contempla la reasignación presupuestaria de fondos previstos para la construcción de edificios públicos y destinados a la actividad turística.

Las estimaciones en torno a la iniciativa anticipan que el sector que podría generar mayores aportes al fondo es el Poder Judicial. En un solo mes los funcionarios generarían un ahorro de 47 millones de pesos de los 72,8 millones que se prevé reunir de la sumatoria del 30% retenido a funcionarios de la Administración Central, el Poder Legislativo, Tribunal de Cuentas provincial, empresas públicas y la Defensoría del Pueblo.

Entre los datos que aporta el proyecto, tomados del Ministerio de Trabajo de la Nación, se estima que unas 700.000 personas residen en Río Negro con un promedio de 120 empleados públicos cada 1.000 habitantes. En toda la provincia se calcula que 24.000 monotributistas se encuentran registrados, 7.000 autónomos y 41.040 trabajadores en negro a partir de una estimación que prevé un 40% sobre los asalariados del sector privado.

El proyecto también revela la existencia de 4.290 empresas en Bariloche que generan 29.300 puestos de trabajo. Estas cifras hacen que la ciudad concentre el 26% del total de asalariados del sector privado en Río Negro y el 36% del total de las empresas.

Juan Martín es el autor de una iniciativa que deberá lograr el consenso de los bloques políticos de la Legislatura. En diálogo con Radio Seis dijo que se trata de una idea para analizar en el Comité de Crisis que integran los legisladores y que contempla un porcentaje de los sueldos de toda la política.

En este punto se refirió a las consecuencias inmediatas de la orden de aislamiento social y el rol de los servidores públicos que “se han pasado estos 50 días en la casa mirando la tele, conectados a internet con la ‘Play’ y algunos divertimentos que para lo que nos paga el sueldo la gente”.

Para Martín, entre los fundamentos a su iniciativa se encuentra el parate al que fue sometida la Legislatura, que permaneció cerrada por la cuarentena, y el escaso aporte de los legisladores a la “calidad institucional”.

“Esto  no va a solucionar la vida a todas las PyMES de Río Negro pero van a recibir un aliento en momentos en que no saben qué va a pasar con su actividad”, reconoció acerca de los aportes que, según dijo, además tomarán un 4% del dinero público destinado a obras que no se podrán ejecutar y así derivar 300 millones de pesos al fondo de asistencia.

Otra de las voces que dejó entrever su postura es la presidenta del bloque del Frente de Todos, María Eugenia Martini, quien evitó pronunciarse directamente sobre el proyecto, a la espera de que ingrese al recinto, pero reconoció que “los que más tienen y los que más ganan son los que más deben aportar”.

La legisladora anticipó que la política debe dar el ejemplo y que cualquier aporte a la comunidad será bien recibido por el bloque que lidera. Además consideró que los tres poderes públicos deberán sumarse a un proyecto que, en primera instancia, aguarda por ser aceptado en el proceso legislativo.
Fuente: bariloche2000.com

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