Neuquén prohíbe el uso de celulares en escuelas con excepciones pedagógicas

La Legislatura de Neuquén dio un paso firme hacia la mejora de la calidad educativa al aprobar una ley que prohíbe el uso de celulares en escuelas, con algunas excepciones enfocadas en fines pedagógicos. La normativa alcanza a todos los niveles del sistema educativo, tanto en escuelas públicas como privadas, y tiene como objetivo reducir la distracción y los efectos negativos del uso excesivo de dispositivos móviles en niños, niñas y adolescentes.

 Cómo se aplicará la prohibición de celulares por nivel educativo

• En el nivel inicial, la prohibición del uso de teléfonos celulares en el aula es total y sin excepciones.

• En el nivel primario, solo se permitirá el uso con autorización del equipo directivo, supervisión docente y consentimiento familiar, siempre con fines didácticos.

• En el nivel secundario, los dispositivos deberán permanecer apagados y fuera del alcance del alumnado. Solo se podrán usar en proyectos pedagógicos justificados por el docente.

Argumentos que sustentan la nueva ley

Legisladores de distintos bloques remarcaron que esta norma responde a un amplio consenso social y tiene como foco preservar la salud mental, mejorar la atención en clase y prevenir riesgos digitales como el grooming, las apuestas ilegales y las estafas virtuales.

También se destacaron los efectos físicos y neurológicos negativos asociados al uso prolongado de pantallas: miopía temprana, ansiedad severa, disminución auditiva y déficit de atención.

"El celular interfiere en el desarrollo cognitivo de los estudiantes", sostuvo uno de los legisladores al defender la ley.

Un cambio cultural con respaldo internacional

La diputada Gisselle Stillger subrayó que esta decisión se alinea con políticas adoptadas en países como Francia y China, donde se comprobó que limitar el uso de celulares en las aulas favorece la interacción social, la comunicación entre pares y la calidad educativa.

La normativa también protege al personal educativo

Además, se aprobó una segunda ley que establece un protocolo contra la violencia hacia docentes y personal no docente, con sanciones que van desde trabajo comunitario hasta arresto, y prevé la creación de una comisión interinstitucional para garantizar su implementación.