TERRITORIOS
“Un desalojo es violento y no será bueno para nadie”, aseguró el abogado del Lof Kinxikeo, Virgilio Sánchez
El abogado del Lof Kinxikew, Virgilio Sánchez, cuestionó duramente la decisión del juez Francisco Astoul Bonorino de ordenar un nuevo mandamiento para continuar con el desalojo en el paraje El Pedregoso, entre Bariloche y Villa La Angostura.
La medida judicial busca completar el procedimiento iniciado el pasado 19 de agosto en aquellos sectores donde el desalojo no pudo concretarse. Sin embargo, para Sánchez, la decisión vuelve a avanzar sobre un procedimiento que, según sostuvo, no contempla las particularidades de una comunidad indígena ni los mecanismos que deberían aplicarse en este tipo de conflictos.
“Todo lo que se hizo desde el principio hasta ahora está todo mal”, afirmó el abogado durante una entrevista con FM Andina.
Sánchez cuestionó el procedimiento de desalojo
El abogado sostuvo que el conflicto no puede ser abordado como un desalojo convencional y planteó que deben contemplarse las normas nacionales e internacionales relacionadas con los derechos de las comunidades indígenas.
“No estamos haciendo un desalojo común”, afirmó Sánchez, quien cuestionó la ausencia, según su interpretación, de protocolos específicos para intervenir sobre territorios ocupados por comunidades mapuches.
En ese sentido, señaló que deberían contemplarse mecanismos de consulta y reubicación de las familias, y mencionó antecedentes judiciales vinculados con la tutela de los derechos de los pueblos indígenas.
Para el abogado, el procedimiento debería contemplar además mecanismos destinados a evitar que el conflicto derive directamente en una intervención de carácter coercitivo.
“Los jueces tienen que propiciar que los conflictos se resuelvan por mecanismos ajenos a la violencia”, sostuvo.
“Un desalojo es violento”
Sánchez también cuestionó el carácter mismo de la medida y advirtió sobre las consecuencias que podría generar una nueva intervención en el territorio.
“Un desalojo es violento y yo lamentablemente esta situación porque esta situación no va a ser buena para nadie”, expresó durante la entrevista.
El abogado anticipó además que, si considera que durante el procedimiento se vulneran derechos de integrantes de la comunidad, recurrirá a las herramientas judiciales disponibles.
Entre ellas mencionó la posibilidad de presentar hábeas corpus preventivos, especialmente si entiende que existe riesgo para la integridad física de las personas que permanecen en el lugar.
La defensa cuestiona qué ocurrió con las tierras
Uno de los planteos más fuertes realizados por Sánchez está relacionado con la situación de las tierras que son objeto del proceso judicial.
El abogado sostuvo que existen elementos que, según su interpretación, indicarían que el inmueble habría sido vendido a terceras personas y cuestionó que el proceso de desalojo continúe teniendo como referencia a Cristina Broers.
“Ese bien no se le ha entregado a Cristina Broers y el mandamiento dice que hay que entregárselo a Cristina”, afirmó.
Para Sánchez, si la propiedad efectivamente fue transferida, esa circunstancia debería haber sido comunicada dentro del expediente antes de avanzar con una diligencia destinada a entregar el inmueble a quien figura como beneficiaria del mandamiento.
El abogado sostuvo que durante las diligencias se habrían observado circunstancias que, a su entender, deberían ser investigadas.
“Son datos objetivos, son hechos, no son especulaciones”, afirmó.
Advirtió por posibles consecuencias penales
En ese contexto, Sánchez planteó que, si se comprobara que hubo ocultamiento de información o actuaciones incompatibles con la situación real del inmueble, la defensa podría recurrir a la Justicia penal.
“Si nosotros advertimos de que hay delito, que hay incumplimientos de deberes de funcionarios públicos, que hay estafas procesales (...) lo denunciaremos por la vía penal”, sostuvo.
El abogado aclaró que sus afirmaciones forman parte de los planteos que realiza en representación de la comunidad y que serán las instancias judiciales correspondientes las que deberán determinar si existieron o no las irregularidades que menciona.
El relevamiento del INAI, otro eje de la defensa
Otro de los argumentos centrales de Sánchez está relacionado con el relevamiento territorial realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Según explicó, ese relevamiento concluyó que el área corresponde a una ocupación tradicional y ancestral y constituye uno de los elementos que la comunidad utilizará en el proceso judicial que impulsa para discutir la situación territorial.
“La comunidad Melo va a recuperar el territorio, pero por las vías legales”, afirmó Sánchez.
El abogado explicó que la defensa inició una acción declarativa y que buscará demostrar mediante pericias antropológicas y otros elementos la relación ancestral de la comunidad con el territorio.
Desde su perspectiva, la disputa no quedará resuelta con el actual desalojo, ya que considera que existe una discusión judicial de fondo todavía pendiente.
Críticas al juez y pedido de una solución alternativa
Sánchez también cuestionó que no se haya avanzado, según sostuvo, con una propuesta de arbitraje formulada por la comunidad.
El abogado consideró que existía la posibilidad de intentar una solución alternativa al conflicto antes de avanzar nuevamente con el desalojo.
“Nosotros hicimos una propuesta que tiene que ver con una solución alternativa al conflicto”, señaló.
Sin embargo, sostuvo que ese planteo no habría recibido respuesta y cuestionó que mientras la orden de desalojo permanezca vigente resulte difícil generar una instancia de diálogo.
“No están dadas las condiciones” para otro operativo
Respecto de la posibilidad de que el nuevo mandamiento derive en un nuevo operativo policial, Sánchez puso en duda que estén dadas las condiciones para concretarlo.
Recordó que durante el procedimiento iniciado el 19 de agosto existieron dificultades y sostuvo que desde entonces la situación en el territorio se habría consolidado.
“Yo creo que las condiciones que no eran óptimas en el momento inicial (...) mucho menos ahora”, afirmó.
También cuestionó que la defensa pueda quedar al margen de determinadas diligencias judiciales y sostuvo que el carácter reservado del expediente dificulta su capacidad para controlar el procedimiento.
“El derecho de defensa de las comunidades vuelve a faltarle el respeto a operadores judiciales que ejercen la defensa como es mi caso”, sostuvo.
La decisión de resistir corresponde a la comunidad
Frente a la posibilidad de que la comunidad decida permanecer en el territorio ante un eventual nuevo operativo, Sánchez marcó una diferencia entre su función como abogado y las decisiones políticas de la comunidad.
“Yo no hablo por las decisiones políticas que toma la comunidad. Yo hablo por lo que es su defensa legal”, explicó.
En caso de que los integrantes del Lof Kinxikew decidan resistir el desalojo, sostuvo que su tarea será brindarles las herramientas jurídicas correspondientes para evitar situaciones que puedan vulnerar sus derechos.
Al mismo tiempo, remarcó que no impulsará acciones ilegales.
“Yo no voy a postular llevar adelante ningún procedimiento ilegal”, afirmó.
La posición de Sánchez anticipa así una nueva etapa judicial en el conflicto de El Pedregoso, mientras la Justicia avanza con la instrumentación del nuevo mandamiento de desalojo.
| Dixit Virgilio Sánchez
“Todo lo que se hizo desde el principio hasta ahora está todo mal.”
“No estamos haciendo un desalojo común.”
“Esta situación no va a ser buena para nadie.”
“Los jueces tienen que propiciar que los conflictos se resuelvan por mecanismos ajenos a la violencia.”
“Ese bien no se le ha entregado a Cristina Broers.”
“Son datos objetivos, son hechos, no son especulaciones.”
“La comunidad Melo va a recuperar el territorio, pero por las vías legales.”
“Nosotros hicimos una propuesta que tiene que ver con una solución alternativa al conflicto.”
“El derecho de defensa de las comunidades vuelve a faltarle el respeto a operadores judiciales.”
“Yo no hablo por las decisiones políticas que toma la comunidad.”
“Yo no voy a postular llevar adelante ningún procedimiento ilegal.”