Todavía varios funcionarios adeudan sus declaraciones juradas

A más de un año de gestión, varios funcionarios del actual gobierno nunca presentaron sus declaraciones juradas y de los que sí, muchas están incompletas. Asimismo, ningún funcionario la presentó en tiempo y forma, y pese a que la Carta Orgánica Municipal establece sanciones, nadie fue intimado ni sancionado.
Pero la falta no sólo es cometida por funcionarios actuales, sino que varios  del gobierno anterior incumplieron la norma.
De las 28 declaraciones juradas que se encuentran en el Concejo Deliberante, 19 pertenecen a la gestión actual. De ese total, los concejales del FPV Valeria Navarro y José Picón fueron los primeros en presentar su declaración el 29 de febrero de 2012, a más de dos meses del cambio de gobierno. El último ingreso fue el 14 de junio de 2012, de la subsecretaria de Producción, Patricia Lotari.
El año pasado este diario tomó vista de las declaraciones juradas. La del intendente Roberto Cacault es una de las más incompletas: no registra cuentas bancarias, ingresos ni estado financiero. Según informó la presidenta del HCD, Silvana Gordillo y la secretaria del bloque del MPN, desde junio del año pasado nadie ha ingresado o actualizado su declaración.
El Concejo Deliberante y el Juzgado de Faltan son los más prolijos: todos han presentado la documentación. Del Ejecutivo, sólo algunos funcionarios.
El artículo 141 de la Carta Orgánica Municipal, sancionada en el 2009, establece la obligatoriedad de los funcionarios políticos de presentar una declaración jurada a los 30 días del inicio de gestión y al finalizar la misma. En el 2010 el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza que instrumenta la aplicación del artículo.
En ese marco, deben presentar su declaración jurada el Intendente Municipal, Vice-Intendente, Concejales, Juez de Faltas, Secretarios del Departamento Ejecutivo, Secretario Parlamentario del Concejo Deliberante, Secretario del Juzgado de Faltas, Subsecretarios del Departamento Ejecutivo y Asesor Letrado Municipal.
Además, están también obligados ”todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras”. De esta manera, actualmente varios están violando la norma, entre ellos, el subsecretario de Gobierno, José Riffo, el secretario de Obras Públicas, Javier Murer y su subsecretario de Servicios Públicos, el subsecretario de atención al vecino, el representante legal del Municipio, Julio Saraví Casco, Alberto Hermosilla y los ex subsecretarios de Prensa, Leo Morsella y Fernando Fal.
La norma establece sanciones para los que la incumplan, desde la retención del 100% del sueldo, hasta cesantía e inhabilitación para ocupar cargos públicos por 5 años. Hasta el momento, nadie fue sancionado.

Fuente: diario Río Negro y DiarioAndino