Sanciones a trabajadores: "El gremio está para garantizar que tengan un proceso adecuado"

A fines de octubre la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina (JACAD) dictaminó la exoneración de un empleado municipal denunciado por maniobras fraudulentas con vales de combustible en perjuicio del Municipio, la cesantía de otro de los imputados y la suspensión de seis empleados también involucrados.

Ahora es el intendente Guillermo Caruso quién deberá resolver si aplica o no las sanciones propuestas. En este momento el jefe comunal aguarda que el Departamento de Legales emita un dictamen.

Mientras tanto, el gremio ATE espera ver el informe de las actuaciones de la JACAD. 

 "No hemos podido acceder al informe de la JACAD, solo fue extraoficial. Tuvimos una reunión con Caruso y la abogada de ATE está con ese tema. Como gremio no fijamos comisión, nuestra función es darle las garantías al compañero para que el proceso sea el adecuado", comentó Miguel Orellana, representante de ATE Villa La Angostura.

En tanto apuntó que "si existió el hecho o no lo va a determinar la justicia", apuntando principalmente a la exoneración que resolvió la JACAD para uno de los trabajadores. "Si no hay sentencia de la justicia no cabe la exoneración", agregó. 

Sobre el proceso de la JACAD, sostuvo que "hemos mandado un montón de notas  y nunca tuvimos la posibilidad de ver el dia a dia, como llegaron al dictamen, hay gente de la JACAD que estaba dentro del proceso administrativo de obras y servicios que se tendría que haber excusado". También cuestionó el hecho de que la información se haya filtrado a la prensa, aunque en los medios no salieron publicados los nombres de los involucrados.

Las sanciones

El empleado que la JACAD pretende exonerar es uno de los imputados en la causa penal que investiga la fiscalía respecto de la estafa con combustible. Hay videos de la estación de servicio donde se lo ve firmando órdenes y vales de combustible.

Respecto de los otros seis empleados sumariados, dispusieron suspensiones desde leves a graves. La suspensión más grave es de hasta 30 días sin goce de haberes.

La sanción para otro de los involucrados es la cesantía, figura que establece que el empleado despedido podría llegar a ser incorporado al Municipio en el futuro. En cambio la exoneración, la sanción más grave que establece el Estatuto,  implica que nunca más pueda ocupar un cargo en el Estado.