Denunciaron a la Fiscalía local ante el Tribunal Superior de Justicia 

Tal como consta en la denuncia policial a la que denuncia a la que accedió Diario Andino, el 25 de octubre de 2020 –en medio de la flexibilización de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus–, la señora G. I.R.M. denunció en la Comisaría 28 de nuestra localidad que su hijo fue atacado por una pandilla de jóvenes sobre la avenida Arrayanes cerca de la intersección con Boulevard Pascotto. En su declaración la mujer relató que mientras una persona empujó a su hijo, otra le pegó una trompada que le provocó un sangrado y la fractura del tabique nasal. Lesión que, además de ocasionarle una desfiguración del rostro, le ocasionó severos problemas respiratorios.

La víctima E.F.T. –que al momento de la agresión tenía 16 años- tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y recibir tratamientos médicos en varias ocasiones. Debió trasladarse hasta la localidad de San Martín de los Andes, para ser atendido en una clínica privada.

Por el extremo nivel de corrimiento de la nariz, E.F.T. debió permanecer el enyesado y vendado por más de un mes. En dicho lapso de tiempo, la víctima se vio imposibilitada de a clases en el colegio secundario por prescripción médica y por recomendación de docentes y allegados.

“El primer médico que atendió al hijo de mi clienta en San Martín de los Andes sostuvo por escrito que la lesión era de características graves y aconsejó, por entonces, someterlo a múltiples intervenciones y cirugías para reconstruir las zonas afectadas de la cara”, sostuvo el abogado defensor Cristian Hugo Pettorosso en diálogo con Diario Andino.

Conforme la notificación que recibió G. I.R.M., a  20 meses de ocurrido el hecho, el fiscal del caso Adrián De Lillo decidió archivar la causa. En su notificación, el representante del Ministerio Público Fiscal le notificó a la denunciante que el caso se trataba de un hecho menor, intrascendente, que no revestía interés público para seguir adelante con la acusación penal.

De acuerdo con la denuncia de G.I.R.M., madre de la víctima, la Fiscalía nunca la llamó para declarar como testigo, ni tampoco a su hijo. “Sin producir ninguna otra prueba, sin pedir la opinión de los médicos que realizaron la cirugía de reconstrucción de área nasal afectada por el golpe, ni tampoco requerir historias clínicas, ni mandar hacer pericias, dispuso archivar la causa, avisándole de esa decisión a la madre, el 6 de junio pasado”, comentó Pettorosso.

Archivada la causa, la defensa oficial del imputado, a cargo de María Sol Valero, peticionó el sobreseimiento del mismo ante el juez penal Juan José Nazareno Eulogio. Basándose en las evidencias llevadas a la audiencia por la propia Fiscalía, el magistrado resolvió sobreseer del delito de lesiones leves al agresor.

G.I.R.M, madre del joven agredido, recibió entonces una segunda notificación judicial en la que le comunicaban del sobreseimiento dispuesto. “Esto la tomó por sorpresa ya que nunca supo de la realización de esa audiencia (22 de junio), en la que tenía derecho a asistir y ser escuchada. Concurrió entonces a buscar mi representación para intentar modificar eso que ahora (por este miércoles), ha sido ventilado ante el TSJ y la Fiscalía General de la Provincia del Neuquén”, añadió Pettorosso.

Consultado sobre los motivos para la formulación de dichas denuncias, Pettorosso explicó sus razones. “La falta de oficio público para investigar el hecho como la ley indica, con una pesquisa que se baste a sí misma, deriva en una injusta decisión, habiéndose simulado un procedimiento legal, cuando no lo fue; induciéndose a error al magistrado que resolviera el sobreseimiento, pues no contó el juez penal con elementos de información suficientes y veraces aportados por el MPF para que pudiera fallar con criterio de realidad, es decir, en correspondencia al gravísimo daño en la salud causado a mi asistido”, aseveró el abogado.

Sobre el rol desempeñado por la Fiscalía en el caso, Pettorosso consideró que no actuó como correspondía. “Se simuló una investigación judicial, intentando minimizar el hecho con la calificación de lesiones leves, cuando, claramente, el hecho denunciado tipificaba una figura legal más grave, por la seriedad de las lesiones sufridas; siendo que, hasta el día de hoy, la víctima tiene dificultades para respirar; secuelas de la bestial golpiza que recibió”, remarcó.

Sobre el final de su análisis, Pettorosso consideró que este tipo de decisiones hacen mella en la imagen que la sociedad tiene de la Justicia e incentiva a que los delincuentes continúen delinquiendo.

“Hay que mejorar la calidad del servicio de Justicia, en todos los sectores -y no solo en el ámbito penal- y de consecuente evitar la impunidad de los delincuentes; porque el mensaje que el Estado está dando a la población es totalmente desalentador para quienes pretenden denunciar un hecho ilícito, cargando con la impronta popular que dejan estos casos, el ‘No pasa nada’; y, de contrario, es alentador para quienes delinquen, a sabiendas, también ‘Que no pasa nada’. Todo disfuncional y peligroso, porque se restringe el acceso a la Justicia a los víctimas, quedando librados a su suerte si no pueden contar con servicios privados de un abogado que los asista. Es grave lo que ha pasado, y desnuda una realidad que se intenta callar desde las esferas del poder, que no es otra, que el sistema está colapsado y se recurren a este tipo de prácticas ilegales, para archivar causas en miras de descomprimir la situación atento al gran número de expedientes que tienen para tramitar y no dan abasto. Creo que hacen falta más recursos humanos y materiales para afrontar esta crisis, una de las promotoras del incesante incremento de la delincuencia”, concluyó.