Vecinos impulsan una denuncia ambiental por la Planta de Tratamiento de Basura

Vecinos de Villa La Angostura impulsan una campaña para reunir adhesiones a una denuncia ambiental por la situación del basural municipal y sus posibles efectos sobre el arroyo Calfuco. La iniciativa se apoya en informes técnicos, inspecciones y ordenanzas que, según sus impulsores, documentan problemas en el sistema de tratamiento de líquidos y obligaciones que todavía deben cumplirse.

El reclamo apunta a que se realicen nuevos análisis ambientales, se implemente un plan de monitoreo y se concrete la clausura, el cierre y la remediación de una de las celdas del predio. También solicita que el Municipio presente los informes periódicos establecidos por ordenanza y que la Provincia retome las tareas de fiscalización.

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La campaña permite que los vecinos adhieran a la presentación a través del sitio basural-vla.netlify.app. Según los organizadores, la adhesión requiere completar los datos personales solicitados y no implica el pago de una suma ni la realización de un trámite presencial.

Basural de Villa La Angostura: los antecedentes que sustentan el reclamo

Los impulsores de la denuncia reconstruyeron la historia del predio a partir de documentación municipal y provincial. Entre los antecedentes mencionan un diagnóstico encargado por el propio Municipio en 2018, una ordenanza sancionada en 2019 y una inspección provincial realizada en 2021.

1991: el predio fue destinado a basurero municipal

La Ordenanza 442/91 afectó tres lotes sobre la Ruta Nacional 40 al funcionamiento de un basurero municipal, bajo una modalidad que el texto describe como experimental y sujeta a un estudio de impacto ambiental.

De acuerdo con la documentación recopilada por los vecinos, el predio continúa funcionando después de 35 años. La campaña señala que no consta el estudio previsto en aquella ordenanza.

2013: comenzó a funcionar el Centro Ambiental

El 2 de septiembre de 2013 comenzó a funcionar el Centro Ambiental, construido con financiamiento vinculado al préstamo BID 1868/OC-AR.

El proyecto contemplaba una celda impermeabilizada, una pileta para líquidos lixiviados y una planta de separación de residuos. La documentación citada por los vecinos incluye la Ordenanza 2768/13 y los considerandos de la Ordenanza 3614/2019.

2018: un informe municipal advirtió sobre el sistema de lixiviados

Uno de los principales antecedentes de la denuncia es un diagnóstico técnico contratado mediante el Decreto 2285/2018 para evaluar el funcionamiento del sistema y el posible vuelco de lixiviados al arroyo Calfuco.

El informe de septiembre de 2018 describió limitaciones en la capacidad de almacenamiento y tratamiento de los líquidos generados por los residuos y por las precipitaciones.

Según el documento, la tasa de evaporación era cercana a cero y el volumen acumulado podía superar la capacidad disponible, con la posibilidad de que los líquidos terminaran fluyendo hacia el arroyo por distintos puntos.

El relevamiento también señalaba que determinadas cañerías no existían y que los aireadores no funcionaban. Además, estimaba que sobre la celda caían alrededor de 13.000 metros cúbicos de lluvia al año, frente a una capacidad de almacenamiento de 800 metros cúbicos en la pileta.

El proyecto de adecuación elaborado entonces estimó una inversión de entre 731.000 y 1.062.000 dólares. Los vecinos sostienen que esa intervención no se concretó.

La documentación también incluye un análisis de laboratorio realizado en octubre de 2018, identificado como ensayo 10540, que registró una concentración de plomo de 6.505 microgramos por litro en el líquido de la pileta.

2019: una ordenanza dispuso la clausura y la remediación

En 2019, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 3614, que reconoció los problemas de capacidad del sistema de tratamiento de lixiviados y estableció que la celda debía ser clausurada, cerrada y remediada.

La norma también dispuso que el Ejecutivo municipal presentara informes semestrales.

Según los vecinos que promueven la denuncia, no encontraron constancias de un acto de clausura ni de la presentación de esos informes durante los años posteriores. La campaña menciona, además, nuevas ordenanzas sancionadas entre 2023 y 2025 que reiteraron la obligación de informar.

2021: la Provincia inspeccionó el predio

El 30 de marzo de 2021, la Dirección Provincial de Fiscalización Hídrica inspeccionó el lugar a raíz de una denuncia vecinal.

El informe provincial registró problemas de mantenimiento en la pileta de lixiviados, bombas de recirculación fuera de funcionamiento y una celda que no estaba cubierta con tierra. También dejó asentado que se desconocía si el sistema contaba con freatímetros, dispositivos utilizados para monitorear las aguas subterráneas.

En las muestras tomadas en la pileta se analizaron, entre otros parámetros, plomo, cadmio, hierro y demanda química de oxígeno (DQO). El documento informó una DQO de 1.004 miligramos por litro.

Sin embargo, la inspección no detectó afectación en el arroyo durante aquella jornada. El propio informe limitó esa conclusión a las condiciones de escurrimiento y atmosféricas existentes en el momento de la visita.

Los vecinos señalan que la inspección se realizó en un día seco de otoño y reclaman nuevos análisis durante episodios de lluvia. Según la documentación que reunieron, no hay mediciones posteriores que permitan establecer la situación actual del arroyo.

Un proyecto de cierre que no se habría ejecutado

Otro de los antecedentes incorporados a la presentación es un proyecto ejecutivo de 2021 denominado Reordenamiento, Clausura y Cierre Técnico del Ex Módulo DF.

La propuesta contemplaba la cobertura de la celda, el tratamiento de lixiviados, la construcción de un muro impermeable próximo al arroyo y la instalación de seis pozos de monitoreo. El presupuesto estimado ascendía a $72.999.555 a valores de 2021.

Los promotores de la campaña sostienen que no encontraron documentación que acredite que el proyecto haya sido formalmente aprobado, contratado o ejecutado.

El incendio de 2024 y los trabajos posteriores

El 28 de enero de 2024, un incendio afectó la cinta transportadora, los motores y la tolva de la planta de separación. El Decreto municipal 469/2024 autorizó una contratación de hasta $50 millones vinculada a los daños.

Según la documentación reunida por los vecinos, la maquinaria no fue repuesta. En julio de ese año, el Decreto 1783/2024 autorizó la contratación de un alambrado para la zona de la pileta de lixiviados por $1.700.000.

La campaña también advierte sobre los antecedentes de incendios en el predio y cita un informe técnico de 2021 que consignó la quema de unas 750 toneladas mensuales de residuos forestales entre mayo y noviembre.

El predio limita en tres de sus lados con el Parque Nacional Nahuel Huapi, un factor que los vecinos incorporan al planteo sobre la necesidad de prevenir riesgos ambientales.

Arroyo Calfuco: el reclamo por la falta de monitoreo

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la ausencia de controles periódicos que permitan determinar la calidad del agua del arroyo Calfuco en distintas condiciones ambientales.

Según la información recopilada por los vecinos, la red oficial de monitoreo del lago Nahuel Huapi cuenta con 30 estaciones, 16 de ellas en la zona de Villa La Angostura, pero ninguna está ubicada en el arroyo.

Los impulsores de la denuncia remarcan una diferencia: no sostienen que el lago esté contaminado ni presentan una medición actual que confirme un vuelco de líquidos al curso de agua. Su planteo es que existen antecedentes técnicos sobre el funcionamiento deficiente del sistema y que faltan controles recientes para conocer la situación.

La campaña también menciona que los residuos que no se procesan en el predio se trasladan a Alicurá. De acuerdo con el Decreto 764/2026, el costo citado para esa disposición es de $72.208 por tonelada.

Qué solicitan los vecinos en la denuncia ambiental

La presentación propone cinco medidas principales dirigidas al Municipio y a las autoridades provinciales.

1. Realizar análisis independientes del agua. Solicitan tomar muestras de la pileta de lixiviados y del arroyo Calfuco, con especial atención a las condiciones de lluvia. Proponen utilizar los mismos cinco puntos de muestreo empleados por la Provincia en 2021.

2. Presentar un plan de monitoreo ambiental. Reclaman que se cumpla la Ley provincial 2648 y se informe si existen pozos de monitoreo para controlar las aguas subterráneas.

3. Concretar la clausura y remediación de la celda. Piden que se formalice la medida prevista en la Ordenanza 3614/2019, con un cronograma de trabajo y financiamiento.

4. Presentar los informes semestrales pendientes. Los promotores sostienen que no encontraron las rendiciones periódicas exigidas desde diciembre de 2019 y estiman que podrían corresponder alrededor de trece informes.

5. Retomar la fiscalización provincial. Solicitan que la autoridad de aplicación evalúe la situación y adopte las medidas que correspondan dentro de sus competencias legales.

Los vecinos sostienen que no buscan una indemnización económica, sino que se cumplan las obligaciones establecidas en la normativa vigente y se determine, mediante estudios actualizados, el estado ambiental del lugar.

Cómo adherir a la campaña por el basural

Los vecinos habilitaron el sitio basural-vla.netlify.app para reunir las adhesiones a la denuncia.

Según explican los organizadores, pueden sumarse residentes de Villa La Angostura mediante la carga de nombre completo, DNI y domicilio. La adhesión no equivale a ser uno de los firmantes que presenta formalmente la denuncia, sino que expresa el acompañamiento ciudadano al reclamo.

Los impulsores informan que avisarán a quienes adhieran cuando se presente la documentación y sobre los pasos posteriores. También señalan que quien cambie de decisión podrá solicitar que se retire su nombre.

La campaña busca que el pedido de controles, clausura y remediación no quede limitado a un grupo de vecinos, sino que reúna el respaldo de la comunidad.

Por el momento, el eje del reclamo es obtener información ambiental actualizada, conocer el estado del sistema de tratamiento de líquidos y exigir que los organismos competentes informen qué medidas adoptaron frente a los antecedentes documentados.