Empleadas municipales sumariadas, piden juicio político a funcionarios por "encubrimiento y violencia institucional"
La Municipalidad de Villa La Angostura enfrenta la presentación de un pedido de juicio político contra altos funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo local, radicado ante el Concejo Deliberante por dos empleadas municipales: Rosa Orellana y Jesica Maldonado.
El reclamo tiene como antecedente un grave incidente ocurrido el 21 de enero de 2025, cuando una funcionaria política agredió físicamente a una adolescente bajo protección estatal durante una intervención oficial.
A pesar de haber sido informados internamente los hechos, el Ejecutivo no tomó medidas disciplinarias contra la agresora, quien posteriormente renunció sin sanciones ni consecuencias legales, eludiendo un procedimiento de remoción o juicio político.
Represalias contra quienes denunciaron
Lejos de proteger a las denunciantes, el Ejecutivo emprendió una serie de medidas arbitrarias contra Orellana y Maldonado:
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Suspensión de funciones
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Sumarios administrativos sin sustento legal
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Aislamiento institucional
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Restricción del acceso a herramientas laborales
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Episodios de violencia simbólica y psicológica
Estas acciones se interpretan como hostigamiento laboral sistemático por cumplir con la normativa vigente.
Apoyo legal y marco normativo
La presentación se sustenta en:
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Ley Provincial 2302, de protección integral de niños, niñas y adolescentes
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Ley de Ética Pública
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Carta Orgánica Municipal, que obliga a todo funcionario a actuar ante situaciones de vulneración de derechos
El reclamo exige que el Concejo Deliberante asuma su responsabilidad institucional, evalúe la prueba ofrecida y actúe como órgano de control.
Así lo explicaron las propias trabajadoras, que detallaron: "Se espera que el Concejo Deliberante avance con el pedido, tome en consideración las pruebas ofrecidas y cumpla con su rol fundamental de control institucional. La presentación se fundamenta en la Ley Provincial 2302 de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, la Ley de Ética Pública, y la Carta Orgánica Municipal, que obliga a todo funcionario público a actuar ante el conocimiento de hechos que impliquen vulneración de derechos".
Así mismo, agregaron: "En vista de la presentación, el Concejo Deliberante tiene una gran responsabilidad y una decisión crucial que tomar: demostrar si está dispuesto a defender la legalidad, el bienestar de los más vulnerables y la transparencia en el ejercicio del poder público o naturalizar este tipo de conductas".