Juan Naretti explicó cómo son los cambios administrativos en los procesos de compras que impulsa el gobierno

El secretario de Gobierno, Juan Naretti, explicó en una entrevista realizada en FM Andina, cuáles y cómo son  los cambios que impulsa el municipio sobre compras y contrataciones. Aseguró que buscan reducir demoras administrativas sin eliminar controles del Concejo Deliberante ni de la Auditoría Municipal.

Uno de los temas centrales que dejó la entrevista fue el proyecto de modificación del régimen administrativo municipal vinculado a compras, contrataciones y procedimientos internos.

La discusión surgió después de cuestionamientos públicos sobre si los cambios podrían reducir mecanismos de control institucional.

Desde el Ejecutivo rechazaron esa interpretación y plantearon que el objetivo es agilizar procesos que hoy consideran excesivamente lentos.

“Nosotros no estamos buscando evadir ningún control. Por todo lo contrario: necesitamos que el control y la transparencia se ejerzan, pero de forma ágil, eficaz y atento a las demandas que tienen hoy los vecinos.”

Según explicó Naretti, el problema que observan actualmente no está en la existencia de controles sino en los plazos administrativos que terminan demorando decisiones operativas del municipio.

Cómo funciona hoy el sistema de compras municipales

Para entender el debate, el funcionario explicó que actualmente existen tres modalidades de contratación dentro del municipio.

Contratación directa

Es el mecanismo más acotado y tiene límites establecidos por la Carta Orgánica Municipal.

Naretti remarcó que este punto no está siendo modificado.

“El Ejecutivo no puede hacer ninguna contratación directa que supere los dos sueldos del intendente. Eso no se modifica en absoluto porque está fijado por Carta Orgánica.”

De acuerdo con su explicación, cuando una contratación supera ese umbral económico, automáticamente debe pasar a mecanismos con mayor intervención institucional.

Concurso de precios

Es el mecanismo que hoy concentra buena parte del debate.

Cuando una compra supera el límite de contratación directa, el municipio debe iniciar un procedimiento formal que incluye: elaboración del expediente; confección del pliego; intervención administrativa; toma de estado parlamentario; revisión institucional; apertura para oferentes.

Según el Ejecutivo, el esquema actual genera plazos excesivos.

“Hoy un concurso de precio puede demorar cinco o seis meses.”

Y agregó:

“Vos te pasás apenas del monto permitido y para una compra relativamente pequeña tenés que esperar meses por todo el circuito administrativo.”

Licitación pública

Para montos mayores continúa vigente la licitación pública.

Según explicó el secretario, este mecanismo mantiene las instancias de: convocatoria abierta; participación de oferentes; evaluación técnica; intervención política e institucional.

Qué cambios propone el municipio en las ordenanzas

El Ejecutivo sostiene que existen normas posteriores a la Carta Orgánica que, en la práctica, terminaron generando procedimientos más rígidos de lo previsto originalmente.

Uno de los cambios planteados apunta a la actualización automática de montos.

Actualmente, muchos valores están fijados nominalmente en pesos dentro de ordenanzas.

Según Naretti, eso obliga a revisar permanentemente los límites de contratación.

“No queremos dejar un monto fijo en pesos en una ordenanza. Queremos una variable dinámica que se vaya ajustando automáticamente.”

La idea planteada es vincular esos valores a indicadores que permitan mantener actualizado el sistema sin necesidad de reformarlo cada año.

El problema del receso legislativo y las demoras administrativas

Otro de los puntos señalados fue el funcionamiento del sistema durante períodos sin actividad legislativa.

Según explicó el funcionario, algunos expedientes requieren toma de estado parlamentario.

Eso implica que durante determinados momentos del año el circuito administrativo se ralentiza.

“No podés parar el municipio hasta que vuelvan los concejales a sesionar.”

Desde el Ejecutivo sostienen que buscan incorporar herramientas que permitan mantener capacidad operativa sin eliminar instancias posteriores de control.

Qué rol tendría el Concejo Deliberante

Uno de los cuestionamientos públicos estuvo vinculado al papel del Concejo Deliberante.

Naretti sostuvo que el Concejo seguiría interviniendo en los procesos donde hoy tiene competencia.

En especial en: concursos de precios; licitaciones; revisión de expedientes; tratamiento administrativo.

Explicó además que existe una interpretación normativa vigente sobre plazos administrativos.

“Eso ya está en la ordenanza vigente. Si el Concejo Deliberante no se expide en determinado plazo, se entiende que habilita continuar el procedimiento.”

El funcionario aclaró que ese mecanismo no fue incorporado por esta modificación, sino que ya forma parte del esquema actual.

La discusión por el control de la Auditoría Municipal

Otro punto sensible fue el alcance del control de la Auditoría Municipal.

Algunas críticas señalaron que el nuevo esquema trasladaría el control hacia una etapa posterior de ejecución.

Naretti defendió esa lógica.

“Toda auditoría es posterior porque vos auditás sobre lo ya consumado.”

Explicó que igualmente existen mecanismos preventivos.

“Lo que podés hacer previamente es un muestreo o revisiones anticipadas, pero la auditoría sobre el hecho administrativo normalmente ocurre después.”

Según el secretario, la propuesta es que en ciertas contrataciones menores el control posterior permita reducir tiempos.

Sin embargo, marcó diferencias con obras y procesos mayores.

“Si hablamos de concurso de precios o licitación de una obra pública, estoy totalmente de acuerdo en que el análisis tiene que ser anterior.”

La discusión de fondo: eficiencia versus burocracia

El argumento central del Ejecutivo es que el sistema actual genera demoras que terminan afectando tanto a proveedores como a vecinos.

Como ejemplo, mencionó contrataciones vinculadas a talleres municipales.

“Hubo casos donde personas tardaron meses en cobrar por cómo estaba armado el procedimiento.”

Por eso, el planteo oficial es que la reforma permita mantener control político, administrativo y técnico, pero reduciendo tiempos de tramitación.

“No queremos menos control. Queremos más agilidad en el control.”