El Concejo tratará hoy el pedido de Juicio Político que presentaron dos empleadas municipales sumariadas
En el marco de una Sesión Extraordinaria que se realizará esta mañana, el Concejo Deliberante tratará el pedido de juicio político a funcionarios por "encubrimiento y violencia institucional" que realizaron dos empleadas municipales sumariadas: Rosa Orellana y Jesica Maldonado.
El reclamo tiene como antecedente un grave incidente ocurrido el 21 de enero de 2025, cuando una funcionaria política agredió físicamente a una adolescente bajo protección estatal durante una intervención oficial.
A pesar de haber sido informados internamente de los hechos, el Ejecutivo no tomó medidas disciplinarias contra la agresora, quien posteriormente renunció sin sanciones ni consecuencias legales, eludiendo un procedimiento de remoción o juicio político.
Desde el gobierno, oportunamente explciaron que tanto Orellana como Maldonado, no cumplieron con los pasos establecidos para denunciar las agresiones, ni informaron oportunamente lo ocurrido. En ese contexto, señalan además que visualizaron imágenes de las cámaras de seguridad sin el permiso correspondiente.
Represalias contra quienes denunciaron
Lejos de proteger a las denunciantes, el Ejecutivo emprendió una serie de medidas arbitrarias contra Orellana y Maldonado:
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Suspensión de funciones
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Sumarios administrativos sin sustento legal
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Aislamiento institucional
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Restricción del acceso a herramientas laborales
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Episodios de violencia simbólica y psicológica
Estas acciones se interpretan como hostigamiento laboral sistemático por cumplir con la normativa vigente.
La presentación del pedido de Juicio Político, se sustenta en:
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Ley Provincial 2302, de protección integral de niños, niñas y adolescentes
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Ley de Ética Pública
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Carta Orgánica Municipal, que obliga a todo funcionario a actuar ante situaciones de vulneración de derechos
El reclamo exige que el Concejo Deliberante asuma su responsabilidad institucional, evalúe la prueba ofrecida y actúe como órgano de control.
Así lo explicaron las propias trabajadoras, que detallaron: "Se espera que el Concejo Deliberante avance con el pedido, tome en consideración las pruebas ofrecidas y cumpla con su rol fundamental de control institucional. La presentación se fundamenta en la Ley Provincial 2302 de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, la Ley de Ética Pública, y la Carta Orgánica Municipal, que obliga a todo funcionario público a actuar ante el conocimiento de hechos que impliquen vulneración de derechos".
Asimismo, agregaron: "En vista de la presentación, el Concejo Deliberante tiene una gran responsabilidad y una decisión crucial que tomar: demostrar si está dispuesto a defender la legalidad, el bienestar de los más vulnerables y la transparencia en el ejercicio del poder público o naturalizar este tipo de conductas".