Por decreto, cesantearon a una empleada municipal de planta permanente por abandono de servicio

La medida quedó firme tras un sumario administrativo y la falta de recursos ante la JACAD, luego de que la agente no se reintegrara a su puesto pese a una intimación y un dictamen de aptitud laboral. El decreto ordena descontar los días no trabajados y corregir registros erróneos en Recursos Humanos.

El Departamento Ejecutivo Municipal de Villa La Angostura dispuso hacer efectiva la cesantía de la agente de planta permanente Rosa Amalia Orellana , tras quedar firme en sede administrativa la resolución del sumario que la halló responsable de la falta grave de "Abandono de Servicio".

De acuerdo con los considerandos del acto administrativo —refrendado por el secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti—, la medida se apoya en los artículos 118 inciso a) y 134 del Estatuto del Personal Municipal (Ordenanza N° 1609/05) y resguarda las garantías constitucionales locales: el texto recuerda que "el artículo 216 de la Carta Orgánica Municipal garantiza la estabilidad en el empleo y dispone que ningún empleado puede ser removido sin justa causa y sumario previo", recaudos que el Ejecutivo dio por cumplidos en estas actuaciones.

El recorrido del sumario y los plazos vencidos

El Expediente N° 052-I-2026 se había iniciado mediante el Decreto N° 490/2026 con intervención de la Junta de Admisión, Calificación, Ascensos y Disciplina (JACAD) y la Auditoría Municipal. Según el decreto, la instrucción sumariante —a cargo del Dr. Juan Manuel Baya— acreditó que mediante dictamen de la Junta Médica de fecha 30 de diciembre de 2025 "se determinó la aptitud laboral de la agente", y que posteriormente "fue intimada a reintegrarse a sus tareas mediante Carta Documento notificada fehacientemente el día 12 de enero de 2026".

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Pese a esa notificación, el documento oficial indica que la trabajadora "no se presentó a prestar tareas, incurriendo en inasistencias injustificadas entre el 13 de enero y el 13 de febrero de 2026", configurándose las ausencias continuas que tipifican el abandono de servicio. Asimismo, respecto de la documentación aportada por la empleada, la instrucción determinó que "los certificados psicológicos presentados con posterioridad al dictamen de la Junta Médica no invalidan lo determinado por ésta, y que no existe en autos prueba que desvirtúe las inasistencias injustificadas".

El 9 de octubre de 2026, el instructor resolvió "rechazar en todos sus términos los planteos de sobreseimiento automático y de caducidad del procedimiento sumarial" y establecer la cesantía. Notificada la resolución final el 16 de octubre en los domicilios constituidos por su defensa técnica, el plazo perentorio e improrrogable de tres días hábiles para apelar "venció el día 21 de octubre de 2026 sin que la agente sumariada ni su defensa técnica interpusieran recurso alguno ante la JACAD", dejando la sanción firme en instancia administrativa y obligando al intendente a ejecutarla en virtud del artículo 128 del Estatuto, que establece que "El Intendente hará cumplir la sanción disciplinaria establecida, una vez que la misma quede firme".

Alcances financieros, judiciales y corrección de registros

En el plano judicial, el decreto advierte que la demanda iniciada por la trabajadora contra el municipio para intentar frenar el proceso "no suspendió la ejecución de los actos dictados en el sumario, en virtud de la presunción de legitimidad y la fuerza ejecutoria de que gozan los actos administrativos, no habiéndose dictado en dicha sede medida cautelar alguna que lo impida".

En su parte resolutiva, el Ejecutivo ordena hacer cumplir la sanción disciplinaria de cesantía "con efecto a partir del día de la notificación del presente" e instruye a la Dirección de Recursos Humanos a ejecutar una serie de medidas administrativas y contables:

Efectuar la baja de la agente en los registros de personal y en el sistema de liquidación de haberes.

Practicar la liquidación final de haberes "con el descuento de las inasistencias injustificadas, las que no se computarán como licencia anual".

Corregir el registro de las ausencias del mes de enero de 2026 consignadas en la planilla de Recursos Humanos con las siglas "Cer" y "JUS", lo que el decreto califica textualmente como "un error de ingreso de datos que debe ser corregido".

Asentar la sanción en el legajo personal y extender la certificación de servicios y documentación de egreso correspondiente.

Finalmente, el artículo 3° del decreto deja asentado que "la sanción de cesantía caducará a los diez (10) años de su notificación" y que contra esta resolución definitiva la agente podrá interponer la acción procesal administrativa prevista en el artículo 129 del Estatuto del Personal Municipal.