Caso Fernández: los querellantes pidieron penas más duras que la fiscalía por la millonaria estafa inmobiliaria

Durante la audiencia de alegatos finales en el juicio por estafas inmobiliarias, los abogados querellantes Guillermo Hensel y Lorena Miani solicitaron penas más elevadas que las requeridas por el fiscal Adrián De Lillo para el acusado Ramiro Fernández, ex agente de la inmobiliaria Lepore, imputado por una estafa multimillonaria que afectó a 39 víctimas entre 2020 y 2023.

El fiscal había pedido 7 años y 6 meses de prisión efectiva, pero los representantes de las víctimas plantearon que esa pena no alcanzaba a reflejar la gravedad de los hechos ni el impacto emocional y económico provocado.

Guillermo Hensel: "La magnitud del daño exige una respuesta ejemplar"

El abogado Guillermo Hensel, quien representa a un grupo de damnificados, pidió una pena de 9 años de prisión efectiva, remarcando que la conducta de Fernández fue “fría, calculada y persistente”.

“No estamos ante un simple incumplimiento comercial: fue una operación planificada para defraudar, con abuso de la confianza y aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas”, afirmó Hensel ante el tribunal.

También hizo énfasis en el contexto emocional de varias víctimas, quienes —según relató— confiaron sus ahorros de toda la vida al acusado, incluso en momentos personales delicados como embarazos, enfermedades terminales o duelos familiares.

Lorena Miani: "No hay arrepentimiento, solo estrategia"

Por su parte, la abogada Lorena Miani, representante de otra parte de los damnificados, fue aún más contundente: solicitó una pena de 12 años de prisión efectiva, argumentando que Fernández no solo actuó con dolo, sino que nunca mostró verdadero arrepentimiento. Además, requirió que se le aplique una multa. 

“El reconocimiento de responsabilidad fue una maniobra defensiva, no un acto sincero. No pidió perdón a tiempo, no reparó el daño real, y buscó desligarse cuando ya no tenía salida”, sostuvo Miani.

También hizo hincapié en el uso del prestigio de la inmobiliaria Lepore como pantalla para captar víctimas, señalando que muchas personas fueron estafadas más de una vez por el acusado.

Un fallo clave para la comunidad

Con estos planteos, el tribunal deberá definir ahora si impone la pena solicitada por el Ministerio Público (7 años y 6 meses) o si atiende a los reclamos de las querellas, que exigen penas más severas: 9 y 10 años respectivamente.

La sentencia será comunicada mañana a partir de las 11:00 horas y podría sentar un precedente para causas similares, en un contexto donde las estafas inmobiliarias se han vuelto cada vez más frecuentes y sofisticadas.