EL PAPELÓN OFICIAL
El abogado de Carlos Vázquez negó la usurpación de título y responsabilizó a la Auditora por no verificar credenciales al contratarlo
El caso de la presunta usurpación de título que involucra a Carlos Vázquez, contratado por la Auditoría Municipal como asesor legal sin ser abogado, tomó un giro inesperado.
En declaraciones difundidas por FM Andina, su defensor Cristian Pettorosso aseguró que la responsabilidad no recae en su cliente, sino en la propia Auditora Municipal, quien —según afirma— incumplió sus obligaciones de verificación.
La denuncia de Vázquez: “El que nada debe, nada teme”
Petoroso explicó que fue el propio Vázquez quien decidió radicar una denuncia penal contra la Auditora Municipal, Rozana Diez, por el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“El que nada debe, nada teme. Vázquez se pone a disposición de la justicia”, sostuvo su abogado.
El letrado dijo haber acompañado personalmente la denuncia, presentada en la comisaría local, y remarcó que la investigación recién comienza.
Dos figuras penales en tensión
Petoroso señaló que el caso involucra dos delitos de acción pública:
Usurpación de título
Previsto en el Código Penal, con penas de uno a seis meses e inhabilitación. Es la acusación que podría recaer sobre Vázquez.
Incumplimiento de los deberes de funcionario público
En este caso contra la Auditora Municipal, contemplado en el artículo 248, con penas de un mes a dos años de prisión.
Según Petoroso, la segunda figura es “más grave” que la primera.
¿Vázquez se presentó como abogado? La clave del caso
El defensor afirmó que Vázquez nunca declaró ser abogado y que el currículum presentado ante la auditora —que obra en su poder— no contiene en ningún renglón esa afirmación.
“Esa es la primera pregunta que debía hacer la Auditora: ¿dónde está tu título?”, señaló.
Cabe remarcar que en el contrato que firmaron tanto Vázquez, como Diez y el propio intendente Javier Murer, figura como "Abogado".
Ayer, diarioandino se comunicó telefónicamente con la Auditora para conocer su versión de los hechos, pero esta prefirió no dar declaraciones por el momento.
La falla administrativa como “diluyente penal”
Petoroso sostiene que si la administración hubiese cumplido con los controles básicos, “Vázquez no podría haber trabajado ni un minuto en la Auditoría”.
Para el abogado, esta omisión diluye la figura penal sobre su cliente, ya que el supuesto engaño “era muy fácil de descubrir”.
Petoroso incluso dejó abierta la posibilidad de otro delito: falsedad ideológica, si se comprueba que la funcionaria certificó aptitudes profesionales sin verificarlas.
“Hay una falla palmaria y patente en la función de control. Eso no puede cargarse en cabeza de Vázquez.”
¿Qué pasa con los dictámenes emitidos?
Otro punto clave es la validez de los asesoramientos realizados por Vázquez durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
Petoroso sostuvo que, si fueron aprobados por la autoridad correspondiente, “tienen visos de legalidad”, aunque reconoció que Vázquez no estaba habilitado para tareas jurídicas.
Cómo seguirá la causa
Todo quedará en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar:
-Si Vázquez mintió o no sobre su formación;
-Si la Auditora incumplió sus deberes de verificación;
-Si existe responsabilidad compartida o prevalece una de las dos líneas de denuncia.
Mientras tanto, el caso ya se instaló como uno de los episodios más tensos y escandalosos dentro del ámbito municipal.