ESPACIOS VERDES
La Auditora pidió que el planteo del Defensor lo haga en la Justicia y Baltanás lo calificó de "error conceptual grave”
Las declaraciones que brindó ayer en FM Andina el Defensor del Pueblo, Sebastián Baltanás, revelaron un nuevo capítulo en la tensión con la Auditoría municipal. Según explicó, la auditora no solo evitó responder sus observaciones al dictamen del 25 de noviembre, sino que además le indicó que "el planteo debía realizarse en la Justicia", una decisión que sorprendió dentro del esquema institucional previsto por la normativa local.
Baltanás aseguró que no recibió ninguna contestación formal sobre los errores que había marcado en el dictamen emitido por la Auditoría.
El defensor afirmó que la única comunicación que recibió fue una nota enviada al Ejecutivo y al Concejo Deliberante indicando que su planteo debía dirigirse al expediente judicial, sin reconocer errores ni abrir una instancia de revisión interna.
Observaciones que quedaron sin respuesta
Baltanás enumeró que sus objeciones incluían 11 puntos, entre los que se destacaban fechas incorrectas en resoluciones y ordenanzas, inconsistencias procedimentales en la tramitación del dictamen, contradicciones en la numeración de notas enviadas por la auditora, falta de fundamentación en aspectos administrativos clave.
Pese a ello, afirmó que “no hubo ningún tipo de reconocimiento formal de los errores ni tampoco explicaciones”.
El rol de la Defensoría según la ordenanza
El defensor recordó que la intervención de su organismo está prevista en el artículo 19 de la normativa que regula la Defensoría del Pueblo, que lo faculta a recomendar cambios normativos o revisar actos administrativos cuando puedan perjudicar a vecinos o generar injusticias.
Por eso, consideró inusual que la auditora buscara cerrar la vía administrativa enviando el conflicto a la Justicia:
“Esto significaría que ningún órgano de control municipal podría revisar actos de otro. Es un error conceptual grave.”
Una postura que Baltanás considera “soberbia”
El defensor fue directo al describir la actitud institucional: “Hay mucha soberbia. Como si lo que dice la Auditoría fuera incontestable. Pero todos podemos equivocarnos.”
También indicó que le llama la atención el silencio de los concejales, que —según él— no se pronunciaron pese a que votaron ordenanzas que se apoyan en dictámenes que presentan errores.
Enmiendas evitables y tiempos administrativos
Baltanás señaló que, al revisar expedientes anteriores como el de las escuelas, detectó meses sin actividad administrativa que podrían haberse aprovechado para corregir normativas, evitando así la necesidad de resoluciones apresuradas:
“En una semana resolvieron lo que podrían haber planificado mejor. Hoy vemos decretos y fechas erróneas que se podrían haber corregido.”
Fondo de la cuestión: transparencia y control
Para el defensor, el conflicto excede un cruce técnico:
La falta de respuesta afecta la transparencia.
Debilita el rol de control que la comunidad espera.
Genera un precedente institucional riesgoso.
El funcionario remarcó que su obligación es preservar derechos presentes y futuros, más allá del conflicto puntual.
“Si hay errores, hay que corregirlos. Si no se responde y se manda todo a la Justicia, queda la sensación de que algo se quiere evitar.”