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Murer rechazó por Decreto el pedido del propietario y avanza la demolición de la polémica obra de Barrio El Once
El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, firmó un decreto mediante el cual rechazó el pedido administrativo presentado por el propietario Gustavo Cavallaro, quien había solicitado suspender la ejecución de una sanción vinculada a una obra sin autorización.
El planteo había sido presentado en el expediente administrativo N° 43 – Año 2026, donde el propietario solicitaba que el Ejecutivo municipal suspendiera la orden de desmontar una estructura metálica instalada sin permiso ni planos aprobados.
La construcción se encuentra en el inmueble ubicado en calle Cerro Inacayal 454.
La sanción fue dictada por el Tribunal de Faltas
De acuerdo con la documentación oficial, la sanción surge de la Resolución N° 482/25 dictada por el Tribunal Municipal de Faltas de Villa La Angostura.
En esa resolución se condenó a Gustavo Cavallaro y a Gloria Daniela Souto Barros, como propietarios del inmueble, al pago de una multa y al desarme de la estructura metálica, al comprobarse que la obra se realizaba sin autorización municipal ni responsable técnico.
El fallo estableció que la obra se ejecutaba sin permiso de inicio ni planos aprobados, lo que constituye una infracción a la normativa urbanística vigente.
El intendente señaló que no puede suspender el fallo
En el decreto, el Ejecutivo municipal sostuvo que no corresponde suspender la sanción, ya que la decisión fue tomada por la Justicia de Faltas y el expediente se encuentra firme.
Según se detalla en el documento oficial, el Ejecutivo actúa únicamente como órgano encargado de ejecutar las resoluciones del Tribunal de Faltas.
El decreto señala textualmente que “la decisión de ordenar el desmonte de la estructura violatoria de la norma no ha sido tomada por el Departamento Ejecutivo, sino por el Tribunal Municipal de Faltas en un expediente finalizado”.
Además, se indica que la resolución condenatoria se encuentra consentida por el propio solicitante, por lo que llegó firme a la instancia administrativa.
El municipio deberá ejecutar la orden de desarme
El documento también recuerda que el Departamento Ejecutivo actúa como auxiliar del cumplimiento de lo dispuesto por la Justicia de Faltas, en el marco del poder de policía municipal establecido en la Carta Orgánica.
En ese sentido, el decreto remarca que las decisiones del Tribunal de Faltas no pueden ser revisadas ni modificadas por el Ejecutivo ni por el Concejo Deliberante.
Por ese motivo, el intendente resolvió rechazar el pedido presentado por Cavallaro, lo que deja vigente la sanción dictada y habilita avanzar con la demolición o desarme de la estructura metálica construida sin autorización.
Polémica por los planos del proyecto
La presidenta de la Junta Vecinal del barrio El Once, Silvana Gordillo, cuestionó con dureza la obra del tinglado construido sin autorización municipal en un terreno ubicado sobre calle Inacayal, entre Calafate y Michay.
En declaraciones a FM Andina, la dirigente sostuvo que el emprendimiento avanzó sin planos aprobados ni permiso de inicio de obra, y que incluso se desoyó una orden de paralización emitida por inspectores municipales.
“Se hizo todo al revés, de atrás para adelante. La municipalidad la frena, desoyen la orden y siguen avanzando”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos señalados por Gordillo fue la documentación presentada por el propietario para intentar regularizar la construcción mediante una excepción ante el Concejo Deliberante.
“Hay un plano ficticio, un plano que miente en altura y en retiros”, aseguró la dirigente, al sostener que los planos presentados no coinciden con lo que realmente se construyó en el lugar.
Según explicó, el proyecto busca habilitar el espacio como complejo deportivo cubierto, pero advirtió que aprobar una excepción en estas condiciones podría generar un precedente problemático.
“Está pidiendo una excepción con un plano que miente. Es una locura querer hacer el 100% del terreno con la excusa de un espacio deportivo”, remarcó.
Gordillo también advirtió que si se habilita una excepción después de haber construido sin autorización, “sería como decir: hagan lo que quieran y después pidan perdón”, por lo que reclamó que se respeten las normas urbanísticas vigentes.
Según indicó, el caso cuenta con dos expedientes en el Tribunal de Faltas, donde incluso existe una orden de demolición que aún debe ejecutarse.