Exdirectora le reclama millones al municipio tras ser sancionada por la JACAD

En el marco de un sumario administrativo vinculado al caso de violencia institucional en el Refugio de Mujeres, la Junta de Admisión, Calificación, Ascensos y Disciplina (JACAD) resolvió aplicar una sanción de traslado disciplinario por seis meses a Rosa Amelia Orellana, quien en ese momento se desempeñaba como Directora de Capital Humano del municipio de Villa La Angostura.

No obstante, la sanción nunca llegó a concretarse, según informaron fuentes del Ejecutivo.

“No se pudo aplicar el cambio de área dispuesto por la JACAD porque la trabajadora presentó un certificado psicológico”, indicó una fuente que pidió reserva de identidad.

Sin embargo, precisó que la licencia fue evaluada por una Junta Médica integrada por un psicólogo, un psiquiatra y un médico laboral, cuyo dictamen resultó adverso para la trabajadora: “La Junta resolvió que la empleada estaba apta para retomar sus tareas”.

“Pese a ello, Orellana no se presentó a trabajar y actualmente reclama un monto millonario al Municipio en la Justicia”, señalaron desde el gobierno.

Además, indicaron que “utiliza como antecedente el caso de Gabriel Caravajal, un empleado que fue exonerado por ser hallado culpable del robo de combustible mientras contaba con fueros sindicales y que, por ese motivo, debió ser reincorporado y recibir el pago de salarios caídos”.

El reclamo

Orellana pide ante la Justicia:

Diferencias salariales correspondientes a la categoría de Directora que detenta.

Reintegro de los salarios descontados bajo el concepto de “falta injustificada”, los cuales considera improcedentes en virtud de la invalidez de los actos administrativos que los dispusieron.

Salarios dejados de percibir como consecuencia de suspensiones que califica como arbitrarias por parte de la administración.

Pérdida de adicionales salariales, bonos y otros componentes remunerativos vinculados al ejercicio efectivo del cargo.

Daño a la carrera administrativa y al desarrollo progresivo laboral, derivado de la afectación injustificada de su trayectoria funcional dentro de la administración municipal.

Daño a su imagen profesional, a raíz de la imposición de sanciones disciplinarias que considera ilegítimas y que, según sostiene, impactan negativamente en su reputación.

El caso

Si bien el caso se desató en enero del año pasado, la sanción fue aplicada en junio, luego de una extensa investigación interna iniciada tras la denuncia de dos funcionarias municipales sobre presuntas irregularidades en el procedimiento vinculado a la agresión física sufrida por una menor. Este hecho derivó en la renuncia de Graciela Lobos, entonces secretaria de Desarrollo Humano.

Según el sumario, Orellana ingresó sin autorización a las oficinas del área de Sistemas y accedió a grabaciones sensibles de un caso que involucra a una menor. La Junta sostuvo que, al no formar parte del área de Niñez, Adolescencia y Familia, carecía de atribuciones para intervenir en la visualización de material confidencial, lo que implicó una vulneración de las normas de protección de datos personales y de derechos de menores.

Si bien la funcionaria argumentó que su accionar tuvo como objetivo denunciar un hecho grave, la investigación concluyó que no se ajustó a los protocolos establecidos y que la denuncia fue presentada dos días después de los hechos, sin notificación inmediata a las autoridades competentes.

Según fuentes consultadas por DiarioAndino, “en el expediente del sumario no existe prueba alguna de lo que manifiesta la agente respecto de la comisión de un delito, la injerencia de funcionarios ajenos al procedimiento ni la existencia de instrucciones impartidas por ellos. Se trata de manifestaciones de carácter subjetivo”.

La cesantía fue desestimada

Inicialmente se había propuesto la sanción de cesantía. Sin embargo, en la sesión del 22 de mayo de 2025, la JACAD resolvió modificar la medida y aplicar un traslado temporal por seis meses a otra área municipal. La decisión se basó en la falta de pruebas que respaldaran las afirmaciones de Orellana sobre supuestas irregularidades de terceros, así como en su ausencia en la audiencia prevista para ejercer su defensa.

Contexto del conflicto institucional

El caso se vincula directamente con los hechos que derivaron en la salida de Graciela Lobos, quien fue señalada por una presunta agresión a una adolescente durante un traslado institucional. Las imágenes del incidente habrían sido clave para reconstruir lo ocurrido, pero su acceso quedó restringido debido a la alta sensibilidad del caso y la necesidad de resguardar la privacidad de la menor.

La polémica escaló al plano judicial y político, dejando al descubierto fallas estructurales en el manejo de información sensible y en el abordaje institucional de situaciones que involucran a menores en contextos de vulnerabilidad.