Hensel cuestiona el comodato por 99 años, pero su postura reabre el debate sobre el urbanismo que respaldó como concejal

El exconcejal y exconvencional constituyente municipal del MPN Guillermo Hensel volvió a cuestionar públicamente las decisiones del Gobierno municipal vinculadas con el patrimonio y el ordenamiento urbano. Lo hizo a través de una carta titulada “Apoyo y oposición. La urgencia y la falacia no puede reemplazar a la legalidad y dañar al patrimonio”, en la que cuestiona el tratamiento “urgente” de proyectos y, particularmente, el comodato por 99 años de un inmueble municipal.

La posición actual de Hensel plantea, sin embargo, un debate sobre sus propios antecedentes legislativos. Durante su paso por el Concejo Deliberante como representante del MPN, participó de decisiones impulsaron modificaciones anormas urbanísticas, facultando la mayor densificación del suelo, y el polémico canje de tierras que el propio exintendente defendió como el intercambio de las “mejores tierras” para urbanizar.

En diciembre de 2012, por ejemplo, el Concejo aprobó  la Ordenanza 2659, que modificó la Ordenanza 1414. En esa oportunidad, Hensel resaltó la importancia de la nueva regulación sobre la subdivisión de la tierra y la agilización del tratamiento de proyectos.

El canje de tierras que hoy vuelve al centro de la discusión

Otro antecedente relevante es el canje de 20,7 hectáreas del Parque Industrial municipal por tierras pertenecientes al grupo empresario que impulsaba una cancha de golf y un desarrollo inmobiliario durante la gestión del exintendente Roberto Cacault.

En septiembre de 2013, Cacault defendió públicamente el acuerdo, pese a que èl mismo reconociò que las teirras del ex parque industrial eran las mejores que tenía el municipio para una futura urbanización. Según explicó entonces, el objetivo era avanzar con el canje para concretar un loteo social destinado a unas 420 soluciones habitacionales.

El debate fue fuertemente cuestionado por sectores opositores. En aquella discusión, el entonces concejal del FpV José Picón sostuvo que el verdadero objetivo del canje había sido “entregar las mejores tierras del Parque Industrial para la cancha de golf” y  el tiempo parece haberle dado la razón.

Hensel, en cambio, defendió el proyecto inmobiliario y la cancha de golf. Tras la aprobación, como concejal del MPN, sostuvo que había “dos visiones de pueblo” y cuestionó a quienes se oponían al desarrollo. También destacó las inversiones que, según estimaba, generaría el proyecto.

Ese antecedente resulta relevante frente a la carta que ahora firma el exedil, porque su actual defensa del patrimonio municipal y de la planificación urbanística contrasta con decisiones que acompañó desde el Concejo durante su etapa como representante del MPN.

“La urgencia se transformó en un método permanente”

En su carta, Hensel comienza cuestionando el pedido de tratamiento urgente realizado por el Ejecutivo:

“He leído una nueva nota en la que el Intendente solicita al Concejo Deliberante el tratamiento ‘urgente’ de un proyecto considerado prioritario para la comunidad”.

Y agrega:

“Nadie puede discutir la importancia de contar con más infraestructura deportiva, educativa o de servicios. Lo verdaderamente preocupante es que la urgencia se haya transformado en un método permanente de gobierno para justificar el apartamiento de las normas vigentes”.

En ese marco, acusa al gobierno municipal de perder autonomía frente a la Provincia y afirma que “dañan el equilibrio urbanístico”.

También hace una referencia específica al gimnasio Enrique Barbagelata y al espacio verde:

“Imperdonable e imposible dejar de plantear ESPACIO VERDE GIMNASIO BARBAGELATA, que quede siempre en la memoria de todos”.

“Los fines no justifican los medios”

Hensel sostiene que el desarrollo de infraestructura no puede utilizarse como argumento para apartarse de las normas municipales.

“En un Estado de Derecho, los fines no justifican los medios”.

Y plantea que quienes gobiernan deberían conocer las normas antes de asumir:

“Quien aspira a gobernar Y QUIEN GOBIERNA bien un municipio conoce y debería conocer la Carta Orgánica Municipal, las ordenanzas vigentes y los procedimientos que ellas establecen”.

En otro tramo, cuestiona lo que considera una utilización recurrente de la figura de la urgencia:

“Sin embargo, en los últimos tiempos observamos una preocupante reiteración de pedidos de ‘tratamiento urgente’ para proyectos que podrían y deberían haber sido planificados con la debida anticipación”.

También advierte:

“Más grave aún, esa lógica parece extenderse a otros ámbitos de la gestión, donde la legalidad termina siendo presentada como un inconveniente burocrático que debe ceder frente a la voluntad política del momento”.

Compras, espacios verdes, patrimonio y tierras

El exconcejal enumera distintos aspectos de la gestión municipal que, a su criterio, deberían ser revisados:

“Ha ocurrido con intentos de flexibilizar los procedimientos de compras públicas, con decisiones que afectan espacios verdes protegidos por la propia Carta Orgánica, con interpretaciones que desconocen el Código Urbanístico, con iniciativas de cesión de patrimonio municipal sin el debido respeto por los mecanismos institucionales previstos y con políticas vinculadas a ocupaciones de tierras que muchas veces parecen privilegiar soluciones coyunturales por sobre la estricta aplicación de la ley y la igualdad ante ella”.

Y reivindica el papel de la Carta Orgánica:

“La Carta Orgánica no fue redactada para los tiempos fáciles. Precisamente existe para establecer límites cuando aparecen las urgencias, las presiones políticas o las mayorías circunstanciales”.

La crítica al comodato por 99 años

El eje concreto de su carta es el plazo previsto para el comodato del inmueble municipal.

Hensel afirma expresamente:

“Por ello es que expresamente y puntualmente me opongo al plazo planteado de 99 años, que no solo excede el mandato de los Concejales, excede la vida que les queda, excede el plazo previsto por la Ordenanza”.

A su entender, un plazo de esa extensión compromete el patrimonio municipal durante varias generaciones:

“Un comodato de noventa y nueve años equivale, en los hechos, a inmovilizar un inmueble municipal durante prácticamente un siglo”.

Y enumera las cuestiones que futuros gobiernos deberían poder revisar: las condiciones de uso, las necesidades de la comunidad, el crecimiento urbano, el valor estratégico del inmueble y las obligaciones asumidas por cada parte.

También cuestiona la relación entre la inversión prevista y el plazo:

“Resulta difícil justificar que una inversión pública de aproximadamente 1.800 m² de infraestructura sobre un predio de 3.220 m² requiera comprometer el uso exclusivo del inmueble durante un siglo”.

Propone un comodato de 10 años

Frente al plazo de 99 años, Hensel propone una alternativa concreta:

“Por ello, se propone que el comodato tenga un plazo máximo de diez (10) años, con posibilidad de renovación por nuevos períodos mediante acuerdo expreso entre las partes y previa evaluación del cumplimiento de los objetivos del convenio”.

Según plantea, esa alternativa permitiría brindar seguridad jurídica para ejecutar la obra, respetar la Ordenanza 3459/2018, renegociar periódicamente las condiciones de uso, actualizar las obligaciones de mantenimiento y preservar la capacidad de decisión de futuras administraciones municipales.

Finalmente, resume su postura:

“El interés público no exige un comodato por noventa y nueve años; exige que la obra se construya y funcione adecuadamente”.

Y concluye:

“Por ello, propongo aprobar la ordenanza con la modificación del plazo, manteniendo el comodato pero limitándolo a diez (10) años renovables, solución que armoniza la ejecución de la obra con la protección del patrimonio municipal, respeta la normativa vigente y evita condicionar innecesariamente la autonomía y capacidad de decisión de las futuras gestiones municipales”.

Una discusión que excede el comodato

La carta instala así una discusión que no se limita al plazo de 99 años. También vuelve sobre la trayectoria de quienes hoy reivindican la protección del patrimonio municipal y cuestionan determinadas decisiones urbanísticas.

En el caso de Hensel, su paso por el Concejo Deliberante del MPN forma parte de esa discusión: En ese debate, la defensa del patrimonio y de la legalidad que hoy plantea Hensel convive con su propio antecedente como concejal en decisiones urbanísticas que contribuyeron -y no de la mejor manera- a definir el modelo de ciudad que ahora también está en discusión.