Desalojo mapuche: la defensa afirma que María Broers no figura como titular y pide un "Arbitraje" para solucionar el conflicto

El conflicto por el desalojo de las comunidades mapuche en Villa La Angostura sumó un nuevo capítulo judicial. La defensa del Lof Kinxikew sostuvo que la medida ejecutada la semana pasada presenta irregularidades y aseguró que la tierra de la que fueron desalojadas las comunidades no figura inscripta a nombre de María Broers en el Registro de la Propiedad Inmueble.

El planteo fue realizado por el abogado Luis Virgilio Sánchez, quien representa a la comunidad y presentó un escrito ante la Justicia el 24 de agosto de 2026 solicitando la nulidad del procedimiento de desalojo y la convocatoria a un arbitraje entre las partes.

La defensa asegura que Broers no aparece en el Registro de la Propiedad

En diálogo con DiarioAndino, Sánchez afirmó que el Informe de Dominio del Registro de la Propiedad Inmueble no registra a María Broers como titular del inmueble donde se ejecutó el desalojo.

"En el Informe de Dominio del Registro de la Propiedad Inmueble ni siquiera figura Broers; figuran los dueños anteriores. El título de la comunidad es anterior, porque el Estado reconoció la ocupación tradicional y ancestral", sostuvo el abogado.

Según el letrado, esa situación tendrá consecuencias en el proceso judicial.

"Nos va a llevar tiempo, pero Broers no solo va a tener que devolver el territorio, sino que también tendrá que indemnizar a la comunidad mapuche por los daños y perjuicios que les han ocasionado", afirmó.

Acusación de una posible estafa procesal

Sánchez también cuestionó la situación registral de la presunta venta del inmueble y lanzó una fuerte acusación contra quienes intervinieron en la operación.

"Si no inscribieron en el Registro la venta de Glas a Broers, es obvio que tampoco van a inscribir la venta de Broers a los nuevos dueños. El ocultamiento de información en el expediente se llama estafa procesal", manifestó.

Esa afirmación constituye una acusación formulada por la defensa de la comunidad y no implica que exista una imputación penal ni un hecho acreditado judicialmente hasta el momento.

La defensa pidió un arbitraje para intentar frenar y resolver el conflicto

Además de solicitar la nulidad del procedimiento de desalojo, el eje central de la nueva presentación judicial del abogado Luis Virgilio Sánchez es un pedido de arbitraje para abrir una instancia de diálogo entre las partes y buscar una salida al conflicto territorial.

En el escrito presentado el 24 de agosto de 2026, la defensa del Lof Kinxikew sostiene que, por tratarse de un conflicto que involucra derechos territoriales de comunidades indígenas, la controversia no debería resolverse únicamente mediante la ejecución de una sentencia de desalojo, sino a través de un mecanismo de resolución consensuada.

¿Qué propone el arbitraje?

La presentación solicita que la Justicia convoque a un espacio de arbitraje integrado por organismos e instituciones que puedan actuar como terceros imparciales. Entre ellos menciona al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Neuquén, el Obispado de Neuquén y la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina.

Según el planteo, ese ámbito permitiría encauzar el conflicto mediante mecanismos de diálogo y negociación, en lugar de continuar exclusivamente con la vía de la ejecución judicial.

Los tres pedidos concretos de la defensa

En su presentación, la comunidad mapuche formula tres solicitudes principales ante la Justicia:

Que se declare la nulidad del procedimiento de desalojo, al considerar que existieron irregularidades y que no se respetaron garantías específicas para comunidades indígenas.

Para la defensa, el arbitraje representa una alternativa para poner fin al conflicto sin profundizar la confrontación judicial, incorporando a distintos actores institucionales en la búsqueda de una solución.

“Sería el primer proceso arbitral de la provincia”, afirmó Sánchez

El abogado Virgilio Sánchez explicó a Diarioandino que, de concretarse, “este sería el primer proceso arbitral que se va a dar en la provincia. Estaríamos inaugurando el nuevo Código Adversarial de la provincia, porque este sería el primer proceso arbitral que se daría en la provincia”.

El abogado remarcó además que el caso tiene una particularidad central: las comunidades indígenas son protagonistas del conflicto, por lo que consideró que un mecanismo de estas características podría permitir encontrar una salida diferente a la confrontación judicial.

El letrado también rechazó la caracterización del conflicto como una disputa exclusivamente entre particulares.

“Sería muy bueno porque está de protagonista precisamente las comunidades indígenas y, además, sin perjuicio de que el Gobernador expresó que se trataba de un conflicto privado entre privados, en realidad todos sabemos que no lo es”, sostuvo.

En ese sentido, argumentó que la participación del Estado provincial se desprende tanto de las reuniones mantenidas con las comunidades como de su intervención dentro del proceso judicial.

“No lo es por la cantidad de reuniones que tuvieron las comunidades con el Gobierno. No lo es porque el Gobierno es parte del proceso judicial que inició la comunidad Kinxikew contra la familia Broers”, señaló.

Otro de los argumentos planteados por el abogado está relacionado con el relevamiento territorial realizado en 2023. Sánchez recordó que el Estado provincial participó de ese proceso y sostuvo que sus resultados no pueden ser ignorados al momento de analizar el conflicto.

“El Gobierno tiene obligaciones que cumplir y, de hecho, fue parte del relevamiento territorial que concluyó en esas tierras”, afirmó.

En ese marco, mencionó la resolución del INAI que, según explicó, reconoce la ocupación tradicional y ancestral de las tierras por parte de la comunidad.

“No nos olvidemos que en el año 2023 se concluyó el relevamiento territorial en ese sector y que la comunidad Kinxikew recibió una resolución del INAI que declara la ocupación tradicional y ancestral de esas tierras”, remarcó.

Para Sánchez, estos antecedentes hacen que la Provincia tenga un rol que excede el de un tercero ajeno a la disputa.