POLEMICA POR LA MEGA "PLUSVALÍA"
Bosque de Lumas: Piden revisar la ordenanza que canjeó 15 hectáreas de tierras fiscales por "compensaciones urbanísticas"
Un vecino particular presentó ante la Defensoría del Pueblo una solicitud para revisar la Ordenanza 4216/2024, que autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar indicadores urbanísticos para el desarrollo de un club de campo en la zona conocida como Mallín del Americano, en Villa La Angostura.
El planteo cuestiona la proporcionalidad entre los beneficios urbanísticos otorgados al desarrollo inmobiliario y las compensaciones previstas para la comunidad. Según sostiene el solicitante, a la fecha no se habrían entregado las obras comprometidas, por lo que considera necesario revisar las condiciones establecidas en la normativa.
En su presentación, el vecino afirma que la localidad atraviesa una situación estratégica en materia de disponibilidad de tierras fiscales, necesarias para desarrollar infraestructura pública vinculada con la educación, la salud, el deporte y otros servicios comunitarios.
En ese contexto, considera que el acuerdo urbanístico no habría priorizado suficientemente los intereses territoriales de Villa La Angostura.
El reclamo por la reserva de tierras fiscales
Uno de los principales argumentos de la presentación se relaciona con la Ordenanza 2659/2012, que, según interpreta el vecino, establecía la obligación de destinar un 14% de la superficie a una reserva de tierras.
De acuerdo con su planteo, ese porcentaje habría representado poco más de 15 hectáreas. Sin embargo, sostiene que la reserva contemplada en la Ordenanza 4216 resulta inferior a las necesidades territoriales actuales y futuras de la localidad.
El solicitante considera que la disponibilidad de suelo fiscal constituye un recurso estratégico para planificar el crecimiento urbano y garantizar terrenos destinados a equipamiento comunitario.
Entre los usos que menciona se encuentran la construcción de escuelas, gimnasios, natatorios y espacios deportivos, además de infraestructura vinculada con servicios esenciales.
También advierte que la falta de reservas suficientes podría limitar las posibilidades de planificación urbana a largo plazo, incluso frente al crecimiento poblacional asociado con los nuevos desarrollos inmobiliarios.
Cuestionamientos a las obras previstas como compensación
Otro de los puntos centrales del pedido se refiere al valor y a la pertinencia de las obras propuestas como contraprestación por los beneficios urbanísticos otorgados al emprendimiento.
La presentación cuestiona las estimaciones económicas utilizadas para justificar las compensaciones y sostiene que los costos no habrían sido debidamente auditados ni contrastados mediante cotizaciones comparativas.
Entre las intervenciones mencionadas en el planteo figuran obras vinculadas con espacios educativos y culturales, el techado del playón del barrio El Mallín, una cancha de césped sintético y otras instalaciones institucionales.
Según argumenta el vecino, sería necesario evaluar si el valor de esas obras guarda una relación adecuada con el valor de mercado de las tierras que, a su entender, deberían haberse destinado a reserva fiscal.
La discusión entre obras y disponibilidad de suelo
El solicitante sostiene que las obras de infraestructura pueden responder a necesidades concretas de la comunidad, pero considera que no reemplazan el valor estratégico de conservar superficies de tierra pública.
En su presentación advierte que algunas instalaciones requieren mantenimiento, pueden quedar obsoletas o perder utilidad con el paso del tiempo. En cambio, entiende que la disponibilidad de terrenos fiscales permite atender necesidades futuras en materia de educación, salud y deportes.
Desde esa perspectiva, propone que la evaluación del acuerdo no se limite al costo de las obras, sino que contemple también el valor territorial de las superficies que podrían haberse incorporado al patrimonio municipal.
El antecedente de la búsqueda de terrenos para escuelas
Como parte de sus argumentos, el vecino señala que, después de la sanción de la ordenanza, surgió la necesidad de disponer de terrenos para construir establecimientos educativos.
Según plantea, esa situación podría haberse abordado con mayor previsión si se hubiera contado con la superficie que, de acuerdo con su interpretación, debía entregar el desarrollo inmobiliario.
El argumento apunta a la necesidad de vincular las decisiones urbanísticas con una planificación de largo plazo que contemple el crecimiento de Villa La Angostura y las demandas de infraestructura pública.
Qué solicita el vecino a la Defensoría del Pueblo
A partir de estos cuestionamientos, la presentación solicita una revisión integral de la Ordenanza 4216/2024 y plantea que la Defensoría del Pueblo evalúe las condiciones del acuerdo y determine si las compensaciones previstas podrían haber perjudicado los intereses de la comunidad.
El pedido también reclama una evaluación estratégica de la decisión de aceptar determinadas obras como contraprestación, en lugar de priorizar la incorporación de suelo al patrimonio fiscal.
La preocupación expresada se centra en las consecuencias que esa decisión podría tener sobre la capacidad municipal para planificar futuros equipamientos y responder a las necesidades de una población en crecimiento.
Por el momento, la presentación constituye un pedido de revisión formulado por un particular. Los cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las compensaciones, la valoración de las obras y el eventual perjuicio para la comunidad deberán ser evaluados por los organismos competentes.
El planteo vuelve a poner en discusión un aspecto central del desarrollo urbano de Villa La Angostura: cómo equilibrar los proyectos inmobiliarios con la preservación de tierras fiscales destinadas a las necesidades presentes y futuras de la comunidad.
El antecedente: Cerazo fue la única concejal que rechazó el proyecto
La concejal de Primero Angostura, María Eugenia Cerazo, fue la única en votar en contra del proyecto de Bosque de Lumas en el Concejo Deliberante. Cuestionó la falta de garantías ambientales, la ausencia de tasaciones comparativas sobre las tierras y las obras previstas como compensación, y sostuvo que el acuerdo no priorizó el interés público.
“En lugar de darnos la tierra, el desarrollador la compensa con obras, pero eso no asegura un valor equivalente para el pueblo”, afirmó. También advirtió que las aproximadamente 15 hectáreas de reserva fiscal podrían haberse destinado a viviendas sociales u otros proyectos estratégicos.
La edil, además, cuestionó que no se hubieran presentado tasaciones para determinar el valor de las tierras y de las obras ofrecidas. Sobre las condiciones de financiamiento para la compra de parcelas de El Doce, consideró que las 48 cuotas y el 10% de descuento no representan un beneficio significativo para los vecinos.
Cerazo también criticó la negociación del Ejecutivo municipal y señaló que la falta de asesoramiento técnico habría debilitado las posibilidades de alcanzar un convenio más favorable para la comunidad.