EN PRIMERA PERSONA
"Pasen y vean: la historia que no entra en un decreto"
Sr Director y vecinos
Pasen y vean.
Como en El circo de las mariposas, donde se invitaba al público a observar a quienes eran exhibidos por sus diferencias, hoy parece que también hay un espectáculo preparado. Solo que esta vez no hay una carpa ni un escenario. Estoy yo Rosa Amalia Orellana.
Y hoy quiero contarles mi historia. No para despertar lástima ni para presentarme como una víctima, sino para que la comunidad conozca a la mujer, a la madre, la esposa y a la trabajadora que existe detrás de una noticia que anuncia mi cesantía por supuesto abandono de servicio.
Crecí en Villa La Angostura. Vi crecer y transformarse este pueblo, aquí formé mi familia y también nacieron y crecieron mis hijos. Mi infancia estuvo atravesada por necesidades, situaciones difíciles y experiencias de abuso que ninguna niña debería vivir y pese a esto decido cada día que no soy lo que me paso sino lo que he decidido hacer con eso que me paso.
No lo cuento para generar compasión, sino porque esas experiencias me enseñaron a desarrollar una enorme capacidad de resiliencia. Por eso, a quienes hoy ejercen temporalmente esa misera cuota de poder, quiero decirles:
Se equivocaron de persona si creyeron que podían destruir mi dignidad quitándome mi trabajo, no tienen ni idea, NO ME CONOCEN.
Trabajé durante muchos años en el ámbito privado hasta que tuve la oportunidad de ingresar a la Oficina de Empleo municipal. Allí comenzó mi recorrido en la administración pública, trabajando con los jóvenes de este pueblo.
Con el tiempo llegué al área de Administración de Personal, donde puse mis conocimientos y esfuerzos al servicio de su transformación en una verdadera Dirección de Recursos Humanos, y esto molestó mucho y a pesar de ello seguí adelante.
Entre los proyectos desarrollados destaco el Programa Integral de Calidad de Vida Laboral, el Protocolo de Violencia Laboral y participe en la creación del Protocolo Guadalupe, pero hoy paradójicamente me encuentro denunciando situaciones que esos instrumentos buscaban prevenir. Y por supuesto el área de la mujer brilló por su ausencia. Concursé dos veces mi cargo de directora y con orgullo digo que mi trayectoria no se construyó sobre favores políticos, sino sobre trabajo, formación, compromiso y responsabilidad en el cuidado de los recursos públicos. Incluso quienes hoy forman parte del poder municipal de la alta esfera alguna vez se acercaron a mi casa buscando consejos y conocimientos.
Sin embargo, tengo una convicción que nunca negocié y es que mi compromiso es con las personas y con la institución, no con los intereses del político de turno, esta cuestión es al revés en muchos cargos jerárquicos interinos, los invito a que como ciudadanos pidan que les informen cuantos cargos se concursaron y cuantos son nombrados por decreto por afinidad.
Otra cuestión alarmante es que estamos ante una administración donde algunos trabajadores sienten miedo de expresar sus opiniones y donde, a mi entender, se privilegian las lealtades políticas por encima de la idoneidad.
El Estado no pertenece a quienes ganan una elección. Los funcionarios son administradores temporales de una institución que pertenece a toda la comunidad. Y esto ténganlo presente el día que vayan a votar.
¿Y cómo llegamos a mi cesantía?
El 30 de diciembre de 2025 fui evaluada por una Junta Médica que dejó constancia de conflictos laborales y determinó mi aptitud laboral en ese momento, también recomendó continuar los tratamientos médicos y contempló una nueva evaluación a los sesenta días si persistían los certificados. Sin embargo, el Ejecutivo municipal básico que tenemos tomó únicamente un renglón de las 3 páginas…la conclusión de aptitud laboral, omitiendo valorar adecuadamente las restantes recomendaciones y mi evolución médica posterior. Y ustedes se preguntarán por el médico laboral, bueno, brilló por su ausencia también.
Pero este Ejecutivo como todo perverso narcisista integrado buscó tener el control sentirse superior y sabiendo que generaba daño empezó a descontarme los días a pesar de contar con certificado médico que avalaba mi situación médica, inclusive en mis registros de asistencia el área de Recursos Humanos declaró que estaba bajo certificado médico.
Eso no les importó, el Ejecutivo siguiendo con su línea de adoctrinamiento y promoción del miedo continúo con abusos de poder y ejerciendo violencia, De hecho, el intendente enviaba casi todos los viernes a su primo “el chofer” a notificarme, con lo que eso implica para alguien que está bajo tratamiento médico.
Pero siguiendo con su perversa línea y el constante abuso de autoridad, mobbing laboral y violencia de género decidió quitarme mi único medio de subsistencia por más de 6 meses. A pesar de lo que la junta medica determinó, de los informes de mis médicos tratantes, nada importó. Esos 6 meses se hicieron eternos angustiantes, preocupantes, se jugó con mi salud, con mi dignidad, con mi familia. Esto que parecía para ellos un juego divertido, para mí fue un infierno.
El ejecutivo expuso mi expediente sumarial ante cualquiera, cuando uno de los requisitos básicos de un sumario es la confidencialidad y acá se rompió desde el día cero cuando un político sin tener conocimiento de absolutamente nada hizo uso y abuso de mi expediente, por lo tanto, la cadena de custodia no existió jamás. Para quienes no conocen el procedimiento el único que debe tener acceso total a ese expediente es el instructor sumariante y el último instructor sumariante era de San Martín de los Andes, quien limitó el acceso en forma recurrente.
Entonces, ¿Qué sucede cuando a una persona enferma se le quita su único medio de subsistencia? ¿Quién responde por las consecuencias sobre su salud y su dignidad? Y aquí aparece otra cuestión que merece ser investigada el papel de Medicina Laboral.
El médico laboral municipal, Dr. Sandoval, conocía mi situación y en una conversación del mes octubre de 2025, cuyas expresiones fueron incorporadas a mi descargo administrativo, manifestó serios cuestionamientos sobre cómo se estaban manejando determinadas actuaciones. Respecto de mi situación y la de otra trabajadora, expresó textual que se estaban manejando “horriblemente mal”, también cuestionó al secretario de Gobierno, afirmando que “JPN hace agua en un montón de cosas, tiene una ambición política”, textual “desconoce un montón de cosas del estatuto, le cae mal fulano y lo quiere sacar”, textual “El hecho de que no haya profesionales ocupando cargos técnicos permite este tipo de cosas”, a pesar de ello no hizo nada, permitió que se siguiera hostigando a un trabajador.
El profesional me ofreció elaborar un informe sobre lo conversado. Lo solicité reiteradamente y nunca lo recibí. Entonces pregunto ¿qué función cumple Medicina Laboral cuando conoce situaciones que podrían estar afectando la salud de los trabajadores? ¿Qué responsabilidad le cabe? ¿Dónde están las advertencias y los informes? ¿Se investigó su intervención y la de Salud Ocupacional? ¿Cómo puede ser que una Lic. en Seguridad e Higiene estuviera pidiendo pericias Psicológicas para el personal municipal y el medico laboral sabiendo cómo funciona el secreto profesional médico paciente no denunció esta situación?
Como pueden ya a estas alturas darse cuenta, el expediente administrativo Nº 052-I-2026 está atravesado por irregularidades e ilegalidades denunciadas por mi defensa, desde el primer día.
Jamás se me permitió tener contacto con ningún instructor sumariante, no se permitió declarar, no se produjo la prueba ofrecida, cuando eso es lo BASICO en una instrucción, pero esto no termina ahí, el instructor sumariante, abogado Juan Manuel Bayá, con total arbitrariedad se tomó la libertad de limitar la cantidad de testigos ofrecidos, cuando en la legislación argentina no existe esa restricción y posteriormente desestimó toda la prueba testimonial.
El Dr Baya cumplió la manda del Intendente y su faldero Secretario…con desprecio por el debido proceso y el derecho de defensa, me cesanteo… la JACAD distraída. -
También rechazó los audios vinculados con las conversaciones mantenidas con el médico laboral. Curiosamente, el propio instructor había justificado la limitación de testigos señalando que existía un solo hecho a probar y lo calificó de “baja complejidad”, sí, de baja COMPLEJIDAD. Entonces, porque si era un hecho de baja complejidad, el Ejecutivo decidió suspender mis haberes por más de 6 meses y extender el proceso de sumario desde febrero hasta octubre…a pesar de saber y conocer mi situación de salud, que por otro lado jamás tuvo una observación por parte de Medicina laboral. Entonces, ¿por qué restringir pruebas que podían contribuir a esclarecerlo? ¿Por qué un procedimiento de semejantes consecuencias para una trabajadora se prolongó durante meses mientras se deterioraban su salud y su economía?
La Auditoría Municipal formuló observaciones sobre aspectos relevantes del procedimiento a través del dictamen N° 092-AUD-2026, formuló observaciones incluyendo el derecho de defensa, la producción de pruebas y los plazos administrativos. Entre ellos, solicitó una nueva intervención de Auditoría antes de cualquier acto conclusivo.
Sin embargo, el instructor sumariante, abogado Juan Manuel Bayá, decidió avanzar sin cumplir ese requerimiento, argumentando en su resolución del 9 de octubre de 2026 que hacerlo podía provocar el vencimiento de los plazos y un posible sobreseimiento automático, para ese momento todos los plazos administrativos estaban vencidos. Mi representación legal cuestionó esta decisión y acá seguimos esperando que alguien conteste…
Entonces me pregunto, ¿desde cuándo el riesgo de que se venzan los plazos justifica prescindir de un requerimiento del organismo encargado de controlar la legalidad del procedimiento? ¿Qué garantías tiene un trabajador cuando se prioriza concluir un sumario por encima de atender las observaciones de Auditoría?
Y en todo este circo nos falta una pata principal, ¿Y qué pasó con la JACAD? ¿Intervino efectivamente? ¿Dónde están las actas y las conclusiones?
La JACAD es un órgano que no solamente está compuesto por representantes de trabajadores sino también por Ejecutivo y legislativo, por eso hoy le pido al pueblo que aprendamos a elegir bien a quién ponemos en lugares claves, porque muchas veces pesan más los favores políticos y contrataciones de parientes que la verdad. Algo anecdótico, el presidente de la JACAD jamás contestó ninguno de mis requerimientos, acaso no entenderá que es una obligación, un derecho del trabajador y un deber de funcionario público, hoy encabeza ese cuerpo Marcelo Hermosilla por parte del Ejecutivo. Hoy me pregunto si quienes adoptan estas decisiones comprenden las consecuencias de sus actos.
A la comunidad de Villa La Angostura, que me vio crecer y vio crecer a mis hijos, le pido que no se quede solamente con un titular. No les pido que crean ciegamente en mi palabra. Les pido que se hagan preguntas, que cuestionen, que incomoden, que exijan transparencia y a los FUNCIONARIOS de turno, saben que pueden actuar de oficio, ¿verdad? Los gobiernos pasan. Las instituciones permanecen. Y ningún trabajador debería vivir con miedo a perder su sustento por pensar diferente. A quienes hoy ejercen el poder les digo, no confundan autoridad con sometimiento, no confundan mi silencio con aceptación.
Les sugiero que dejen la soberbia, la arrogancia y tomen un litro de humildad por día, no sé en ustedes, ¡pero suele funcionar!
No necesito un cargo para reconocer mi valor ni la aprobación de un funcionario para sostener mis convicciones.
Este no es el FINAL. Seguimos con el resto de la historia en la JUSTICIA
Rosa Amalia Orellana
Vecina de Villa La Angostura.