Canje de Tierras: Los puntos que la justicia no quiso considerar

 Por Mariana M. Fernández
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La decisión del fiscal Adrián De Lillo de desestimar la denuncia penal por el polémico canje de tierras era un final anunciado. La demora en la investigación y la resolución sin duda eran un indicio.

En su resolución el fiscal dedicó una extensa explicación . En líneas generales, apunta a que fue una decisión política y que en base a la información que pudo recabar hasta el momento, no existiría delito penal. La argumentación se apoya en el principio de que las decisiones del Estado no siempre apuntan a hacer un “buen negocio”, sino que muchas veces resigna recursos en pos del bien común.

Pero en este caso hay al menos 90 familias que por sorteo –bastante cuestionado por cierto- se les asignó lotes inviables para una urbanización. Allí, el “negocio” del Estado no sólo no fue “bueno”, sino que fue deliberadamente “malo”. Si a eso le sumamos que para subsanar el problema el Estado deberá destinar más tierra pública, entonces la balanza resulta aún más negativa.

Los testigos

Durante estos meses De Lillo entrevistó a varios concejales y funcionarios de la gestión anterior. Pero la mayoría de los testigos fueron funcionarios oficialistas y concejales (MPN y PRO)que estaban a favor del canje y sus declaraciones tendieron a justificar y defender el proyecto.

Vale aclarar que también citó al ex concejal José Picón, quién con Valeria Navarro rechazaron en su momento el canje; al Director de Medio Ambiente Daniel Meier y al técnico que cumplía funciones en Catastro, Emilio Molla. Asimismo, tuvo en cuenta el texto de las ordenanzas y las alocuciones durante la sesión en que se desafectó las tierras del Parque Industrial.

Lo que quedó afuera del análisis

Leer la resolución textual: http://www.diarioandino.com.ar/diario/2016/04/28/textual-los-argumentos-del-fiscal-para-desestimar-la-denuncia-del-canje-de-tierras/

De Lillo no consideró el hecho de que los concejales oficialistas decidieron enajenar tierra pública sin una tasación oficial del Tribunal de Tasaciones; se conformaron con una tasación artera solicitada a tres inmobiliarias locales , y que fue incluida a último momento.

Tampoco los ediles contaban con un informe oficial de Catastro o Medio Ambiente Municipal firmado por técnicos  o profesionales que avalara la calidad de las tierras que recibía el Municipio. El “informe” al que accedieron había sido rubricado por un funcionario de planta política.

La única información que tuvieron fue un compilado de mapas extraídos de un informe del técnico Emilio Molla, pero curiosamente, sin las recomendaciones y observaciones que el técnico hacía en su trabajo. El Ejecutivo sólo se limitó a decir que las tierras eran aptas para la instalación de viviendas, pero sin especificar cuantas.

No es menor el detalle, en virtud de que la justificación principal del canje fue el desarrollo de un loteo social con 430 parcelas. Ni una parcela menos.

Al final de la resolución, el fiscal cita al actual secretario de Vivienda, Alberto Hermosilla, haciendo hincapié justamente en ese punto.

“Informó que sería factible en principio la ubicación de 431 beneficiarios en unidades de aproximadamente 200m2 y agregó que en el supuesto de no poder materializar alguna ubicación familiar, desde la Secretaría ya se encontraban trabajando en poder brindar una solución alternativa”, cita el fiscal.

La frase es elocuente. Pone de manifiesto que a tres años de firmado el canje, todavía el Ejecutivo Municipal desconoce si entran o no los 430 lotes. Y más aún, confirma que si no entran todos, aquellas familias damnificadas serían reubicadas en otras tierras municipales. Es decir, el Municipio perdería  más tierra pública.

En esa línea, el fiscal tomó como cierta una suposición del funcionario, pero no consideró una línea del informe comparativo de las tierras, elaborado el año pasado por Daniel Meier y un técnico que asesoraba a los beneficiarios. Dicho informe, que fue solicitado por el Ejecutivo Municipal, arrojó una diferencia de 4 hectáreas urbanizables a favor del Parque Industrial con un 15% de pendiente, y 3,5 hectáreas con 25% de pendiente respecto de las tierras que ofrece el grupo Slots Machines.

El argumento del proyecto “estratégico”

De Lillo destaca uno de los argumentos principales que esgrimieron funcionarios oficialistas: el canje además propiciaría el desarrollo de la famosa cancha de Golf prometida por el grupo empresario, un proyecto considerado "estratégico". No obstante, durante la firma del canje el representante de Slots Machines, Juan Altieri, reconoció a Diario Andino que la cancha podían desarrollarla con o sin el Parque Industrial (hay un video de la entrevista). Por lo tanto, el argumento del Ejecutivo cae por el propio peso de la declaración.

La cercanía a “la trama urbana”

El fiscal ponderó, en base a los testimonios,  que se trató de una decisión política del gobierno de hacer un loteo más cerca de la trama urbana. Y en verdad, parte de las tierras están más cerca del centro que el Parque Industrial. No obstante, la distancia del PI al centro no llega a los 2 km (es más cerca que otros barrios) y varias hectáreas que ofrece el grupo empresario en canje están igual o más lejos del centro. Incluso varias se ubican en el acceso a la cascada Inacayal.

Y en cuanto a la distancia, el Parque Industrial se encuentra a menos de 2 km del centro de la localidad.

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En  definitiva, el eje del cuestionamiento no es si es mejor desarrollar el loteo en el Parque Industrial o en las tierras del canje, sino que en la segunda opción no es posible ubicar la cantidad de lotes urbanizables que justificaron el mismo canje.

Para recordar

El canje fue aprobado por los concejales del MPN y el PRO en enero de 2014, en plena temporada alta. El eje del cuestionamiento es que un gran porcentaje de las tierras que recibió el Municipio no son aptas para la ubicación de los 430 lotes, a diferencia de las 21 hectáreas del Parque Industrial, cuya topografía indica que allí sí podría desarrollarse el loteo.