“El caso ya es cosa juzgada”: avanza la orden de desalojo contra la comunidad Quintriqueo

El conflicto por la ocupación de tierras en la zona de Bahía Huemul ( a unos 35 Km distantes de Angostura) por parte de la comunidad mapuche Quintriqueo entra en una etapa crítica. Fuentes judiciales confirmaron que todas las instancias legales a nivel provincial ya se encuentran agotadas, y que solo una eventual intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría modificar el rumbo del caso.

“Ya no quedan recursos por agotar en la provincia”, indicó una fuente directa del proceso judicial.

Según pudo saber este medio, si bien la orden de desalojo no tiene aún una fecha confirmada, existe un estado de alerta por parte de las fuerzas de seguridad federales, en particular Gendarmería Nacional, que se encuentra a la espera de la notificación correspondiente por parte del Poder Judicial.

La Corte Suprema como última esperanza

Como están planteadas actualmente las instancias judiciales, a la comunidad Quintriqueo la única posibilidad de revertir la medida judicial sería mediante una revisión extraordinaria del caso por parte del máximo tribunal. Sin embargo, el escenario es poco alentador, ya que no se trataría de un caso con prioridad para ser tomado por la Corte.

“Es muy difícil que la Corte tome el caso. No suele inmiscuirse en temas de estos”, afirmaron allegados a la defensa.

 Procedimiento bajo estricta reserva

Por tratarse de una acción de desalojo, la fecha y el operativo se mantienen en estricta confidencialidad para garantizar que la medida se ejecute sin resistencias ni filtraciones. El protocolo habitual en estos casos incluye la intervención directa de fuerzas federales, especialmente entrenadas para este tipo de situaciones.Cabe recordar que el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Villa La Angostura, a cargo del juez Francisco Astoul Bonorino, resolvió ejecutar la orden de desalojo contra los integrantes de la comunidad mapuche Quintriqueo, quienes ocupan desde hace más de una década un predio en disputa con María Cristina Broers.

En su fallo, el magistrado rechazó los nuevos recursos impulsados por el apoderado legal de la comunidad, argumentando que la sentencia se encuentra firme y que el expediente ha transcurrido toda la etapa recursiva dentro del ámbito provincial.

 Bonorino. “La cuestión ya tiene carácter de cosa juzgada”.

La Ley 26.160 ya no tiene vigencia

Uno de los argumentos recientes de la defensa era la vigencia de la Ley Nacional 26.160, que suspende los desalojos de comunidades indígenas. Sin embargo, el juez recordó que la misma “ya no se encuentra vigente, tal como lo estableció el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén”.

En este nuevo intento por frenar el desalojo, la parte demandada alegó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y presentó un informe del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). Sin embargo, para el juez, esto no impide la restitución del lote a Broers.

“La orden de desahucio tiene total firmeza por haberse agotado la vía recursiva”, concluyó Bonorino, reafirmando que los ocupantes despojaron de la posesión del inmueble a la propietaria hace unos 13 años.