Vecinos denuncian que Mapuches cobran entrada y estacionamiento en la Cascada Inacayal

Una nueva polémica se desató en torno al acceso a la Cascada Inacayal, luego de que vecinos denunciaran públicamente que integrantes de la comunidad mapuche Paisil Antriao cobran entrada y estacionamiento a quienes visitan el lugar, incluso cuando se trata de una calle pública o del ingreso a pie.

El hecho ocurre en el sector del Belvedere, donde se inicia el sendero que conduce a la cascada y a distintos miradores naturales, un recorrido muy concurrido tanto por residentes como por turistas.

Un conflicto que se repite 

Según relataron vecinos de la zona, esta situación no es nueva y se repite desde hace varios veranos. En años anteriores, desde la comunidad se argumentaba que el cobro era “a voluntad”, en concepto de colaboración.

Sin embargo, en esta temporada la situación cambió: se instaló un cartel visible con un tarifario fijo, lo que generó mayor malestar entre quienes utilizan el sendero.

Tarifas por estacionar y por ingresar caminando

De acuerdo al cartel colocado en el lugar, los valores actuales son:

Automóviles: $5.000

Motos: $5.000

Bicicletas: $2.000

Peatones: $1.000 por ingreso

Lo que más indignación genera entre los vecinos es que el cobro alcanza también a quienes llegan caminando, algo que no ocurría en temporadas anteriores.

Reclamos por el uso de espacios públicos

Los denunciantes sostienen que el cobro se realiza sobre una calle pública, lo que abre interrogantes sobre la legalidad del accionar y la falta de intervención de organismos municipales o provinciales.

Además, remarcan que se trata de un acceso tradicional a un atractivo natural, utilizado históricamente sin restricciones económicas, especialmente por residentes locales.

Una polémica que vuelve a encender el debate

El caso reaviva el debate sobre el uso y control de espacios públicos, el turismo en áreas naturales y los conflictos territoriales en zonas de alto valor paisajístico.

Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades locales respecto a la validez del cobro ni sobre posibles medidas a adoptar.